Calabozos españoles para los "sin papeles"

 "Fue muy duro; como estar en una cárcel", dice en un castellano pausado el inmigrante argelino Sid Hamed Bouziane, de 29 años, sobre los 28 días que pasó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la sureña ciudad española de Málaga.

El CIE de Málaga, ubicado desde su creación en 1990 en un antiguo cuartel militar en el desfavorecido barrio de Capuchinos, es uno de nueve centros españoles concebidos para retener a inmigrantes indocumentados.

Los CIE son definidos en la Ley de Extranjería como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior español, para la detención y custodia a disposición de la autoridad judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión".

Organizaciones sociales, expertos e instituciones denuncian una y otra vez la vulneración de los derechos humanos en esos lugares.

"Son cárceles encubiertas", dijo a IPS el presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, Luis Pernía. Hay un "déficit democrático, jurídico y humano" en esos centros, que "sólo sirven para justificar las políticas migratorias hipócritas de la Unión Europea".

En diciembre de 2009, el informe "Situación de los Centros de Internamiento para Extranjeros en España", elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció problemas "graves" de habitabilidad y de defensa jurídica en los CIES de Málaga, Valencia y Madrid, y constató casos de torturas a internos en el último.

"El hecho mismo de encerrar a una persona por haber emigrado es inaceptable", dijo a IPS la responsable del área de incidencia política de CEAR, Salva Lacruz, desde la sudoriental ciudad española de Valencia, donde se celebra el I Encuentro Estatal de Colectivos en Lucha contra los CIE, entre este viernes 21 y el domingo 23.

El objetivo de esta reunión, que convoca a una treintena de asociaciones de todo el país, es coordinar una campaña en el plano estatal por el cierre de los centros de internamiento.

Estos centros, que también existen en Libia, Marruecos, Líbano, Mauritania, Chipre y Malta, son "agujeros del Estado de derecho", describió Cruz, y se inscriben en un "circuito" que comienza en el control de las fronteras, empujando a los inmigrantes a viajar en condiciones penosas, como la travesía por mar desde las costas de África.

Bouziane, amenazado de muerte en Argelia, huyó a bordo de una patera a España en 2008, le dio miedo pedir asilo ante la falta de pruebas sobre la persecución en su país, y permaneció en situación irregular hasta que fue detenido y recluido en el CIE en julio.

Pero la orden de deportarlo fue revocada tras la intervención de un grupo de "indignados" del movimiento 15 de Mayo (15M) que protestó durante 11 días para lograr su liberación.

Su abogado y miembro del 15M, José Cosín, dijo a IPS que las autoridades siguen efectuando redadas "racistas", pese a que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas instó al Estado en marzo de 2011 a "tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales".

A los extranjeros que se encuentran en situación irregular se los priva de libertad hasta por 60 días por carecer de documentación, pese a que se trata de una falta administrativa equiparable a no portar el carné de conducir mientras se circula.

Por ello, los CIE no son centros de detención sino de retención: a los inmigrantes "sin papeles" se los recluye no por haber infringido el Código Penal, sino como medida "cautelar" para asegurar su expulsión del país.

Pero, a diferencia de las cárceles, los CIE no tienen regulación específica que garantice derechos y libertades, explicó a IPS el abogado experto en inmigración José Luis Rodríguez Candela, de la organización no gubernamental Andalucía Acoge.

"En los CIE, hay más inseguridad jurídica que en las cárceles", aseguró Rodríguez Candela, quien cree imprescindible aprobar una ley orgánica que regule su funcionamiento y el estatuto jurídico de los internos.

Aunque la Ley de Extranjería establece que los internos deben contar con asistencia letrada, ya sea de oficio o privada, 58 por ciento no saben quién ejerce su defensa o no puede acceder a ella, según el informe de CEAR.

La privación de libertad se lleva a cabo en barracones o en edificios antiguos, sin condiciones mínimas para habitarlos. En Málaga es un antiguo cuartel militar, en Algeciras, en el extremo sur de España, es una cárcel que fue clausurada por su mal estado.

Todas las dependencias de los CIE, desde la seguridad hasta los aspectos médicos y la alimentación, están a cargo de la policía, que los gestiona y financia, mientras en las cárceles ejerce únicamente funciones de seguridad.

En 2010 fueron deportados 30.163 inmigrantes, casi 21 por ciento menos que en 2009, cuando las expulsiones sumaron 38.129, según el "Balance de la lucha contra la inmigración ilegal" del Ministerio del Interior.

"El edificio tiene humedades, es viejo y no está acondicionado para tener gente allí. Una cárcel es mejor que eso", contó a IPS un médico que trabajó en el CIE de Málaga y que prefirió no ser identificado.

Este CIE tiene una historia plagada de incidentes y ya fue cerrado dos veces para efectuarle reparaciones.

Hubo casos de reclusión de "mujeres embarazadas a término y de personas con enfermedades mentales y depresiones", dijo Pernía. Además, faltan intérpretes y trabajadores sociales, sostiene la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga.

Xavier Torregrosa, trabajador social de Valencia Acoge y voluntario de CEAR en Valencia, duda de la efectividad de los CIE. Estudios indican que no más de 30 por ciento de los inmigrantes retenidos son finalmente expulsados, lo que evidencia lo inútil del gasto en la persecución de la inmigración irregular, arguye.

La diferencia entre órdenes de expulsión dictadas y materializadas se debe a que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para ejecutarlas, no puede identificar la nacionalidad de un extranjero o se encuentra con inmigrantes procedentes de países con los que España no tiene convenios de repatriación.

Quienes no pueden ser deportados quedan en libertad, pero con una orden de expulsión incoada que les impide regularizar su residencia en España y los deja "en una situación de absoluta desprotección", apuntó Rodríguez Candela.

El defensor del pueblo andaluz (ombudsman), José Chamizo, pidió en 2006 el cierre de estos centros porque "se trata a los internos como delincuentes, y tienen un marcado carácter carcelario".

La Ley de Extranjería prevé otras medidas que evitarían la internación en un CIE, como el retiro del pasaporte o la obligación de presentarse ante un juez cada semana.

"Los CIE son un monstruo", concluyó Pernía. "Un animal ciego que hemos creado y obligamos a caminar". (FIN/2011)

Inés Benítez
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99414

Protegidos en peregrinaje a EEUU.

 La ley de protección a los emigrantes salvadoreños, víctimas constantes de ataques y abusos en su ruta hacia Estados Unidos, finalmente se encamina a entrar en vigor tras más de un año de haber sido aprobada. Solo falta que organizaciones civiles conformen el ente que la hará operativa.

El canciller Hugo Martínez se manifestó satisfecho por la marcha del proceso para integrar el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, que debe ser integrado con representación de las organizaciones de salvadoreños en el exterior, de instituciones empresariales y civiles dentro del país, ministerios y otras oficinas gubernamentales.

"Vamos a buen ritmo, creemos que al cerrar el primer semestre del año ya tendremos el Consejo en operaciones", dijo.

El parlamento aprobó en marzo de 2011 la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, que vela por el respeto de los derechos humanos de los nacionales en viaje y en el destino en que se asienten buscando nuevas oportunidades. También abarca a los deportados.

Pero la norma solo fue reglamentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de abril pasado, momento en el cual se pudo lanzar el mecanismo para conformar el Consejo.

El artículo 1 de la normativa señala, entre otras cosas, que se diseñarán políticas públicas que integren la protección y el desarrollo del emigrante y sus familias, en coordinación con el Estado y con la sociedad civil.

La ley establece un Programa sobre Migración y Desarrollo, que buscará la creación de iniciativas productivas para las familias que se quedan y para quienes son deportados de Estados Unidos, que según datos de su Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sumaron unos 19.000 en 2011, una cifra parecida a la de años anteriores.

"Donde se encuentren salvadoreños, queremos que haya una protección humanitaria por parte del Estado", dijo a IPS la diputada Karina Sosa, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien participó en la comisión legislativa que dio curso al proyecto.

La normativa supone una coordinación de alto nivel entre autoridades salvadoreñas y sus contrapartes de México, territorio de tránsito de inmigrantes, y de Estados Unidos, punto habitual de llegada.

Tras su conformación, el Consejo tendrá la responsabilidad de elaborar y verificar el cumplimiento de una política integral de protección y de desarrollo del emigrante y sus familias.

"La idea es que las propuestas del Consejo realmente pesen", comentó Gilma Pérez, experta en asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).

"Por la diversidad de las organizaciones y entes que lo compondrán, es de esperar que el Consejo juegue un rol importante", agregó.

Uno de los componentes novedosos de la ley es la creación de un Fondo Especial de Repatriación de Fallecidos y Heridos, que dará un aporte de dinero a todas las familias que no tengan los recursos para repatriar los restos de sus familiares muertos en tránsito o en el país de destino.

La guerra civil (1980-1992) y las condiciones de pobreza que aún persisten nutrieron la constante salida de salvadoreños y salvadoreñas de su país, especialmente en la década del 80 y hacia Estados Unidos, donde se calcula que hoy viven 2,7 millones de personas de este origen.

Se estima que aún parten diariamente entre 200 y 300 emigrantes rumbo a la potencia del Norte de forma irregular, buscando un mejor futuro para ellos y sus familias. Eso los obliga a afrontar todo clase de riesgos en la travesía, ya sea en Guatemala como, sobre todo, en México.

Organizaciones civiles que abordan el fenómeno de la emigración han documentado los casos de abusos de salvadoreños por parte de autoridades fronterizas de México, así como las desapariciones y muertes en ese país a manos de sicarios vinculados a las mafias de narcotraficantes.

Alrededor de 72 inmigrantes indocumentados fueron masacrados en agosto de 2010 por miembros del grupo narcotraficante Los Zetas en la localidad mexicana de El Huisachal, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas. Entre las personas asesinadas había 14 salvadoreños, 21 hondureños y 10 guatemaltecos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), elaboraron en diciembre pasado el Mapa de las Migraciones Salvadoreñas, que entre otras cosas señala los puntos de riesgo localizados en el largo trayecto emprendido hacia territorio estadounidense.

El Comité de Familiares de Migrantes y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) asegura que las desapariciones de connacionales en México llegan a 319 desde 2006, de los cuales 60 han sido esclarecidas. Pero esta organización no gubernamental, que el 11 de este mes presentó la documentación respectiva para ser considerada en el proceso de selección del Consejo, cree que los casos pueden ser más.

"Queremos participar en el Consejo, para que dentro de sus propuestas se aborde el tema de los asesinados y desaparecidos en México", indicó a IPS la abogada Lissette Campos, de Cofamide.

Miembros de esa organización humanitaria se concentraron este mes frente a la embajada de México en San Salvador para exigir al gobierno de ese país que conforme un equipo de antropólogos forenses para ayudar a encontrar y a reconocer los cadáveres de inmigrantes.

La movilización hizo hincapié en evitar que los inmigrantes muertos sean sepultados en fosas comunes, reiterando el pedio hecho el 23 de marzo en una audiencia celebrada en Washington en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro tema que Cofamide está interesado en impulsar desde el Consejo es la problemática surgida a raíz del quiebre familiar que se da cuando los padres salen del país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias, dejando a sus hijos con otros parientes, fundamentalmente con abuelos.

Mientras este instrumento finalmente parece que levantará vuelo, se escuchan críticas consistentes. Se precisa que una de las debilidades de la ley es no haber considerado que El Salvador es, a su vez, territorio de tránsito migratorio, sobre todo para sudamericanos e incluso asiáticos que llegan a la región para luego seguir camino hacia Estados Unidos.

De hecho, la prensa local ha informado de los constantes abusos que sufren inmigrantes de Nicaragua y Honduras, llegados y asentados en la zona oriental salvadoreña.

"No es congruente que velemos por la defensa de nuestros connacionales y que, por otro lado, violentemos los derechos de los que transitan por nuestro territorio. Perdemos coherencia, y ese problema lo tiene que resolver el Consejo", reclamó Pérez, del Idhuca.

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100741

Demandan cambios al programa de Comunidades Seguras en Estados Unidos.

Activistas reiteran que política de deportaciones del gobierno de Obama sigue batiendo récords


Cinco meses después de advertir que un polémico programa de deportaciones será obligatorio en todos los estados a partir de 2013 y cuando crecen las dudas sobre un programa temporal que revisa miles de casos de extranjeros con orden de expulsión del país, el diario The New York Times y activistas pro inmigrantes pidieron a la Administración de Barack Obama que modifique Comunidades Seguras.

El diario precisó que el gobierno del presidente Barack Obama debe hacer cambios más sustanciales en el programa y cumplir las promesas de usar la sensatez en casos pendientes de deportación.

El programa Comunidades Seguras fue ideado bajo la Administración republicana de George W. Bush (2001-2009) y forma parte de las medidas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

The New York Times indicó que pese a que el gobierno anunció en abril un plan para reformar Comunidades Seguras, que obliga a las policías locales (estatal y municipal) a colaborar en la búsqueda de indocumentados, el sistema no redujo el número de detenciones.

En los tres años de gobierno de Obama se han roto todos los récords de deportaciones en Estados Unidos. En 2011 fueron expulsados más de 397 mil, y en los dos años anteriores las cifras fueron similares. El gobierno asegura que la mayoría de expulsados eran criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten que entre seis y siete de cada 10 deportados no tenía antecedentes criminales que los convirtiera en una amenaza para la seguridad nacional.

¿Debería el gobierno federal revisar o cancelar el programa Comunidades Seguras? Participe en el Foro de Inmigración.

Detalles del plan

De acuerdo con las reglas del programa, cuando un indocumentado sea detenido por un agente local por violar una ley de tránsito, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidirá si lo mantiene detenido para su deportación, sólo después que haya sido condenado, no antes.

The New York Times dijo que, en teoría, ese cambio podría reducir el número de personas arrestadas y deportadas, "pero eso es improbable. Y no arregla las fallas fundamentales en un programa desacreditado".

Activistas pro inmigrantes temen que al término delo año fiscal 2012 la cifra de deportados sobrepase los 400 mil, estableciéndose una nueva marca de extranjeros expulsados de Estados Unidos.

"El pronóstico es preocupante", dijo a Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaci0nes de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).

Lluvia de críticas

La Administración Obama ha enfrentado fuertes críticas por parte de agencias de policía y defensores de los inmigrantes por detener demasiados delincuentes menores y no criminales a medida que se expande el programa Comunidades Seguras, y aumenta el número de deportaciones.

En agosto de 2011 la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) anunció una nueva política que incluye el uso de la "discrecionalidad judicial" y que sus agentes se abstengan de perseguir personas que no representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que la medida no se trataba de una amnistía y recomendó a inmigrantes con orden de deportación consultar con un abogado antes de dar cualquier paso en busca de la cancelación de sus procesos de expulsión del país.

Pese a ello, The New York Time dijo que la acción ejecutiva de agosto no ha llevado a ningún cambio significativo en la política de deportaciones y que las cifras siguen siendo elevadas.

Grupos pro inmigrantes también cuestionan que los favorecidos en la revisión de 300 mil casos de deportación constituyen menos del 7.5%, y advierten que los beneficiados con la medida permanecen en un limbo migratorio sin posibilidades de conseguir una autorización de empleo.

Cuestión de agallas

"El presidente heredo un sistema quebrantado y desgraciadamente su administración no se empeñó lo suficiente en tratar de corregirlo", dijo Cabrera. "Al contrario, lo que pensaron es que mientras se conseguía un acuerdo en el congreso con la reforma migratoria, ellos (el gobierno) se iba a enfocar, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en aplicar la ley tan duro como fuera posible".

El activista agregó que todo parece indicar que los asesores del presidente no calcularon bien "el costo político" de las deportaciones, y que tres años más tarde "nosotros sentimos que esto es una falla grave tanto del presidente como de su Administración, no solo hacia las familias inmigrantes, sino hacia el pueblo estadounidense".

"El no puede darnos la cara y decirnos que está preocupado por nosotros. Creemos que debe tener las suficientes agalladas para tomar medidas administrativas y hallar una solución. Una de ellas es cerrar el programa Comunidades Seguras. Sería ideal, porque es el embudo que permite la detención, el arresto y la deportación de miles de personas que no son un peligro para la sociedad".

Añadió que Comunidades Seguras "es un programa tan eficaz, tan silencioso, que no necesitamos helicópteros o redadas, o miles de agentes de la Patrulla Fronteriza para implementarlo. Este programa, en silencio, hace el trabajo sucio que la Administración Obama no quiere aceptar que está haciendo. Se trata de un programa reprochable que demuestra cobardía y falta de visión por parte del gobierno".

Como la Ley de Arizona

Para el activista Juan José Gutiérrez, director del Center for Education and Immigration Services, en Los Angeles, California, el Presidente Obama "debería eliminar" el programa Comunidades Seguras y revisar a fondo su política de deportaciones.

"Si bien es cierto que el gobierno tiene la obligación de enforzar la política migratoria, Comunidades Seguras debilita ese argumento y lo coloca como la Ley de Arizona que está cuestionando, porque ambos utilizan a las policías locales y permite que los agentes discriminen a la población hispana y que por su apariencia los entreguen a la migra".

"Comunidades Seguras es básicamente eso lo que plantea, una colaboración con las policías locales" para arrestar a indocumentados. "Y la ley migratoria SB 1070 de Arizona es exactamente Comunidades Seguras. Es un serio problema", dijo.

El activista agregó que "por un lado el gobierno de Obama condena a Arizona por la Sb 1070, pero por otro tiene vigente Comunidades Seguras y a policías locales colaborando con el gobierno federal. Se trata de una posición es totalmente incorrecta. El gobierno federal no debe involucrar a los cuerpos policíacos locales en el enforzamiento de las leyes de inmigración porque eso viola la constitución. Por eso debe cancelar Comunidades Seguras ahora y no esperar para cuando sea demasiado tarde".

Falta de capacitación

El diario también resalto que el problema con la "discreción" y Comunidades Seguras, es que muchos de los agentes de policía locales (estatal y municipal) no están capacitados de manera adecuada en el tema de migración, y que el acoso contra los inmigrantes continúa.

El abogado José Pertierra opinó que las leyes de inmigración soin todavía "más complejas y difíciles" que las leyes de impuestos en Estados Unidos.

The New York Times también reportó que la confianza entre comunidades de inmigrantes y el programa federal se ha visto seriamente afectada, debido a que las personas tienen demasiado miedo a denunciar los delitos y cooperar con la policía.

Las agencias de policía han tratado sin éxito revertir el medio generado por el programa.

Obligatorio en 2013

En enero, el diario Los Angeles Times dijo que de acuerdo con un documento interno del DHS, el polémico programa será obligatorio en los 50 estados a partir de 2013. E indicó que de acuerdo con el documento, la Administración de Obama está determinada a volverlo obligatorio en vez de permitir que los gobiernos estatales opten por cooperar o rechazarlo.

El plan Comunidades Seguras fue implementado por el DHS en 2008 para detectar a inmigrantes que hayan cometido delitos criminales graves y deportarlos.

Grupos y organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes, abogados, líderes religiosos, congresistas, gobiernos estatales y grupos que defienden los derechos civiles, entre otros, han cuestionado el programa y argumentan que contiene errores que han permitido deportar a miles de inmigrantes que no han cometido delitos graves que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos.

De qué se trata

Comunidades Seguras es una base de datos que maneja el DHS y que permite a los agentes del orden público locales (municipal y estatal) establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto.

Si la prueba biométrica muestra que la persona no tiene estatus legal de permanencia en Estados Unidos, es colocada de inmediato en la lista de sujetos deportables. Lo mismo sucede con individuos que tienen algún tipo de delito o antecedente criminal.

Los individuos deportables son entregados a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE). Una vez en poder de ICE, se abre un proceso de deportación de Estados Unidos.

En noviembre de 2009 ICE aseguró que en su primer año de funcionamiento el programa había identificado a 111 mil inmigrantes deportables en centros de detención locales.

Miles de fichajes

Hasta principios de agosto del año pasado el DHS establecía acuerdos con los estados para poner en funcionamiento la herramienta. Pero ICE envió una carta a los gobernadores indicándoles que ya no era necesario un acuerdo de entendimiento previo para ejecutarlo.

Según el ICE, entre 2009 y 2011 Comunidades Seguras fichó a aproximadamente 11 mil individuos que fueron acusados o condenados por crímenes violentos u otras ofensas serias (crímenes de nivel 1), mientras que otros 100 mil fueron acusados o condenados por crímenes de nivel 2 ó 3.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que ICE no ha provisto un análisis diferenciado de los niveles 2 y 3, y el rango de delitos que entra dentro de cada una de estas categorías es significativamente amplio en términos de gravedad. Esto ha afectado a cientos de personas ya expulsadas.

En el año fiscal 2009, el deportó a poco más de 392 mil indocumentados. De ellos, unos 195 mil tenían antecedentes criminales. Pero organizaciones que defienden a los inmigrantes aseguran que las cifras no son adecuadas.

La OEA advierte que los indocumentados por lo general son transferidos al ICE después de cualquier privación de libertad, independientemente de la seriedad de la causa que dio lugar al arresto, puesto que probablemente son sujetos a deportación aún cuando no exista una condena penal en su contra

Añade que los residentes legales permanentes y otros no ciudadanos que tienen un estatus migratorio válido, por lo general son transferidos a la custodia del ICE luego de haber cumplido una sentencia penal, dado que la mayoría de delitos que resultan en una condena de privación de libertad potencialmente constituyen una causal de deportación y pueden requerir detención obligatoria.


http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2012-05-10/diario-activistas-demandan-cambios-comunidades-seguras

Ser negro en Irak .

"Nos siguen llamando ‘abd’ (esclavo, en árabe)". "Por suerte no nos agreden, pero sí nos discriminan en casi todos los aspectos de la vida"

"A diferencia de cristianos, bahai u otras minorías religiosas, los negros iraquíes no fueron perseguidos por su fe. Pero no los reconocen como minoría porque el concepto se basa sobre cuestiones religiosas"

"Antes de ser enviado a Iraq no pensé que encontraría gente que físicamente se pareciera a mis amigos y a mi familia en Buffalo", dijo el sargento de la armada estadounidense William Collins mientras patrullaba el distrito de Zubeir, en esta meridional ciudad. Los marines estadounidenses llegaron hace cuatro meses a esta ciudad, la más grande de Iraq después de Bagdad. Collins reconoció que en su batallón nadie sabía que había una comunidad negra en este país, ni siquiera los afroestadounidenses. "Si me visto con el atuendo árabe, podría caminar por la calle y nadie se daría cuenta que soy extranjero", observó Collins. Probablemente estaría más seguro que con el chaleco antibalas y el casco, apuntó.

Hay muchos negros en Basora, y en especial en el distrito de Zubeir, una zona de edificios de barro muy deteriorados donde viven unas 300.000 personas. La mayoría dice ser descendiente de los esclavos llevados de África al Golfo por lo menos a partir del siglo IX. Algunas costumbres se mantuvieron a lo largo del milenio.

"Nos siguen llamando ‘abd’ (esclavo, en árabe)", señaló Amin Tarik, de 46 años. "Por suerte no nos agreden, pero sí nos discriminan en casi todos los aspectos de la vida", dijo en el patio de su humilde vivienda.

Los negros iraquíes casi solo hablan árabe y la gran mayoría son musulmanes, como el grueso de la población de este país. Si bien la esclavitud se abolió en el siglo XIX, el color de su piel les cierra muchas puertas. "Me enamoré de una mujer blanca e incluso me casé con ella contra todos los pronósticos. Pero nos separamos porque ella no pudo aguantar la presión de su familia", recordó Jihad Hail, de 25 años, quien ahora tiene una nueva pareja. "Es negra, aprendí la lección", apuntó.

Es casi imposible ver parejas mixtas en Basora. Las mujeres blancas que se casan con hombres negros, nunca es al revés, se someten a ser observadas por la sociedad iraquí. "Conozco una pareja mixta", señaló Doha Abdulreda, de 20 años. "Siempre se esconde bajo el nicab, el atuendo que cubre el rostro dejando solo libre los ojos, cuando camina junto a su esposo. La familia la rechazó, no es raro aquí", relató.

Los blancos llaman a los negros "abd", pero estos a su vez se refieren a los primeros como "hombres libres". "Los negros siempre estuvieron integrados a nuestra comunidad", sostuvo Said al Mehdi. "Incluso la cuarta esposa de mi abuelo era negra. Siempre besé su mano con gran devoción", recordó el hombre de 72 años, cubierto con un pañuelo verde, que indica que desciende en forma directa del profeta Mahoma. Pero no todo el mundo coincide con esa opinión.

"Han sido discriminados desde el primer día en que sus ancestros llegaron de África para construir canales y transformar pantanos en tierras para plantar algodón, entre otros cultivos", indicó Saad Salloum, editor de la revista Masarat, dedicada a las minorías de Iraq.

"A diferencia de cristianos, bahai u otras minorías religiosas, los negros iraquíes no fueron perseguidos por su fe. Pero no los reconocen como minoría porque el concepto se basa sobre cuestiones religiosas", explicó.

Pero aun así, encontraron una forma de expresión política. "Celebramos el triunfo de Obama en 2009, lo que nos inspiró a luchar por nuestros derechos", indicó Salah Ruhais Salman, vicepresidente del Movimiento por la Libertad, un partido creado para defender los derechos de los afrodescendientes.

Los negros iraquíes se vieron obligados a mantener un perfil bajo desde la invasión de Estados Unidos en 2003. Pero ahora reclaman que se los reconozca como minoría nacional, lo que les permitiría llegar al Parlamento, explicó Salman. Pero el camino está plagado de obstáculos. "Hay alrededor de 1,5 millones de negros en Iraq, pero ninguno ocupa un cargo en el gobierno. En 2009, me presenté a las elecciones locales con otros siete compañeros. Basora tiene la comunidad negra más significativa del país, pero ninguno fue elegido. ¿Puede creerlo?", señaló Salman, quien no duda de que los comicios fueron "obviamente amañados".

"La comunidad negra sufre de forma desproporcionada bajo el sistema político", señaló el director de la embajada regional de Estados Unidos en Basora, Ramon Negron, según un cable filtrado por Wikileaks en septiembre de 2010. "Tienen suficientes votos para ganar por lo menos un asiento en el Consejo Provincial de Basora", añadió.

Muchos negros iraquíes viven de la música. Un casamiento de Basora no es tal sin percusionistas del distrito de Zubeir. Wafa Majid trabaja de forma voluntaria como directora de asuntos femeninos en el centro comunitario, creado a principios de este año y donde se dan clases de computación y costura. También se enseña a leer y a escribir disminuir el analfabetismo que afecta a más de 90 por ciento de las mujeres negras, según varias organizaciones no gubernamentales.

"No es fácil ser mujer y negra en Iraq, pero no podemos sentarnos a mirar cómo nuestros maridos tocan en bongó", indicó Majid. Detrás de ella, unas 20 mujeres sentadas frente a computadoras se preparan para el gran desafío que tienen por delante.

1 de Mayo, Dia del Trabajador.

La jornada del Primero de Mayo, establecida como día del trabajo, fue aprobada por la Segunda Internacional, en su primera etapa, a petición de Federico Engels, como culminación de las grandes movilizaciones del proletariado por la conquista de la jornada laboral de ocho (8) horas. También en homenaje de reconocimiento a las víctimas de esta acción reivindicativa y política y, en especial, a las obreras camiseras de Chicago, perecidas en el incendio de su fábrica y a los revolucionarios dirigentes obreros Albert Parsons, Augusto Spies, Samuel Fielden, Michael Schwal, Adolph Fischer, George Engels y Louis Ling, condenados en juicio arbitrario a la pena capital. Los cuatro primeros fueron ejecutados el dos (2) de noviembre de 1887. Ling murió en presidio y Oscar Neebe pagó 15 años de prisión.

Fueron acusados por la muerte de un policía, por el estallido de una bomba, en una manifestación, lanzada por un provocador al servicio del Estado. Se efectuaron inmensas protestas contra el juicio y exigiendo la libertad de los acusados, en Estados Unidos, Europa y Asia. Todo fue inútil, pues se trató de un crimen de Estado contra el movimiento obrero norteamericano.

Desde 1889, esta fecha del Primero de Mayo se ha conmemorado en todos los confines de la tierra, en las grandes marchas de trabajadores contra el militarismo y la Primera Guerra Mundial, acuciada por la agudización de las contradicciones imperialistas, que condujo a una matanza entre los pueblos, a su destrucción, a la ruina y la miseria, con millares de muertos, mutilados y desaparecidos, generados por el triunfo de la Revolución Proletaria de Octubre, en la antigua Rusia; en la crisis de superproducción relativa de 1929, que golpeó al mundo capitalista; que arrojó a los trabajadores al paro total y parcial, llenando de hambre y penurias a las masas trabajadoras; contra la imposición del nazi-fascismo, en las cárceles de la Gestapo, en los campos de concentración y de exterminio, en las trincheras de combate y comandos de resistencia en la Segunda Guerra Mundial; en los campos de batalla y zonas guerrilleras de China; en la posguerra y en todas las épocas y condiciones los trabajadores celebran su día.

Día Internacional de la Madre Tierra.

El día 22 de abril se celebra el "Día de la Tierra".... ¿cómo empezó todo esto?

El año 1962, el senador norteamericano Gaylord Nelson comienza a hacer lobby político para que el tema medio ambiental forme parte de la agenda gubernamental del presidente John Kennedy. Después de varios años de trabajo social y político, en 1969 aprovecha los ímpetus de la airada protesta civil contra la guerra de Vietnam, y convoca a una gran manifestación popular donde las personas de todo el país expresan su preocupación por el manejo del tema medio ambiental a nivel nacional. En noviembre de ese año, el New York Times en palabras de Gladwin Hill, publica:
"La conciencia sobre la crisis medioambiental está arrasando los campus universitarios con una intensidad sólo comparable con el descontento con la Guerra de Vietnam... por ello las oficinas del senador Gaylord Nelson planifican un día nacional para conversar sobre los problemas medio ambientales... para la próxima primavera."
Así, el año 1970, el dia 22 de abril (equinoccio de primavera en el hemisferio norte) se celebró por primera vez el Día de la Tierra. Más de 20 millones de personas respondieron a la convocatoria, estableciendo en sus comunidades, universidades y colegios, una plataforma de difusión y discusión sobre el medio ambiente y sus principales problemas.

La presión social tuvo sus frutos, y ese mismo año el gobierno de Richard Nixon crea la Agencia de Protección Medio Ambiental (EPA en sus siglas en inglés), con la misión de proteger el medio ambiente y la salud pública. En el mismo año, el congreso norteamericano promulga el Acta del Aire Limpio (Clean Air Act) con el objetivo de establecer estándares seguros sobre calidad del aire, emisiones y polución contaminante. También en 1970 el senador Nelson funda la Red del Día de la Tierra (o EDN por sus siglas en inglés), que como institución de carácter global, promueve la celebración del día de la Tierra como una instancia de reflexión y acción en favor del medio ambiente.

Con el correr del tiempo se ha convertido en un importante acontecimiento educativo e informativo y, desde 1990, es una celebración global del medio ambiente en la que, año tras año, diferentes grupos ecologistas aprovechan para evaluar los problemas medioambientales del planeta y realizar campañas para su protección.

http://ecosofia.org/2006/04/dia_de_la_tierra_22_abril
http://www.un.org/es/events/motherearthday/

El 'cuarto oscuro' de la inmigración europea.

Se imagina que a jóvenes españoles a los que la crisis ha obligado a emigrar a a otros países, en busca de una oportunidad laboral, los detuvieran al llegar, los encerraran durante semanas, los maltrataran y los deportaran a la fuerza?

Para miles de inmigrantes, ese es el destino el final de su viaje hacia una vida mejor en Europa. Una estancia de entre 40 y 18 meses en uno de los 280 Centros de Internamiento de Extranjeros que hay en la Unión Europea, nueve de ellos en España. Carecer de permiso de residencia o tener una orden de expulsión no ejecutada convierten a cualquier extranjero en 'carne de CIE'. Cada año, 600.000 personas, incluidos niños, pasan por esta 'cárceles para personas en situación irregular, que comenzaron a funcionar en 1980.

El informe 'Fronteras asesinas' sobre los CIE europeos de la Red de Migraciones Europea Migreurop es un descarnado relato de testimonios sobre los abusos perpetrados contra los internos, muchas veces impunes. Desde Austria a Grecia, pasando por Francia o Reino Unido, los miembros de Migreurop han visitado numerosos centros de acogida. Independientemente del nivel de desarrollo del país, en todos ellos hay denominadores comunes: vulneración de los derechos humanos y falta de transparencia.

Nos metieron en una sala muy pequeña para 22 personas, sin ventilación. Había aseos y la única manera de tener aire era abrir la ventana de esos aseos, pero olía mal. Estuvimos allí un mes y luego nos trasladaron a otro lugar. Había dos habitaciones para 85 personas y la gente se pegaba por la comida porque no había para todos. En una de estas peleas me hirieron. Nos trataron como animales", denuncia un interno en la gendarmería de Esmirna (Grecia).

En el punto de mira

En España, los CIE dependen del Ministerio del Interior y están bajo gestión policial. En 2011 13.241 ingresaron en ellos por orden judicial. A la privación de libertad, se añade la falta de atención médica permanente y de derivación sistemática a hospitales. Estas carencias han provocado numerosas denuncias por parte de organizaciones civiles, tras el fallecimiento este mismo año de un interno en el CIE de la Zona Franca de Barcelona por 'muerte subita', cuando ya no había médicos, y de una congoleña en el CIE de Aluche (Madrid) por meningitis, cuya gravedad no se detectó a tiempo.

Sin embargo, tanto los jueces designados para el CIE de la Zona Franca, que realizaron su primer control en marzo, como la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que estuvo en el CIE madrileño recientemente, han avalado el funcionamiento de estos centros. En Barcelona, los jueces valoraron la "limpieza del recinto, sus servicios de enfermería, el papel de la dirección y de la policía, y su cocina".

En Madrid, Cifuentes señaló que hay un porcentaje de internos "muy alto" con antecedentes penales y policiales y "tiene que haber ciertas medidas de seguridad". Pero añadió que el hecho de que no sean centros penitenciarios "hace que se puedan eludir", como ocurrió en Aluche.

La huida de un interno de este CIE el pasado día 10 puso de nuevo en el candelero a estos 'limbos legales', objeto de denuncias de maltrato por parte de diversos colectivos, incluida la Oficina del el Defensor del Pueblo y la Unión Progresista de Fiscales.

La propia Defensora del Pueblo, Milagros Cava de Llano, ha criticado la "sobreocupación" de estos centros, -pese a, según Interior, sólo están al 67% de su capacidad- porque "empeora las carencias y deficiencias estructurales de algunos de ellos". Además, critica la "acusada tendencia a priorizar las medidas de seguridad y control policial, en claro detrimento de las condiciones de vida de los internos".

Por su parte, el Ministerio del Interior, en una respuesta parlamentaria a la diputada del BNG, Olaia Fernández, el mes pasado, aseguró que desde la entrada en vigor de la Ley de Extranjería existe la figura del Juzgado de Control de Garantías, "que vela porque se respeten los derechos de los internos" y que actualmente estos funcionan "con total transparencia".

Sin embargo, el acceso a los CIE sigue siendo muy restringido, aunque algunas ONG han logrado visitarlos. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha sido una de ellas en 2009, y su informe posterior recoge testimonios de los internos "que no dejan lugar a dudas" sobre el maltrato que reciben.

"Un chico estaba leyendo el Corán. Los de la habitación contigua le gritaron, llegaron policías y entraron en la habitación de los argelinos. Les pegaron de una manera salvaje. Por la mañana, uno de ellos tenía la pierna izquierda que era una hematoma", denuncia un marroquí del CIE de Valencia en el informe. Y añade: "El médico no quiere saber nada. Te receta un paracetamol y te larga"-.

Opacidad y secretismo

En Suecia o Reino Unido, la policía controla estos centros, pero están gestionados por empresas privadas y ONG. Permiten la asistencia social, el acceso de familiares y abogados, con restricciones, y el trato a los internos es más humano. En Francia cuentan con asistencia técnica y jurídica permanente y se elaboran informes anuales de funcionamiento. Según la vicepresidenta de la asociación Alternativas Europeas de Barcelona, Mara Gabrielli, "aún así no se garantizan sus derechos". Y pone como ejemplo a Italia, algunos de cuyos centros, con presencia de Cáritas y Cruz Roja, "sufren graves carencias y hacinamiento".

En los países nórdicos, hay menos 'sin papeles', pero más peticiones de asilo. "Europa ha intentado imponer condiciones comunes de acceso mediante la directiva de retorno de 2008, lo que ha provocado que países que tenían mejores condiciones, las hayan rebajado", explica Gabrielli.

Ante esta opacidad de los centros de internamiento, que deriva en múltiples violaciones de derechos, Alternativas Europeas y Migreurop han lanzado una campaña, Open Access que reclama el derecho de la libertad de información de los ciudadanos europeos y el acceso de medios de comunicación y sociedad civil. Su finalidad, dar a conocer la verdadera realidad de estos lugares y fortalecer las redes de lucha en toda Europa.

"Queremos que mejoren las condiciones de los internos, pero no legitimamos la existencia de estos centros. -remarca Mara Gabrielli-. Nuestro objetivo es que desaparezcan".

Marta Arroyo | Madrid
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/16/solidaridad/1334570553.html