Comercio Justo.

Una de cada tres organizaciones productoras de Comercio Justo es cooperativa.

De las 125 organizaciones que elaboran artículos de Comercio Justo vendidos en España, 45 son cooperativas, según datos de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Dicha forma jurídica comparte muchos de los valores y principios con este sistema comercial alternativo. Su contribución a la reducción de la pobreza ha sido valorada por Naciones Unidas. El primer sábado de julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, una conmemoración que en 2012 resalta especialmente ya que ha sido declarado como el Año internacional de las Cooperativas.

El modelo de organización cooperativo se basa en un planteamiento solidario y equitativo en el que la propiedad y los beneficios son comunitarios. Tiene una importante vocación social y su funcionamiento y la toma de decisiones son democráticos y transparentes. Estos valores son algunos de los que definen, también, al Comercio Justo. De ahí que el 36% de las organizaciones artesanas y agricultoras que producen artículos Justos vendidos en España, adopten la forma de cooperativa. Este año, de manera particular, Naciones Unidas destaca la contribución que esta forma organizativa realiza al progreso económico, social, cultural y político del entorno en el que surgen.

Una de las cooperativas de Comercio Justo es la cooperativa india Creative Handricrafts. Situada en Bombay, agrupa a más de 200 mujeres que trabajan en 6 talleres de confección textil. Las trabajadoras proceden de los grupos sociales más desfavorecidos. Con su oficio, no sólo obtienen un salario digno sino también una mayor autoestima y consideración social. Realizan su producción de manera semiartesanal con algodón y otros productos de la zona. La entidad, además, ha creado centros de educación infantil, programas de becas así como microcréditos para apoyar iniciativas de las mujeres.

Otra fórmula común en los grupos productores de Comercio Justo es la unión de varias cooperativas. Este es el caso de la nicaragüense CECOCAFEN, que aglutina a 11 pequeñas cooperativas en las que trabajan 2000 agricultores de café orgánico. La entidad ofrece formación y asesoría técnica a los socios, facilita el procesamiento del café y asegura su comercialización. Asimismo, la organización lleva a cabo numerosos proyectos educativos, sociales y medioambientales en la zona.

En España se venden artículos de Comercio Justo procedentes de 40 países de América Latina, África y Asia. Con ellos se garantiza que quienes los elaboran reciben un salario digno (igual para mujeres y hombres) y cuentan con unas condiciones laborales adecuadas. Además, no existe explotación laboral infantil y el proceso de producción es cuidadoso con el medio ambiente. Por todo ello constituye una herramienta que favorece el desarrollo de los pueblos

http://comerciojusto.org/una-de-cada-tres-organizaciones-productoras-de-comercio-justo-es-cooperativa/

El sobreuso de antibióticos en los alimentos.

El uso innecesario de antibióticos en las granjas es el factor principal del aumento de bacterias resistentes y un mayor riesgo a la salud pública.

Los antibióticos son un componente esencial de la medicina moderna, pero el sobreuso de aquellos en la producción ganadera es innecesario y peligroso.

El 80 por ciento de los antibióticos utilizados en EE. UU. se usan para tratar animales no para curar infecciones humanas. Peor aún, se calcula que el 83 por ciento de los antibióticos provistos para el ganado del país son suministrados a rebaños enteros o grupos sin tener en cuenta si estos están enfermos o no.

¿Por qué se utilizan los antibióticos en animales de granja?

Desde la década de 1950, se volvió rutinario en muchos países agregar bajos niveles de antibióticos en el forraje o agua de aves, bovinos y porcinos sanos para acelerar su crecimiento y evitar infecciones en animales alojados en condiciones insalubres o aglomerados.

¿Por qué es problemático el uso de antibióticos en las granjas?

El uso profiláctico e innecesario de antibióticos en las granjas es el factor principal del aumento de bacterias resistentes a antibióticos y un riesgo a la salud pública.

El uso excesivo de antibióticos en las granjas y su suministro a animales sanos rinden ineficaces a los medicamentos que doctores utilizan para tratar enfermedades como la neumonía, amigdalitis e infecciones del oído en infantes.

Desafortunadamente, ahora contamos con menos antibióticos nuevos para reemplazar los que son ineficaces.

¿Cuál es el resultado de este uso profiláctico de antibióticos en las granjas?

Muchos estudios muestran que la carne y el pollo contienen una multitud de microorganismos resistentes. Por ejemplo, en un estudio reciente de las carne y los productos avícolas de cinco ciudades de Estados Unidos se encontró Staphylococcus aureus en el 47 por ciento de las muestras. El 96 por ciento de las muestras eran inmunes a al menos un antibiótico y el 52 por ciento eran inmunes a una gama de antibióticos.

Se estima que las infecciones resistentes a los fármacos les cuestan hasta 26 millones de dólares al año a los estadounidenses.

¿Cómo contribuye el uso de antibióticos en granjas a crear enfermedades resistentes a los fármacos en las personas?

Cuando los animales de granja reciben antibióticos en dosis demasiado bajas para matar todas sus bacterias infecciosas, las bacterias que sobreviven y progresan lo hacen porque son ya inmunes a las drogas. Al multiplicarse las generaciones de bacterias futuras heredan la inmunidad o resistencia al antibiótico.

Estas bacterias además comparten los rasgos que las hace inmunes a medicamentos con otras especies de bacterias lo cual conduce a la resistencia generalizada y a la creación de superbacterias.

¿Cómo se proliferan las bacterias resistentes?

De varias maneras.

Por medio de los alimentos: varios estudios han encontrado bacterias inmunes a los fármacos en las carnes, las aves y en los cultivos regados con agua contaminada por residuos animales. Las bacterias en los alimentos pueden causar contaminación en la cocina donde tienen contacto con cuchillos infectados, tablas de cortar, nuestras manos y otras superficies. De ahí se puede transmitir a otros.

Por medio del aire y el agua: la bacteria inmune a los antibióticos se ha encontrado en el agua potable cerca de instalaciones porcinas en tres estados (en EE.UU.) y se ha detectado en la dirección del viento que proviene de estas instalaciones.

Por medio de los trabajadores: el personal que trabaja en ganadería puede accidentalmente acarrear bacterias inmunes a los antibióticos en su ropa, sus cuerpos y sin saberlo, contaminar a sus familias, amigos y comunidades.

¿Qué podemos hacer?

NRDC ha entablado una demanda contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para frenar el uso de antibióticos en la comida de los animales. Mientras tanto, estamos trabajando para acabar con el abuso de antibióticos de una vez por todas.

Protégete siguiendo estos consejos:

1. Compra carne con etiquetas que certifican que el producto proviene de granjas que sólo utilizan antibióticos en animales para curar infecciones y no para otros usos que no sean curativos:

　

2. Prepara tu comida en casa -- sigue nuestros consejos en la guía para asar saludablemente.

3. Pídele a la FDA que limite el uso de antibióticos que no sea para curar infecciones.

4. Pídeles a tus legisladores que apoyen el Acta de la Garantía del uso de Antibióticos sólo para Tratamiento Médico (Preservation of Antibiotics for Medical Treatment Act (PAMTA)).


http://www.nrdc.org/laondaverde/health/sobreusoantibioticos.asp

El navegante de El Bierzo que descubrió las Islas Salomón.

La expedición del español Álvaro de Mendaña buscaba unas islas llenas de oro cuando llegó al archipiélago del Pacífico en 1568

El «primer ministro de las Islas Salomón» no es un español como Mariano Rajoy, pero podría haber tenido sangre española si la historia hubiera tomado otros derroteros. Las más de 990 islas repartidas entre el archipiélago del mismo nombre, al sureste de Papúa Nueva Guinea, y las islas Santa Cruz, al norte de las islas Vanuatu, que hoy forman parte de la Mancomunidad Británica de Naciones fueron exploradas por un europeo por primera vez en el siglo XVI y fue un navegante de León, originario de la comarca de El Bierzo, quien dirigía la expedición.

Álvaro de Mendaña (Congosto, 1542) tenía apenas 25 años cuando partió de El Callao, en Lima, el 19 de noviembre de 1567 en busca de unas islas llenas de oro de las que hablaba la leyenda. Se creía que las minas de Ofir del rey Salomón se encontraban en los mares el Sur y las costas de Nueva Guinea. Mendaña era el sobrino de Lope García de Castro, que ejercía como virrey del Perú y fue el encargado de dirigir la expedición española hacia la supuesta «Terra Australis Incognita».

Unos 160 hombres, entre los que se encontraban cuatro frailes franciscanos, embarcaron a bordo de «Los Reyes» y «Todos los Santos» que capitaneaban Pedro Sarmiento de Gamboa y Pedro de Ortega. Tenían el deber de explorar y descubrir, dibujar mapas, informarse de los recursos y costumbres de los indígenas y evangelizar las islas.

«No habían pasado tres semanas del comienzo de la expedición cuando el oficial de la Audiencia escribió irónicamente al Rey: dicen que las islas llamadas Salomón están situadas en esta dirección, «y aunque no ay quien las aya visto ni saben donde estan, dizen que las ay y que ay mucha gente», recordaba Celsus Kelly en su artículo «Una hazaña que se adelantó a la del capitán Cook» en ABC en 1967.

Nativos antropófagos

A los 80 días de su partida divisaron la primera de las islas Salomón, Santa Isabel, a donde llegaron el 7 de febrero de 1568

. Los indios de la isla de Santa Isabel comían carne humana. «El cacique envió de presente a Mendaña un cuarto de un brazo con su mano de un muchacho, que el español enterró allí mismo ante el asombro del indio», se recogía en un artículo de ABC en 1964.

Desde allí y a bordo de un pequeño barco construido en el lugar, el «Santiago», exploraron las islas cercanas de Ramos (Malaita), La Galera, Buena Vista, Flores, San Dunas, San Germán, Guadalupe, Guadalcanal , San Jorge, San Nicolás, Arrecifes, San Marcos (Choiseul)... una veintena de islas a lo largo de seis meses.

Mendoza aprendió a defenderse en algunas lenguas locales, lo que le permitió conversar con los indígenas. Escribirá a Felipe II contándole una conversación con un jefe de Santa Isabel, Bile Banharra: «Le hice comprender que estaba sujeto a Vuestra Majestad y que yo había venido a su país por orden vuestra, para encontrarle a él y a los otros «tauriquis» (jefes) y para llevarles al conocimiento de Dios y de nuestra santa Fe Católica. Él escuchó todo con atención, después me preguntó dónde estaba el rey de Castilla......».

Las relaciones con los habitantes de las islas Salomón fueron dispares. Algunos manifestaron su voluntad de amistad. El inspector de la Corona que debía escribir el relato detallado del viaje, Gómez Hernández Catoira, destacó cómo Bile Banharra no dejaba de repetir «Mendaña, Mendaña» para no olvidar el nombre.

El 11 de agosto salieron de regreso a América, cuando las provisiones comenzaban a escasear. El 22 de julio llegaban al puerto de Lima tras 22 meses de expedición en la que 35 hombres murieron.

El segundo viaje

Durante veinticinco años Mendaña intentó volver a las islas Salomón hasta que un nuevo virrey, García Hurtado de Mendoza Marqués de Cañete, patrocinó un segundo viaje con el objetivo de establecer una colonia e impedir que se convirtiera en un refugio para los piratas ingleses en el Pacífico. Unas 400 personas participaron en esta expedición que descubrió las islas Marquesas, bautizadas así en honor de la mujer del virrey.

Exploró las islas del sur del archipiélago y fundó una colonia en las islas Santa Cruz, pero enfermó de malaria y murió el 18 de octubre de 1595. La situación estaba descontrolada, los soldados cometían todo tipo de excesos con la población e incluso hubo un intento de rebelión. La mujer de Mendaña, Isabel de Barreto, tomó el mando y tras múltiples contratiempos logró llevar la expedición a Filipinas. Solo una de las cuatro naves con las que partieron de Perú llegaría a Manila en 1596 capitaneada por el portugués Pedro Fernández de Quirós.

Perú conmemoró la navegación de Álvaro de Mendaña en su cuarto centenario con un monolito inaugurado en 1967 por el entonces presidente peruano Fernando Belaúnde.


http://www.abc.es/20120621/archivo/abci-navegante-bierzo-descubrio-islas-201206211140.html

Gran Hermano a vista de pajaro.

Si existiera un galardón a la lucha más activa contra el terrorismo, Estados Unidos sería el primer nominado, ya que en este frente no conoce límites. Ahora los aviones no tripulados conocidos como 'drones' se han convertido en un arma más de la Policía estadounidense.

Se trata de los mismos aparatos que el ejército de EE. UU. utiliza en sus misiones militares en Afganistán, Pakistán e Irak, escenarios de su guerra global contra el terrorismo donde se han registrado centenares de muertos entre la población civil.

Dotadas de sistemas de radar y de sensores, y provistas de potentes cámaras de video capaces de detectar actividad ilegal a distancia tanto de día como de noche, estas aeronaves pueden volar hasta a una altura de 5.700 metros en misiones de hasta 20 horas.

"Con la información e imágenes enviadas por las aeronaves a un centro de mando tuvimos la certeza de que podía estar ahí el líder del grupo criminal; mandamos unos comandos de reacción en helicópteros y lograron completar el asalto sin pegar un sólo tiro", describió una operación Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal.

La ciudadanía está en alerta

Ante la iniciativa, muchos ciudadanos se muestran preocupados y denuncian que la nueva estrategia va en contra de la protección de su privacidad.

"Esto se hace de forma intencionada", comenta a RT el analista político estadounidense Paul Craig Roberts. "Ellos están poniendo en marcha un método que podrá controlar una población, en particular, aquellos que no están contentos, pasan hambre o no tiene trabajo", asegura.

Asimismo, la Asociación por las Libertades Civiles Americanas (ACLU, según sus siglas en inglés) considera que "se trata de niños con sus juguetes fuera de control". "Creemos que esta tecnología otorga demasiada libertad de acción a la Policía para realizar labores de vigilancia sin orden judicial y que de momento no existen controles judiciales sobre este sistema", comenta Dotty Griffith, de la ACLU.

De acuerdo a John Whitehead, abogado constitucional del Instituto Rutherford, más de 200 aplicaciones -cuyos objetivos no han sido divulgados- han sido aprobados por la Policía para utilizar aviones no tripulados como dispositivos de vigilancia aérea. El costo de una hora de vuelo de un drone es de 3.600 dólares.

"EE. UU, una gran empresa de Seguridad Nacional"

Ante el problema de vigilancia de civiles bajo el pretexto de la lucha contra el crimen, el destacado pronosticador de tendencias Gerald Celente comentó a RT que "Estados Unidos se va convirtiendo en una gran empresa de Seguridad Nacional".

En 2006, AeroVironment, un fabricante de aviones no tripulados, recibió 4,7 millones de dólares del departamento de defensa de EE.UU. para desarrollar nuevos aparatos aéreos. El invento más novedoso y pequeño es Colibrí, no mayor que la palma de la mano y que pesa menos de medio kilo.

A ello se añaden otras armas de nuevo cuño que reciéntemente se han añadido a sus arsenales para la lucha contra el crimen y la amenaza de terrorismo, como 'detectores de metales a distancia' que localizan armas bajo la ropa de los viandantes midiendo la emisión radioactiva del cuerpo de una persona, ya que los metales no dejan traspasar el calor.

Algunos expertos advierten que ahora la Policía podrá usar los 'drones' para detener a cualquier persona movida por otros intereses, como el arresto de inmigrantes hispanos indocumentados.


http://www.taringa.net/posts/noticias/14294412/EE_-UU_-No-le-quita-el-drone-de-encima-a-su-
http://estadodecoherencia.wordpress.com/
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/45313-Se%C3%B1al-de-alarma-en-EE.-UU.-drones-letales-operan-en-casa
pueblo_.html

Calabozos españoles para los "sin papeles"

 "Fue muy duro; como estar en una cárcel", dice en un castellano pausado el inmigrante argelino Sid Hamed Bouziane, de 29 años, sobre los 28 días que pasó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la sureña ciudad española de Málaga.

El CIE de Málaga, ubicado desde su creación en 1990 en un antiguo cuartel militar en el desfavorecido barrio de Capuchinos, es uno de nueve centros españoles concebidos para retener a inmigrantes indocumentados.

Los CIE son definidos en la Ley de Extranjería como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior español, para la detención y custodia a disposición de la autoridad judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión".

Organizaciones sociales, expertos e instituciones denuncian una y otra vez la vulneración de los derechos humanos en esos lugares.

"Son cárceles encubiertas", dijo a IPS el presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, Luis Pernía. Hay un "déficit democrático, jurídico y humano" en esos centros, que "sólo sirven para justificar las políticas migratorias hipócritas de la Unión Europea".

En diciembre de 2009, el informe "Situación de los Centros de Internamiento para Extranjeros en España", elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció problemas "graves" de habitabilidad y de defensa jurídica en los CIES de Málaga, Valencia y Madrid, y constató casos de torturas a internos en el último.

"El hecho mismo de encerrar a una persona por haber emigrado es inaceptable", dijo a IPS la responsable del área de incidencia política de CEAR, Salva Lacruz, desde la sudoriental ciudad española de Valencia, donde se celebra el I Encuentro Estatal de Colectivos en Lucha contra los CIE, entre este viernes 21 y el domingo 23.

El objetivo de esta reunión, que convoca a una treintena de asociaciones de todo el país, es coordinar una campaña en el plano estatal por el cierre de los centros de internamiento.

Estos centros, que también existen en Libia, Marruecos, Líbano, Mauritania, Chipre y Malta, son "agujeros del Estado de derecho", describió Cruz, y se inscriben en un "circuito" que comienza en el control de las fronteras, empujando a los inmigrantes a viajar en condiciones penosas, como la travesía por mar desde las costas de África.

Bouziane, amenazado de muerte en Argelia, huyó a bordo de una patera a España en 2008, le dio miedo pedir asilo ante la falta de pruebas sobre la persecución en su país, y permaneció en situación irregular hasta que fue detenido y recluido en el CIE en julio.

Pero la orden de deportarlo fue revocada tras la intervención de un grupo de "indignados" del movimiento 15 de Mayo (15M) que protestó durante 11 días para lograr su liberación.

Su abogado y miembro del 15M, José Cosín, dijo a IPS que las autoridades siguen efectuando redadas "racistas", pese a que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas instó al Estado en marzo de 2011 a "tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales".

A los extranjeros que se encuentran en situación irregular se los priva de libertad hasta por 60 días por carecer de documentación, pese a que se trata de una falta administrativa equiparable a no portar el carné de conducir mientras se circula.

Por ello, los CIE no son centros de detención sino de retención: a los inmigrantes "sin papeles" se los recluye no por haber infringido el Código Penal, sino como medida "cautelar" para asegurar su expulsión del país.

Pero, a diferencia de las cárceles, los CIE no tienen regulación específica que garantice derechos y libertades, explicó a IPS el abogado experto en inmigración José Luis Rodríguez Candela, de la organización no gubernamental Andalucía Acoge.

"En los CIE, hay más inseguridad jurídica que en las cárceles", aseguró Rodríguez Candela, quien cree imprescindible aprobar una ley orgánica que regule su funcionamiento y el estatuto jurídico de los internos.

Aunque la Ley de Extranjería establece que los internos deben contar con asistencia letrada, ya sea de oficio o privada, 58 por ciento no saben quién ejerce su defensa o no puede acceder a ella, según el informe de CEAR.

La privación de libertad se lleva a cabo en barracones o en edificios antiguos, sin condiciones mínimas para habitarlos. En Málaga es un antiguo cuartel militar, en Algeciras, en el extremo sur de España, es una cárcel que fue clausurada por su mal estado.

Todas las dependencias de los CIE, desde la seguridad hasta los aspectos médicos y la alimentación, están a cargo de la policía, que los gestiona y financia, mientras en las cárceles ejerce únicamente funciones de seguridad.

En 2010 fueron deportados 30.163 inmigrantes, casi 21 por ciento menos que en 2009, cuando las expulsiones sumaron 38.129, según el "Balance de la lucha contra la inmigración ilegal" del Ministerio del Interior.

"El edificio tiene humedades, es viejo y no está acondicionado para tener gente allí. Una cárcel es mejor que eso", contó a IPS un médico que trabajó en el CIE de Málaga y que prefirió no ser identificado.

Este CIE tiene una historia plagada de incidentes y ya fue cerrado dos veces para efectuarle reparaciones.

Hubo casos de reclusión de "mujeres embarazadas a término y de personas con enfermedades mentales y depresiones", dijo Pernía. Además, faltan intérpretes y trabajadores sociales, sostiene la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga.

Xavier Torregrosa, trabajador social de Valencia Acoge y voluntario de CEAR en Valencia, duda de la efectividad de los CIE. Estudios indican que no más de 30 por ciento de los inmigrantes retenidos son finalmente expulsados, lo que evidencia lo inútil del gasto en la persecución de la inmigración irregular, arguye.

La diferencia entre órdenes de expulsión dictadas y materializadas se debe a que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para ejecutarlas, no puede identificar la nacionalidad de un extranjero o se encuentra con inmigrantes procedentes de países con los que España no tiene convenios de repatriación.

Quienes no pueden ser deportados quedan en libertad, pero con una orden de expulsión incoada que les impide regularizar su residencia en España y los deja "en una situación de absoluta desprotección", apuntó Rodríguez Candela.

El defensor del pueblo andaluz (ombudsman), José Chamizo, pidió en 2006 el cierre de estos centros porque "se trata a los internos como delincuentes, y tienen un marcado carácter carcelario".

La Ley de Extranjería prevé otras medidas que evitarían la internación en un CIE, como el retiro del pasaporte o la obligación de presentarse ante un juez cada semana.

"Los CIE son un monstruo", concluyó Pernía. "Un animal ciego que hemos creado y obligamos a caminar". (FIN/2011)

Inés Benítez
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99414

Protegidos en peregrinaje a EEUU.

 La ley de protección a los emigrantes salvadoreños, víctimas constantes de ataques y abusos en su ruta hacia Estados Unidos, finalmente se encamina a entrar en vigor tras más de un año de haber sido aprobada. Solo falta que organizaciones civiles conformen el ente que la hará operativa.

El canciller Hugo Martínez se manifestó satisfecho por la marcha del proceso para integrar el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, que debe ser integrado con representación de las organizaciones de salvadoreños en el exterior, de instituciones empresariales y civiles dentro del país, ministerios y otras oficinas gubernamentales.

"Vamos a buen ritmo, creemos que al cerrar el primer semestre del año ya tendremos el Consejo en operaciones", dijo.

El parlamento aprobó en marzo de 2011 la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia, que vela por el respeto de los derechos humanos de los nacionales en viaje y en el destino en que se asienten buscando nuevas oportunidades. También abarca a los deportados.

Pero la norma solo fue reglamentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 18 de abril pasado, momento en el cual se pudo lanzar el mecanismo para conformar el Consejo.

El artículo 1 de la normativa señala, entre otras cosas, que se diseñarán políticas públicas que integren la protección y el desarrollo del emigrante y sus familias, en coordinación con el Estado y con la sociedad civil.

La ley establece un Programa sobre Migración y Desarrollo, que buscará la creación de iniciativas productivas para las familias que se quedan y para quienes son deportados de Estados Unidos, que según datos de su Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sumaron unos 19.000 en 2011, una cifra parecida a la de años anteriores.

"Donde se encuentren salvadoreños, queremos que haya una protección humanitaria por parte del Estado", dijo a IPS la diputada Karina Sosa, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quien participó en la comisión legislativa que dio curso al proyecto.

La normativa supone una coordinación de alto nivel entre autoridades salvadoreñas y sus contrapartes de México, territorio de tránsito de inmigrantes, y de Estados Unidos, punto habitual de llegada.

Tras su conformación, el Consejo tendrá la responsabilidad de elaborar y verificar el cumplimiento de una política integral de protección y de desarrollo del emigrante y sus familias.

"La idea es que las propuestas del Consejo realmente pesen", comentó Gilma Pérez, experta en asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).

"Por la diversidad de las organizaciones y entes que lo compondrán, es de esperar que el Consejo juegue un rol importante", agregó.

Uno de los componentes novedosos de la ley es la creación de un Fondo Especial de Repatriación de Fallecidos y Heridos, que dará un aporte de dinero a todas las familias que no tengan los recursos para repatriar los restos de sus familiares muertos en tránsito o en el país de destino.

La guerra civil (1980-1992) y las condiciones de pobreza que aún persisten nutrieron la constante salida de salvadoreños y salvadoreñas de su país, especialmente en la década del 80 y hacia Estados Unidos, donde se calcula que hoy viven 2,7 millones de personas de este origen.

Se estima que aún parten diariamente entre 200 y 300 emigrantes rumbo a la potencia del Norte de forma irregular, buscando un mejor futuro para ellos y sus familias. Eso los obliga a afrontar todo clase de riesgos en la travesía, ya sea en Guatemala como, sobre todo, en México.

Organizaciones civiles que abordan el fenómeno de la emigración han documentado los casos de abusos de salvadoreños por parte de autoridades fronterizas de México, así como las desapariciones y muertes en ese país a manos de sicarios vinculados a las mafias de narcotraficantes.

Alrededor de 72 inmigrantes indocumentados fueron masacrados en agosto de 2010 por miembros del grupo narcotraficante Los Zetas en la localidad mexicana de El Huisachal, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas. Entre las personas asesinadas había 14 salvadoreños, 21 hondureños y 10 guatemaltecos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), elaboraron en diciembre pasado el Mapa de las Migraciones Salvadoreñas, que entre otras cosas señala los puntos de riesgo localizados en el largo trayecto emprendido hacia territorio estadounidense.

El Comité de Familiares de Migrantes y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) asegura que las desapariciones de connacionales en México llegan a 319 desde 2006, de los cuales 60 han sido esclarecidas. Pero esta organización no gubernamental, que el 11 de este mes presentó la documentación respectiva para ser considerada en el proceso de selección del Consejo, cree que los casos pueden ser más.

"Queremos participar en el Consejo, para que dentro de sus propuestas se aborde el tema de los asesinados y desaparecidos en México", indicó a IPS la abogada Lissette Campos, de Cofamide.

Miembros de esa organización humanitaria se concentraron este mes frente a la embajada de México en San Salvador para exigir al gobierno de ese país que conforme un equipo de antropólogos forenses para ayudar a encontrar y a reconocer los cadáveres de inmigrantes.

La movilización hizo hincapié en evitar que los inmigrantes muertos sean sepultados en fosas comunes, reiterando el pedio hecho el 23 de marzo en una audiencia celebrada en Washington en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otro tema que Cofamide está interesado en impulsar desde el Consejo es la problemática surgida a raíz del quiebre familiar que se da cuando los padres salen del país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias, dejando a sus hijos con otros parientes, fundamentalmente con abuelos.

Mientras este instrumento finalmente parece que levantará vuelo, se escuchan críticas consistentes. Se precisa que una de las debilidades de la ley es no haber considerado que El Salvador es, a su vez, territorio de tránsito migratorio, sobre todo para sudamericanos e incluso asiáticos que llegan a la región para luego seguir camino hacia Estados Unidos.

De hecho, la prensa local ha informado de los constantes abusos que sufren inmigrantes de Nicaragua y Honduras, llegados y asentados en la zona oriental salvadoreña.

"No es congruente que velemos por la defensa de nuestros connacionales y que, por otro lado, violentemos los derechos de los que transitan por nuestro territorio. Perdemos coherencia, y ese problema lo tiene que resolver el Consejo", reclamó Pérez, del Idhuca.

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100741

Demandan cambios al programa de Comunidades Seguras en Estados Unidos.

Activistas reiteran que política de deportaciones del gobierno de Obama sigue batiendo récords


Cinco meses después de advertir que un polémico programa de deportaciones será obligatorio en todos los estados a partir de 2013 y cuando crecen las dudas sobre un programa temporal que revisa miles de casos de extranjeros con orden de expulsión del país, el diario The New York Times y activistas pro inmigrantes pidieron a la Administración de Barack Obama que modifique Comunidades Seguras.

El diario precisó que el gobierno del presidente Barack Obama debe hacer cambios más sustanciales en el programa y cumplir las promesas de usar la sensatez en casos pendientes de deportación.

El programa Comunidades Seguras fue ideado bajo la Administración republicana de George W. Bush (2001-2009) y forma parte de las medidas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

The New York Times indicó que pese a que el gobierno anunció en abril un plan para reformar Comunidades Seguras, que obliga a las policías locales (estatal y municipal) a colaborar en la búsqueda de indocumentados, el sistema no redujo el número de detenciones.

En los tres años de gobierno de Obama se han roto todos los récords de deportaciones en Estados Unidos. En 2011 fueron expulsados más de 397 mil, y en los dos años anteriores las cifras fueron similares. El gobierno asegura que la mayoría de expulsados eran criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten que entre seis y siete de cada 10 deportados no tenía antecedentes criminales que los convirtiera en una amenaza para la seguridad nacional.

¿Debería el gobierno federal revisar o cancelar el programa Comunidades Seguras? Participe en el Foro de Inmigración.

Detalles del plan

De acuerdo con las reglas del programa, cuando un indocumentado sea detenido por un agente local por violar una ley de tránsito, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidirá si lo mantiene detenido para su deportación, sólo después que haya sido condenado, no antes.

The New York Times dijo que, en teoría, ese cambio podría reducir el número de personas arrestadas y deportadas, "pero eso es improbable. Y no arregla las fallas fundamentales en un programa desacreditado".

Activistas pro inmigrantes temen que al término delo año fiscal 2012 la cifra de deportados sobrepase los 400 mil, estableciéndose una nueva marca de extranjeros expulsados de Estados Unidos.

"El pronóstico es preocupante", dijo a Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaci0nes de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).

Lluvia de críticas

La Administración Obama ha enfrentado fuertes críticas por parte de agencias de policía y defensores de los inmigrantes por detener demasiados delincuentes menores y no criminales a medida que se expande el programa Comunidades Seguras, y aumenta el número de deportaciones.

En agosto de 2011 la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) anunció una nueva política que incluye el uso de la "discrecionalidad judicial" y que sus agentes se abstengan de perseguir personas que no representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que la medida no se trataba de una amnistía y recomendó a inmigrantes con orden de deportación consultar con un abogado antes de dar cualquier paso en busca de la cancelación de sus procesos de expulsión del país.

Pese a ello, The New York Time dijo que la acción ejecutiva de agosto no ha llevado a ningún cambio significativo en la política de deportaciones y que las cifras siguen siendo elevadas.

Grupos pro inmigrantes también cuestionan que los favorecidos en la revisión de 300 mil casos de deportación constituyen menos del 7.5%, y advierten que los beneficiados con la medida permanecen en un limbo migratorio sin posibilidades de conseguir una autorización de empleo.

Cuestión de agallas

"El presidente heredo un sistema quebrantado y desgraciadamente su administración no se empeñó lo suficiente en tratar de corregirlo", dijo Cabrera. "Al contrario, lo que pensaron es que mientras se conseguía un acuerdo en el congreso con la reforma migratoria, ellos (el gobierno) se iba a enfocar, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en aplicar la ley tan duro como fuera posible".

El activista agregó que todo parece indicar que los asesores del presidente no calcularon bien "el costo político" de las deportaciones, y que tres años más tarde "nosotros sentimos que esto es una falla grave tanto del presidente como de su Administración, no solo hacia las familias inmigrantes, sino hacia el pueblo estadounidense".

"El no puede darnos la cara y decirnos que está preocupado por nosotros. Creemos que debe tener las suficientes agalladas para tomar medidas administrativas y hallar una solución. Una de ellas es cerrar el programa Comunidades Seguras. Sería ideal, porque es el embudo que permite la detención, el arresto y la deportación de miles de personas que no son un peligro para la sociedad".

Añadió que Comunidades Seguras "es un programa tan eficaz, tan silencioso, que no necesitamos helicópteros o redadas, o miles de agentes de la Patrulla Fronteriza para implementarlo. Este programa, en silencio, hace el trabajo sucio que la Administración Obama no quiere aceptar que está haciendo. Se trata de un programa reprochable que demuestra cobardía y falta de visión por parte del gobierno".

Como la Ley de Arizona

Para el activista Juan José Gutiérrez, director del Center for Education and Immigration Services, en Los Angeles, California, el Presidente Obama "debería eliminar" el programa Comunidades Seguras y revisar a fondo su política de deportaciones.

"Si bien es cierto que el gobierno tiene la obligación de enforzar la política migratoria, Comunidades Seguras debilita ese argumento y lo coloca como la Ley de Arizona que está cuestionando, porque ambos utilizan a las policías locales y permite que los agentes discriminen a la población hispana y que por su apariencia los entreguen a la migra".

"Comunidades Seguras es básicamente eso lo que plantea, una colaboración con las policías locales" para arrestar a indocumentados. "Y la ley migratoria SB 1070 de Arizona es exactamente Comunidades Seguras. Es un serio problema", dijo.

El activista agregó que "por un lado el gobierno de Obama condena a Arizona por la Sb 1070, pero por otro tiene vigente Comunidades Seguras y a policías locales colaborando con el gobierno federal. Se trata de una posición es totalmente incorrecta. El gobierno federal no debe involucrar a los cuerpos policíacos locales en el enforzamiento de las leyes de inmigración porque eso viola la constitución. Por eso debe cancelar Comunidades Seguras ahora y no esperar para cuando sea demasiado tarde".

Falta de capacitación

El diario también resalto que el problema con la "discreción" y Comunidades Seguras, es que muchos de los agentes de policía locales (estatal y municipal) no están capacitados de manera adecuada en el tema de migración, y que el acoso contra los inmigrantes continúa.

El abogado José Pertierra opinó que las leyes de inmigración soin todavía "más complejas y difíciles" que las leyes de impuestos en Estados Unidos.

The New York Times también reportó que la confianza entre comunidades de inmigrantes y el programa federal se ha visto seriamente afectada, debido a que las personas tienen demasiado miedo a denunciar los delitos y cooperar con la policía.

Las agencias de policía han tratado sin éxito revertir el medio generado por el programa.

Obligatorio en 2013

En enero, el diario Los Angeles Times dijo que de acuerdo con un documento interno del DHS, el polémico programa será obligatorio en los 50 estados a partir de 2013. E indicó que de acuerdo con el documento, la Administración de Obama está determinada a volverlo obligatorio en vez de permitir que los gobiernos estatales opten por cooperar o rechazarlo.

El plan Comunidades Seguras fue implementado por el DHS en 2008 para detectar a inmigrantes que hayan cometido delitos criminales graves y deportarlos.

Grupos y organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes, abogados, líderes religiosos, congresistas, gobiernos estatales y grupos que defienden los derechos civiles, entre otros, han cuestionado el programa y argumentan que contiene errores que han permitido deportar a miles de inmigrantes que no han cometido delitos graves que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos.

De qué se trata

Comunidades Seguras es una base de datos que maneja el DHS y que permite a los agentes del orden público locales (municipal y estatal) establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto.

Si la prueba biométrica muestra que la persona no tiene estatus legal de permanencia en Estados Unidos, es colocada de inmediato en la lista de sujetos deportables. Lo mismo sucede con individuos que tienen algún tipo de delito o antecedente criminal.

Los individuos deportables son entregados a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE). Una vez en poder de ICE, se abre un proceso de deportación de Estados Unidos.

En noviembre de 2009 ICE aseguró que en su primer año de funcionamiento el programa había identificado a 111 mil inmigrantes deportables en centros de detención locales.

Miles de fichajes

Hasta principios de agosto del año pasado el DHS establecía acuerdos con los estados para poner en funcionamiento la herramienta. Pero ICE envió una carta a los gobernadores indicándoles que ya no era necesario un acuerdo de entendimiento previo para ejecutarlo.

Según el ICE, entre 2009 y 2011 Comunidades Seguras fichó a aproximadamente 11 mil individuos que fueron acusados o condenados por crímenes violentos u otras ofensas serias (crímenes de nivel 1), mientras que otros 100 mil fueron acusados o condenados por crímenes de nivel 2 ó 3.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que ICE no ha provisto un análisis diferenciado de los niveles 2 y 3, y el rango de delitos que entra dentro de cada una de estas categorías es significativamente amplio en términos de gravedad. Esto ha afectado a cientos de personas ya expulsadas.

En el año fiscal 2009, el deportó a poco más de 392 mil indocumentados. De ellos, unos 195 mil tenían antecedentes criminales. Pero organizaciones que defienden a los inmigrantes aseguran que las cifras no son adecuadas.

La OEA advierte que los indocumentados por lo general son transferidos al ICE después de cualquier privación de libertad, independientemente de la seriedad de la causa que dio lugar al arresto, puesto que probablemente son sujetos a deportación aún cuando no exista una condena penal en su contra

Añade que los residentes legales permanentes y otros no ciudadanos que tienen un estatus migratorio válido, por lo general son transferidos a la custodia del ICE luego de haber cumplido una sentencia penal, dado que la mayoría de delitos que resultan en una condena de privación de libertad potencialmente constituyen una causal de deportación y pueden requerir detención obligatoria.


http://noticias.univision.com/inmigracion/noticias/article/2012-05-10/diario-activistas-demandan-cambios-comunidades-seguras