La ley de protección a los emigrantes salvadoreños,
víctimas constantes de ataques y abusos en su ruta hacia Estados Unidos,
finalmente se encamina a entrar en vigor tras más de un año de haber sido
aprobada. Solo falta que organizaciones civiles conformen el ente que la hará
operativa.
El canciller Hugo Martínez se manifestó satisfecho por la marcha
del proceso para integrar el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de
la Persona Migrante y su Familia, que debe ser integrado con representación de
las organizaciones de salvadoreños en el exterior, de instituciones
empresariales y civiles dentro del país, ministerios y otras oficinas
gubernamentales.
"Vamos a buen ritmo, creemos que al cerrar el primer semestre del año ya tendremos el Consejo en operaciones", dijo.
El parlamento aprobó en marzo de 2011 la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, que vela por el respeto de los derechos humanos de los nacionales en viaje y en el destino en que se asienten buscando nuevas oportunidades. También abarca a los deportados.
Pero la norma solo fue reglamentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de abril pasado, momento en el cual se pudo lanzar el mecanismo para conformar el Consejo.
El artículo 1 de la normativa señala, entre otras cosas, que se diseñarán políticas públicas que integren la protección y el desarrollo del emigrante y sus familias, en coordinación con el Estado y con la sociedad civil.
La ley establece un Programa sobre Migración y Desarrollo, que buscará la creación de iniciativas productivas para las familias que se quedan y para quienes son deportados de Estados Unidos, que según datos de su Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sumaron unos 19.000 en 2011, una cifra parecida a la de años anteriores.
"Donde se encuentren salvadoreños, queremos que haya una protección humanitaria por parte del Estado", dijo a IPS la diputada Karina Sosa, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien participó en la comisión legislativa que dio curso al proyecto.
La normativa supone una coordinación de alto nivel entre autoridades salvadoreñas y sus contrapartes de México, territorio de tránsito de inmigrantes, y de Estados Unidos, punto habitual de llegada.
Tras su conformación, el Consejo tendrá la responsabilidad de elaborar y verificar el cumplimiento de una política integral de protección y de desarrollo del emigrante y sus familias.
"La idea es que las propuestas del Consejo realmente pesen", comentó Gilma Pérez, experta en asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).
"Por la diversidad de las organizaciones y entes que lo compondrán, es de esperar que el Consejo juegue un rol importante", agregó.
Uno de los componentes novedosos de la ley es la creación de un Fondo Especial de Repatriación de Fallecidos y Heridos, que dará un aporte de dinero a todas las familias que no tengan los recursos para repatriar los restos de sus familiares muertos en tránsito o en el país de destino.
La guerra civil (1980-1992) y las condiciones de pobreza que aún persisten nutrieron la constante salida de salvadoreños y salvadoreñas de su país, especialmente en la década del 80 y hacia Estados Unidos, donde se calcula que hoy viven 2,7 millones de personas de este origen.
Se estima que aún parten diariamente entre 200 y 300 emigrantes rumbo a la potencia del Norte de forma irregular, buscando un mejor futuro para ellos y sus familias. Eso los obliga a afrontar todo clase de riesgos en la travesía, ya sea en Guatemala como, sobre todo, en México.
Organizaciones civiles que abordan el fenómeno de la emigración han documentado los casos de abusos de salvadoreños por parte de autoridades fronterizas de México, así como las desapariciones y muertes en ese país a manos de sicarios vinculados a las mafias de narcotraficantes.
Alrededor de 72 inmigrantes indocumentados fueron masacrados en agosto de 2010 por miembros del grupo narcotraficante Los Zetas en la localidad mexicana de El Huisachal, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas. Entre las personas asesinadas había 14 salvadoreños, 21 hondureños y 10 guatemaltecos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), elaboraron en diciembre pasado el Mapa de las Migraciones Salvadoreñas, que entre otras cosas señala los puntos de riesgo localizados en el largo trayecto emprendido hacia territorio estadounidense.
El Comité de Familiares de Migrantes y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) asegura que las desapariciones de connacionales en México llegan a 319 desde 2006, de los cuales 60 han sido esclarecidas. Pero esta organización no gubernamental, que el 11 de este mes presentó la documentación respectiva para ser considerada en el proceso de selección del Consejo, cree que los casos pueden ser más.
"Queremos participar en el Consejo, para que dentro de sus propuestas se aborde el tema de los asesinados y desaparecidos en México", indicó a IPS la abogada Lissette Campos, de Cofamide.
Miembros de esa organización humanitaria se concentraron este mes frente a la embajada de México en San Salvador para exigir al gobierno de ese país que conforme un equipo de antropólogos forenses para ayudar a encontrar y a reconocer los cadáveres de inmigrantes.
La movilización hizo hincapié en evitar que los inmigrantes muertos sean sepultados en fosas comunes, reiterando el pedio hecho el 23 de marzo en una audiencia celebrada en Washington en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otro tema que Cofamide está interesado en impulsar desde el Consejo es la problemática surgida a raíz del quiebre familiar que se da cuando los padres salen del país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias, dejando a sus hijos con otros parientes, fundamentalmente con abuelos.
Mientras este instrumento finalmente parece que levantará vuelo, se escuchan críticas consistentes. Se precisa que una de las debilidades de la ley es no haber considerado que El Salvador es, a su vez, territorio de tránsito migratorio, sobre todo para sudamericanos e incluso asiáticos que llegan a la región para luego seguir camino hacia Estados Unidos.
De hecho, la prensa local ha informado de los constantes abusos que sufren inmigrantes de Nicaragua y Honduras, llegados y asentados en la zona oriental salvadoreña.
"No es congruente que velemos por la defensa de nuestros connacionales y que, por otro lado, violentemos los derechos de los que transitan por nuestro territorio. Perdemos coherencia, y ese problema lo tiene que resolver el Consejo", reclamó Pérez, del Idhuca.
"Vamos a buen ritmo, creemos que al cerrar el primer semestre del año ya tendremos el Consejo en operaciones", dijo.
El parlamento aprobó en marzo de 2011 la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, que vela por el respeto de los derechos humanos de los nacionales en viaje y en el destino en que se asienten buscando nuevas oportunidades. También abarca a los deportados.
Pero la norma solo fue reglamentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de abril pasado, momento en el cual se pudo lanzar el mecanismo para conformar el Consejo.
El artículo 1 de la normativa señala, entre otras cosas, que se diseñarán políticas públicas que integren la protección y el desarrollo del emigrante y sus familias, en coordinación con el Estado y con la sociedad civil.
La ley establece un Programa sobre Migración y Desarrollo, que buscará la creación de iniciativas productivas para las familias que se quedan y para quienes son deportados de Estados Unidos, que según datos de su Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sumaron unos 19.000 en 2011, una cifra parecida a la de años anteriores.
"Donde se encuentren salvadoreños, queremos que haya una protección humanitaria por parte del Estado", dijo a IPS la diputada Karina Sosa, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien participó en la comisión legislativa que dio curso al proyecto.
La normativa supone una coordinación de alto nivel entre autoridades salvadoreñas y sus contrapartes de México, territorio de tránsito de inmigrantes, y de Estados Unidos, punto habitual de llegada.
Tras su conformación, el Consejo tendrá la responsabilidad de elaborar y verificar el cumplimiento de una política integral de protección y de desarrollo del emigrante y sus familias.
"La idea es que las propuestas del Consejo realmente pesen", comentó Gilma Pérez, experta en asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).
"Por la diversidad de las organizaciones y entes que lo compondrán, es de esperar que el Consejo juegue un rol importante", agregó.
Uno de los componentes novedosos de la ley es la creación de un Fondo Especial de Repatriación de Fallecidos y Heridos, que dará un aporte de dinero a todas las familias que no tengan los recursos para repatriar los restos de sus familiares muertos en tránsito o en el país de destino.
La guerra civil (1980-1992) y las condiciones de pobreza que aún persisten nutrieron la constante salida de salvadoreños y salvadoreñas de su país, especialmente en la década del 80 y hacia Estados Unidos, donde se calcula que hoy viven 2,7 millones de personas de este origen.
Se estima que aún parten diariamente entre 200 y 300 emigrantes rumbo a la potencia del Norte de forma irregular, buscando un mejor futuro para ellos y sus familias. Eso los obliga a afrontar todo clase de riesgos en la travesía, ya sea en Guatemala como, sobre todo, en México.
Organizaciones civiles que abordan el fenómeno de la emigración han documentado los casos de abusos de salvadoreños por parte de autoridades fronterizas de México, así como las desapariciones y muertes en ese país a manos de sicarios vinculados a las mafias de narcotraficantes.
Alrededor de 72 inmigrantes indocumentados fueron masacrados en agosto de 2010 por miembros del grupo narcotraficante Los Zetas en la localidad mexicana de El Huisachal, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas. Entre las personas asesinadas había 14 salvadoreños, 21 hondureños y 10 guatemaltecos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), elaboraron en diciembre pasado el Mapa de las Migraciones Salvadoreñas, que entre otras cosas señala los puntos de riesgo localizados en el largo trayecto emprendido hacia territorio estadounidense.
El Comité de Familiares de Migrantes y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) asegura que las desapariciones de connacionales en México llegan a 319 desde 2006, de los cuales 60 han sido esclarecidas. Pero esta organización no gubernamental, que el 11 de este mes presentó la documentación respectiva para ser considerada en el proceso de selección del Consejo, cree que los casos pueden ser más.
"Queremos participar en el Consejo, para que dentro de sus propuestas se aborde el tema de los asesinados y desaparecidos en México", indicó a IPS la abogada Lissette Campos, de Cofamide.
Miembros de esa organización humanitaria se concentraron este mes frente a la embajada de México en San Salvador para exigir al gobierno de ese país que conforme un equipo de antropólogos forenses para ayudar a encontrar y a reconocer los cadáveres de inmigrantes.
La movilización hizo hincapié en evitar que los inmigrantes muertos sean sepultados en fosas comunes, reiterando el pedio hecho el 23 de marzo en una audiencia celebrada en Washington en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otro tema que Cofamide está interesado en impulsar desde el Consejo es la problemática surgida a raíz del quiebre familiar que se da cuando los padres salen del país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias, dejando a sus hijos con otros parientes, fundamentalmente con abuelos.
Mientras este instrumento finalmente parece que levantará vuelo, se escuchan críticas consistentes. Se precisa que una de las debilidades de la ley es no haber considerado que El Salvador es, a su vez, territorio de tránsito migratorio, sobre todo para sudamericanos e incluso asiáticos que llegan a la región para luego seguir camino hacia Estados Unidos.
De hecho, la prensa local ha informado de los constantes abusos que sufren inmigrantes de Nicaragua y Honduras, llegados y asentados en la zona oriental salvadoreña.
"No es congruente que velemos por la defensa de nuestros connacionales y que, por otro lado, violentemos los derechos de los que transitan por nuestro territorio. Perdemos coherencia, y ese problema lo tiene que resolver el Consejo", reclamó Pérez, del Idhuca.
