EEUU viola derecho internacional con respuesta a ola migratoria.

Organizaciones de derechos humanos manifiestan su alarma por la forma en que el gobierno de Estados Unidos maneja la inédita oleada inmigratoria de decenas de miles de niños y niñas indocumentados procedentes de América Central.
El presidente Barack Obama anunció que bases militares serán convertidas en centros de detención para albergar a los cerca de 50.000 menores sin acompañante que llegaron a la frontera austral de Estados Unidos en los últimos meses. Datos recientes indican que hasta unos 300 menores de edad son detenidos a diario, aunque las razones de su arribo están en discusión.
Mientras, se acumulan las voces contrarias al plan del gobierno y algunos sugieren que los centros de detención violarían las obligaciones internacionales que Estados Unidos suscribió en materia de derechos humanos.
“Nos inquieta mucho saber que el gobierno de Obama tiene previsto abrir más centros de detención de familias, comenzando con uno grande en Nuevo México”, declaró Clara Long, de la organización Human Rights Watch.
“Hay evidencias de que la detención de niños causa un daño grave y a veces duradero, lo cual incluye a la depresión, la ansiedad y el daño cognitivo. Es por eso que la detención de niños por su situación migratoria está prohibida por el derecho internacional”, aseguró en diálogo con IPS.
El viernes 27, el Centro de Detención de Artesia, en Nuevo México, comenzó a recibir familias, en su mayoría mujeres con hijos, con la intención de deportarlos en un plazo de dos semanas.
En 2009, Estados Unidos detuvo a menos de 20.000 menores de edad por cargos de inmigración. Sin embargo, entre octubre de 2013 y mayo se registraron más de 47.000 detenciones, un aumento superior a 50 por ciento.
Tras el notable incremento en el ingreso de niños con problemas de refugiados, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entrevistó a más de 400 niños y niñas sobre las experiencias que tuvieron en sus países de origen.
El organismo mundial concluyó que casi 60 por ciento cumplía con los requisitos para recibir protección internacional, en lo que consideró un cálculo conservador.
“Escuchamos relatos de niños que vieron a sus compañeros de aula torturados, desmembrados, amenazas contra las niñas”, declaró el miércoles 26 Leslie Vélez, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Esto no tiene que ver solo con las pandillas, sino con grupos armados criminales, tráfico de drogas, carteles, organizaciones criminales transnacionales. Todas operan con una impunidad cada vez mayor”, añadió la funcionaria.
La detención como disuasión
Cuando un niño o niña es detenido en la frontera, normalmente se lo retiene en una estación de la patrulla fronteriza y, en el plazo de 72 horas, se lo traslada a una oficina federal de reasentamiento. A continuación, en 90 por ciento de los casos, se lo deja en manos de un tutor en Estados Unidos, por lo general un familiar, y luego debe comparecer ante un tribunal.
La oleada creciente desde 2013, sin embargo, significa que muchos niños y niñas permanecen en las oficinas de control fronterizo más allá del límite de 72 horas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones no gubernamentales presentaron una queja contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que incluye más de 100 denuncias de abuso físico, verbal y sexual de parte de los agentes contra los niños.
“Tenemos que sacar a la gente de la frontera y tramitarlos, por lo que no nos oponemos necesariamente a un centro de detención de corto plazo”, señaló Michelle Brane, de la Comisión de Mujeres Refugiadas, una organización activista, a IPS.
“Pero se habla mucho de ‘parar la corriente’, de usar la detención como forma de disuasión, y estamos en contra de eso. Impedir que la gente tenga acceso al asilo incumple el derecho internacional de los refugiados”, afirmó.
Líbano, Egipto y Jordania recibieron a millones de refugiados sirios en territorios mucho menores que el de Estados Unidos, que suele pedirle a los demás países que cumplan con las normas internacionales de protección, señaló Brane. “Los números aquí son pequeños en comparación”, recordó.
En 2006, Brane visitó un centro de detención donde encontró niños estresados, que perdían peso y no podía salir a la calle.
“Cuando les preguntamos a los niños y sus madres cómo les iba, rompían a llorar… no existe una manera humana de encerrar a los bebés”, destacó.
Brane asegura que existen alternativas comunitarias más baratas y eficientes que los centros de detención, en las que los migrantes indocumentados comparecen ante los tribunales 96 por ciento de las veces.
Otros opinan que las condiciones actuales no son tan malas.
“Todos los que pasan por allí definitivamente sienten que no es un lugar ideal para los niños. ¿Pero se atienden las necesidades básicas de los niños? Así es”, aseguró  Juanita Molina, directora ejecutiva de la organización independiente Red de Acción Fronteriza, sobre su reciente visita a un centro de detención en Arizona.
Muchos funcionarios hacen lo mejor que pueden en su trato con los niños, y algunos de los centros tienen juguetes, añadió. Pero la falta de instalaciones y de personal puede derrotar incluso a los empleados con las mejores intenciones, advirtió Molina a IPS.
“El gobierno federal debe replantearse la forma en que ve esta situación, no como una crisis de detención, sino como una crisis humanitaria y de refugiados”, añadió.
Molina y Brane cuestionaron la velocidad oficial para tramitar los casos. El viernes 27, el gobierno de Obama anunció que procesaría los casos en el centro de detención de Artesia en un plazo de 10 a 15 días.
“La falta del debido proceso parece una irresponsabilidad”, expresó Molina. “Es posible que sea legal, pero no es moral”, afirmó.
Las causas subyacentes
Especialistas en migración argumentan que la causa subyacente del problema es la violencia en América Central y no las políticas permisivas de inmigración en Estados Unidos, como sostienen legisladores conservadores en este país.
“Esta inmigración infantil no es consecuencia del fracaso de la seguridad fronteriza”, dijo a IPS la analista Michelle Mittelstadt, del Migration Policy Institute, un centro de investigaciones de Washington.
“Es el resultado de factores de presión profunda en América Central, la violencia, la inestabilidad y la falta de oportunidades económicas, junto con las consecuencias, a veces involuntarias, de leyes, políticas y fallos judiciales de Estados Unidos humanos y bien intencionados”, señaló.
Y de “las redes de contrabando humano cada vez más sofisticadas que les comunicaron a los centroamericanos que sus hijos puedan entrar a Estados Unidos”, añadió Mittelstadt.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció desde Guatemala el 20 de junio que Washington destinará 254 millones de dólares de ayuda para frenar la violencia en América Central.
“La respuesta de la administración de Obama, hasta ahora, acierta en algunas de las respuestas inmediatas y a largo plazo necesarias para lidiar con este aumento importante de la corriente” inmigratoria, según Mittelstadt.
“Las diversas formas de asistencia para América Central representan un reconocimiento de los factores profundos en la región que son responsables de una parte de la corriente inmigratoria, como la pobreza endémica, la falta de oportunidades económicas y la violencia de las pandillas”, destacó.
Pero no queda claro si la nueva ayuda representa un compromiso de una sola vez o es algo a largo plazo, agregó.
Tampoco está claro el efecto que esta crisis tendrá sobre los intentos legislativos de reformar las políticas de inmigración de Estados Unidos.
“Creo que esta crisis pone de relieve la urgente necesidad de una reforma migratoria integral”, dijo Long, de Human Rights Watch.
“La reforma migratoria abordaría simultáneamente los abusos en curso a los derechos humanos en el sistema de inmigración, incluida la separación de las familias y las comunidades que viven con miedo. También proporcionaría certeza acerca de la ley y quienes son elegibles o no para el estatus legal”, concluyó.

Por Michelle Tullo
http://www.ipsnoticias.net/2014/06/eeuu-viola-derecho-internacional-con-respuesta-a-ola-migratoria/

La crisis anunciada de los niños migrantes de América Central.

A principios de mayo, la Casa del Migrante de Irapuato, en el centrooccidental estado de Guanajuato, en México, recibió a un grupo de 152 personas procedentes de Honduras que pertenecían al grupo étnico afrocaribeño garífuna. De ellas, 60 eran niños y niñas.
“Fue un domingo”, recordó Bertha, la cocinera. “Venían con niños de todas las edades, desde bebés. Estuvieron solo unas horas, se bañaron, comieron y se fueron. Tampoco hablaban mucho. Le pregunté a una de las mujeres si estos niños no van a la escuela y solo me dijo: ‘no madre, ahorita no podemos’ y calló”, describió a IPS.
Entre mayo y junio, este albergue recibió más de 400 niños, mayoritariamente provenientes de Honduras. Viajaban en grupos grandes. Solo una vez, se quedaron más de cuatro horas.
“Hablaron muy poco, no nos dijeron cómo viajaban, aunque sabemos que no venían en el tren; tampoco quisieron decir qué camino seguirían”, contó a IPS la responsable del albergue, Guadalupe González.
Unos 1.000 kilómetros al sureste, en LA72 Hogar Refugio para Migrantes de Tenosique, un municipio del estado de Tabasco en la frontera con Guatemala, también viven el cambio.
Comenzaron a detectar un incremento considerable de jóvenes migrantes de 14 a 18 años no acompañados, de mujeres con niños pequeños y grupos de garífunas, que antes eran esporádicos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.
México tiene en el norte de su territorio una frontera con ese país de 3.152 kilómetros, mientras al sur limita con Guatemala, con 956 kilómetros, y Belice, con 193 kilómetros. Entre las dos fronteras hay unos 3.200 kilómetros de largo en línea recta. Pero las seis rutas migratorias suman más de 5.000 kilómetros de recorrido de sur a norte.
El mismo patrón que en otros hospedajes se registró en el Albergue Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, capital del nororiental estado de Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, donde a partir de mayo la afluencia de niños pasó de un promedio de cuatro cada mes, a cuatro cada día.
“Es una situación extremadamente alarmante”, dijo a IPS el sacerdote Pedro Pantoja, responsable del albergue y un gran especialista en asuntos migratorios.
Aún no está claro qué originó este éxodo de niños y niñas centroamericanos, muchas veces solos, que ya desbordó la capacidad de atención de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos y provocó una crisis humanitaria en ese país, según lo declaró su presidente, Barack Obama.
Los defensores de los migrantes en México lo atribuyen al esparcimiento de rumores sobre la regularización futura para quienes entren a Estados Unidos siendo niños.
Eso es, al menos, es lo que motivó a Delsy, un joven hondureña de 20 años que aparenta unos cuantos menos, a emprender el camino rumbo al norte, dejando atrás a su madre, cuatro hermanos y a su pequeño hijo de 15 meses.
“Me dijo una persona que si me pongo de menor de edad, en (la noroccidental ciudad fronteriza de) Tijuana puedo pasar a Estados Unidos. Que sí se puede, porque así pasó ella”, dijo a IPS en el albergue de Irapuato, poco antes de subirse al tren que la llevaría a la frontera.
Desde octubre de 2013, más de 52.000 menores de edad han sido detenidos en Estados Unidos. En Texas y Arizona, dos estados fronterizos con México, los centros de detención y bases militares están saturados, y los menores permanecen hacinados a la espera de su deportación.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFrayMatías), en la sureña ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, habían documentado el aumento sistemático en el flujo y detención de la población infantil desde 2011.
Sin embargo, ninguno de los gobiernos involucrados tomó medidas para contenerlos. Lo que sí cambió fue el lugar de procedencia, pues antes de 2014, México era el principal país de origen de la niñez migrante.
En cambio, del 1 de octubre de 2013 al 15 de junio de 2014 las autoridades estadounidenses detuvieron a 15.027 niños de Honduras, 12.670 de Guatemala, 12.146 de México y 11.436 de El Salvador, de acuerdo con datos del Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de ese país.
El Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, relacionó estos nuevos lugares de origen de los menores con los índices de violencia.
“Hay una crisis humanitaria, no solo en Estados Unidos, sino en el triángulo norte de Centroamérica, principalmente en Honduras, que obliga a salir de la región a niños y niñas y personas víctimas de la violencia social y política”, dijo a IPS el activista Diego Lorente, del CDHFrayMatías.
El problema puede ser peor, porque miles de menores migrantes que salen de estos lugares no llegan a Estados Unidos. Las organizaciones humanitarias estiman que cuatro de cada 10 niños de este éxodo ni siquiera llegan a la frontera norte.
Algunos son detenidos en México. El gubernamental Instituto Nacional de Migración informó que entre del 1 de enero y el 26 de junio había “rescatado” a 10.505 menores migrantes, que están en proceso de ser deportados a sus países.
Pero hay muchos más que simplemente desaparecen en el territorio mexicano.
“Es una sangría espantosa. Son niños de 13 a 16 años, que van derechito tanto a la trata sexual, a la trata laboral, a ser masacrados, a ser desaparecidos, y también a ser sicarios”, dijo Pantoja, del albergue de Saltillo.
En Estados Unidos, la ley establece que los niños deben ser procesados en las 72 horas posteriores a su detención. La salida que tiene la mayoría es que un familiar los reclame legalmente o que permanezcan en albergues por mucho tiempo. Y al cumplir la mayoría de edad deberían ser deportados.
El 30 de junio, Obama anunció que su reforma migratoria entró en punto muerto en la Cámara de Representantes, dominada por el opositor y derechista Partido Republicano, por lo que a partir de ahora gobernará por decreto para intentar resolver la crisis.
Pero el problema no tiene una salida sencilla. Según las autoridades hondureñas, en lo que va del año, unos 3.000 niños han desertado de las clases para emprender el “sueño americano”.
“En centros educativos de las comunidades garífunas de la costa norte del país están registrando que muchos niños están desertando de las clases porque salen del país con sus padres o personas particulares rumbo a Estados Unidos”, publicó el 28 de junio el diario hondureño La Tribuna.
“Se corrió el rumor, se salió de control, y ahora parece que no hay forma de detenerlos”, dice Guadalupe González, en el albergue de Irapuato, mientras dos jóvenes hondureñas se alejan, convencidas de que si logran llegar a la frontera podrán cruzarla con solo decir que son menores de edad.

Por Daniela Pastrana
http://www.ipsnoticias.net/2014/07/la-crisis-anunciada-de-los-ninos-migrantes-de-america-central/

Cuando a la naturaleza se le pone precio

¿Cuánto cuesta un bosque? ¿Cuál es el valor económico de un océano? ¿Se puede pagar por un bosque alpino o una pradera glacial? ¿Estos cálculos salvarán al planeta o subordinarán la naturaleza a las fuerzas del mercado?
La Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe International) dio a conocer en el último día de su segunda Cumbre Mundial, celebrada en Ciudad de México entre el viernes 6 y el domingo 8, un estudio sin precedentes sobre la contabilidad del capital natural, que es la primera compilación integral de las iniciativas jurídicas y políticas de 21 países para calcular el valor monetario de los recursos naturales.
“El Estudio sobre la legislación climática de Globe” define al “capital natural” como todo lo que abarcan los ecosistemas, la energía solar, los yacimientos de minerales y los combustibles fósiles, entre otras cosas.
Reconoce el impacto degradante de la actividad humana para el ambiente y subraya la “urgente necesidad de desarrollar métodos y medidas eficaces para contabilizar el capital natural, y de incorporarlos a los marcos legales y de política pertinentes”.
“El informe fue concebido en gran medida como una asociación de aprendizaje Norte-Sur”, explicó el reconocido científico Ben Milligan, un investigador del Centro de Derecho y Medio Ambiente de la Universidad College de Londres.
“Se le dio igualdad de voz a todos los aportes”, dijo a IPS, viniesen de la Secretaría Internacional de Globe o de los 21 grupos de los países incluidos, de los cuales cinco eran de Asia, tres de Europa, siete de África y seis de América.
Los autores encontraron, según Milligan, que existe un alto apoyo político al reconocimiento de que “además de los importantes valores culturales, espirituales y estéticos de la naturaleza, esta también proporciona bienes y servicios esenciales para nuestro bienestar y existencia económica”.
El informe incluye conclusiones alarmantes. En Perú, por ejemplo, donde el enfoque de las cuentas de capital natural se vincula a la valoración económica, el Ministerio del Ambiente encontró que “el valor total de los servicios de los ecosistemas seleccionados en 2009 asciende a 15.300 millones de dólares”.
Desglosado, esto representa 2.500 millones de dólares procedentes del agua y la energía, 8.000 millones de dólares de la agricultura, la silvicultura y la ganadería y 864 millones de dólares de la pesca, mientras las exportaciones de capitales naturales generaron nueve millones de dólares en 2009
“Los servicios de los ecosistemas son la base productiva de sectores como la pesca, la agricultura, la manufactura, el turismo y la industria farmacéutica” de Perú, señala el informe. El gobierno ya utiliza varias herramientas para medir la salud del medio ambiente, incluso el informe anual Estado del Ambiente, redactado por el Sistema Nacional de Información Ambiental.
En República Democrática del Congo (RDC) se sabe que una extensa red de lagos y ríos cubre 3,5 por ciento de la superficie total del país, mientras los bosques, que albergan más de 700 especies identificadas de árboles, abarcan 60 por ciento. El sector forestal genera dos por ciento del producto interno bruto (PIB).
El Banco Central congoleño estima que las industrias extractivas aportaron 45 por ciento del PIB en 2010, y la minería sola representó casi 34 por ciento.
El gobierno procura fortalecer el marco legal y regulatorio del sector. Así, realiza investigación geológica y minera para ampliar su conocimiento del suelo y el subsuelo, y evaluaciones ambientales del impacto de la minería.
“No podemos vender la vida”
Los defensores de la contabilidad del capital natural sostienen que el sistema modelará el comportamiento del gobierno y fomentará el uso sostenible de los recursos, mientras otros advierten que el cálculo de la “riqueza natural” es un paso más hacia la mercantilización completa del planeta.
“La evaluación de los servicios y las funciones ecológicas de la naturaleza puede funcionar en ambos sentidos”, explicó IPS la ecologista Vandana Shiva, fundadora de la Fundación de Investigación sobre Ciencia, Tecnología y Ecología en India.
Comprender el valor que tienen los ecosistemas estables y sanos es “necesario y bueno”, dijo. “Pero en el momento en que se toma un sistema complejo con numerosas funciones y se lo reduce a una sola función que puede ser apropiada y comercializada, ya se está fallando. Después de todo, la moneda de la vida es la vida, no el dinero”, aseguró.
Shiva, autora de muchos libros y publicaciones, se refirió a la Cumbre de los Pueblos que se realizó de forma paralela a las negociaciones de alto nivel de la conferencia del medio ambiente en Brasil en 2012, apodada Río +20.
Entonces, activistas, grupos indígenas y científicos rechazaron la idea de una economía verde basada en la financiarización de los servicios ecológicos, por el temor de que ignorara las causas básicas de la destrucción ambiental.
Uttarakhand, un estado del norte de India, ofrece un claro ejemplo de este debate, ya que recientemente se convirtió en el primer estado indio en calcular su producto ambiental bruto.
Con sus exuberantes valles y praderas alpinas, este estado del Himalaya es uno de los más verdes de India, y conserva casi 60 por ciento de sus bosques a pesar de los decididos esfuerzos para despejar la tierra para la construcción.
El estudio de Globe International señala que varios informes valoraron la tierra de Uttarakhand en aproximadamente 5.000 a 7.000 mil millones de dólares al año. El gobierno ofreció al estado un ‘subsidio ecológico’ de 300 millones de dólares al año a cambio de preservar la riqueza de su tierra.
Shiva opina que el subsidio solo sirve para distraer la atención de problemas más acuciantes, como la deforestación y el derretimiento de los glaciares en el estado norteño que provocaron graves inundaciones en 2013. La Corte Suprema de India reconoció que las presas y proyectos hidroeléctricos agravaron el trágico desastre en la zona.
Esto demuestra que “la valoración es buena si le muestra una luz roja a la destrucción. Sin embargo, cuando la valoración se convierte en un precio, solo ofrece una luz verde para destruir de manera más inteligente”, agregó Shiva.
Otros temen que la contabilidad del capital natural pisotee los derechos de los indígenas.
Según Hugo Blanco, dirigente de la Confederación Campesina del Perú, la tabulación de la “riqueza natural” de un país no corregirá la pirámide del poder que coloca a las empresas trasnacionales en la cima y a la población indígena y el medio ambiente en la base.
“Un ejemplo es el proyecto Conga”, señaló Blanco a IPS, refiriéndose a la iniciativa de minería de oro y cobre en la norteña región peruana de Cajamarca, que amenaza con envenenar el agua de 40 lagunas de alta montaña, que a su vez nutren a unos 600 acuíferos y abastecen de agua potable y de riego a miles de campesinos, antes de fluir hacia los cinco grandes ríos que desembocan en los océanos Atlántico y Pacífico.
Peor persiste, advierte Blanco,  la amenaza de la construcción de una presa que, de concretarse, inundará el territorio de cientos de campesinos con el fin de suministrar electricidad a la mina.
“Este es un sistema de locos”, afirmó. Estos proyectos revelan el real compromiso del gobierno peruano, no con las leyes nacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas o el medio ambiente, sino con las empresas multinacionales, aseguró.
Blanco cree que su país es un perfecto ejemplo de las deficiencias inherentes al sistema de valoración que le fija un precio a la naturaleza.
Perú es uno de los 10 países “megadiversos” del planeta, según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y ocupa el primer lugar en número de especies de peces (más de 2.000), el segundo en aves (1.736) y el tercero en anfibios (322).
“Sería una gran estupidez vender esta riqueza, no importa cuántos miles de millones de dólares se obtengan”, insistió Blanco. “No podemos vender la vida”.

Por Kanya D'Almeida
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Migraciones y migrantes.

Las migraciones humanas son un fenómeno tan viejo como la Humanidad misma. De acuerdo a las hipótesis antropológicas más consistentes se estima que el primer ser humano, el Homo habilis, hizo su aparición en un punto determinado del planeta (el centro de África) y de ahí migró por toda la faz del globo. De hecho el ser humano es el único ser viviente que ha migrado y se ha adaptado a todos los rincones del mundo, cosa que ningún otro ser vivo, animal o vegetal, ha podido hacer.
Las migraciones no constituyen una novedad en la historia; siempre las ha habido, y generalmente han funcionado como un elemento dinamizador del desarrollo social. Hoy día, sin embargo, y desde hace varios años con una intensidad creciente, se plantean como un “problema”. Pero… ¿problema para quién?
La gente ha migrado históricamente de un sitio a otro: a) forzada por las circunstancias algunas veces, y b) voluntariamente otras, casi como aventura personal. En este último caso la población migrante buscó nuevos horizontes simplemente movida por el humano afán de conocer cosas nuevas, del descubrimiento. Las primeras, las migraciones forzosas, se han debido a diversas causas, pero en general puede afirmarse que aparecen ligadas a contingencias naturales: catástrofes, hambrunas, empeoramiento en las condiciones de habitabilidad de una región. Sólo recientemente el fenómeno ha adquirido una dimensión masiva de proporciones antes nunca vistas, apareciendo motivado por razones de orden puramente social: guerras, discriminaciones, persecuciones, pero más aún, y fundamentalmente: pobreza. Sólo en la segunda mitad del siglo XX puede decirse que empieza a constituirse en un verdadero problema, perdiendo definitivamente su carácter de factor de progreso, de aventura positiva. Hoy por hoy, 3.000 personas diariamente huyen de la pobreza de los países del Sur buscando oportunidades en el Norte próspero y desarrollado.
La forma que ha adquirido el desarrollo actual del sistema-mundo centrado en el modelo capitalista es paradójica: la riqueza y el bienestar crecen a pasos agigantados para algunos, los menos, pero para muchísimos otros también crece –en forma inversamente proporcional– su marginación, su falta de posibilidades, su precariedad. La dinámica social en curso, curiosamente, aunque se amplía en potencialidades productivas, en tecnologías más efectivas, en acceso al confort, no termina de resolver problemas ancestrales de la Humanidad en cuanto a mejoramiento de las condiciones de vida sino que, por el contrario, para una gran mayoría, las empeora. Ello fuerza movimientos migratorios cada vez más masivos… ¡y desesperados!
Las guerras, quizá la peor catástrofe no natural, desde siempre han sido un factor determinante de migraciones. Las llamadas “guerras de baja intensidad” de las últimas décadas, incluidas aquellas desarrolladas en el marco de la Guerra Fría (fría para las dos superpotencias enfrentadas, terriblemente caliente para los países del Tercer Mundo donde en verdad se libró), han dejado un saldo de migrantes forzosos como nunca anteriormente se había contabilizado. Seguramente contribuye a estos movimientos cada vez más masivos de población la proliferación de comunicaciones más desarrolladas en todo el mundo que achican distancias globalizando y homogeneizando posibilidades y alternativas. En estas migraciones forzosas prácticamente se huye por una imperiosa necesidad de sobrevivencia, es cuestión de vida o muerte.
Pero hay otras migraciones igualmente masivas, donde la población escapa de circunstancias quizá no tan mortíferas como una guerra, pero igual o peor de nocivas: se huye de la pobreza (¡que también es de vida o muerte!). Eso es demostrativo de los tiempos que corren: el sistema capitalista mundial crea unos pocos focos de prosperidad y empobrece brutalmente a las mayorías populares. No habiendo opción en sus países de origen, esas enormes masas de pobres buscan el bienestar de esas islas de salvación.
Las penurias que deben pasar los migrantes en su marcha hacia la supuesta salvación son enormes, terribles. En estos últimos años de crisis sistémica, esas penurias se acrecentaron. Y justamente por esa crisis global del sistema capitalista, las condiciones de recepción de migrantes en el Norte se ponen cada vez más duras, más denigrantes incluso.

Hay ahí una doble moral en juego: por un lado se aprovecha la mano de obra barata, casi regalada, que llega a los bolsones de desarrollo en el Norte; y por otro, se le pone trabas cada vez mayores alentándola a no migrar. Es real que la crisis económica hace que muchos trabajadores oriundos de los países desarrollados estén escasos de trabajo, pero el endurecimiento de los obstáculos migratorios con los trabajadores del Sur busca no sólo desestimularlos sino también –¿básicamente?– chantajearlos, pagando salarios bajísimos y ofreciendo condiciones de super explotación. El antiguamente llamado “ejército de reserva industrial”, es decir: las poblaciones desocupadas y siempre listas a trabajar por migajas, no ha desaparecido. Hoy se presenta como fenómeno global, mundial. Se lo declara problema, pero al mismo tiempo es lo que ayuda a mantener bajos los salarios.

No hay dudas que ese endurecimiento torna el viaje de los migrantes una verdadera pesadilla. Luego, si sobreviven a condiciones extremas y logran ingresar a las “islas de salvación” (Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón), su estadía allí, en general en condiciones de irregularidad, aumenta la pesadilla.

Ahora bien –y ahí está el sentido de este escrito–, permítasenos esta reflexión: suele levantarse la voz, lastimera por cierto, en relación a las penurias de los migrantes indocumentados. Suele decirse que la vida que llevan en los países del Norte es deplorable, lo cual es cierto. Y suele exigirse también un mejor trato de parte de esos países para con la enorme masa de migrantes irregulares. Todo eso está muy bien. Es, salvando las distancias, como preocuparse por la situación actual de los niños de la calle. Pero ese dolor, expresado en la lamentación por la situación de esas poblaciones especialmente vulnerables y vulnerabilizadas (los migrantes indocumentados, la niñez de la calle) queda coja si no se ve también la otra cara del problema: ¡la verdadera y principal cara! ¿Por qué hay millones y millones de migrantes que escapan de sus países de origen forzados por la situación económica? La cuestión no es tanto pedir un trato digno en los países de llegada sino plantearse el porqué tienen que escapar.

En vez de quedarnos con la lamentación y victimización del migrante, ¿por qué no denunciar con la misma energía la injusticia estructural que los fuerza a migrar? Pedir que los países de acogida los legalicen no está mal. Pero ¿por qué no trabajar denodadamente para lograr que nadie tenga que migrar en esas condiciones, porque su país de origen no le brinda las posibilidades mínimas de sobrevivencia?

Del mismo modo que nadie debe discriminar ni castigar a un niño de la calle (él es el síntoma visible de un proceso social mucho más complejo), del mismo modo nadie debe excluir, segregar o maltratar a un migrante en condición de irregularidad. Pero ¡cuidado!: si alguien tiene que salir huyendo de su sociedad natal porque ahí no puede sobrevivir, es ahí donde hay que trabajar para cambiar esa injusta y deplorable situación. Llorar por los efectos visibles puede ser muy bienintencionado, pero poco efectivo para afrontar con posibilidades de éxito las inequidades.

 

por Marcelo Colussi

 

http://colarebo.wordpress.com/2014/04/30/migraciones-y-migrantes-una-mirada-critica/

http://hispantv.com/detail/2014/06/02/273943/migraciones-migrantes

Semillas y autonomía campesina .

Los campesinos (nos referimos con este término a todas las personas –hombres y mujeres– que producen alimentos) son los primeros en contribuir a la diversidad bio- lógica. Los campesinos conservan, renuevan y seleccionan las variedades vegetales y las razas animales únicamente en el seno de los sistemas sociales, económicos y cultura- les en los que desarrollan sus producciones. Los campesinos no conciben poseer la vida. Los derechos de los campesinos son lo contrario a un derecho individual de pro- piedad intelectual sobre un ser vivo, al que no podrían reducirse. Los derechos de los campesinos atañen no solo a los recursos genéticos vegetales sino también al conjunto de sistemas de intercambio, incluida la tierra, el agua, los animales, el conocimiento, entre otros. Se trata de derechos colectivos relativos al acceso a los recursos y al uso que hacen de ellos, y han sido reconocidos como tal hasta la imposición en los años 50, como modelo único de referencia, de la reciente agricultura industrial. Los campesinos no pueden aportar su indispensable contribución a la conserva- ción y a la renovación de la diversidad biológica sin el reconocimiento y el respeto de sus derechos a resembrar, conservar, proteger, intercambiar y vender sus semillas. También deben poder acceder libremente a los recursos genéticos de las plantas que cultivan. Las semillas producidas en las fincas y sus intercambios informales son la base de esta contribución. Lamentablemente, esta práctica milenaria está ahora prohibi- da en muchos países por causa de la aplicación de marcos reglamentarios internacionales cada vez más restrictivos. Para los campesinos que cultivan la diversidad biológica, es imperativo elaborar una estrategia global para identificar los espacios institucionales internacionales en los que sus organizaciones, que primero son locales y territoriales, podrían participar en la definición y aplicación de normas y leyes internacionales que determinen el acceso a los recursos genéticos.


Todas las semillas industriales actuales se han originado, directa o indirectamente, de semillas campesinas seleccionadas y conservadas por cientos de generaciones de agricultores. La industria de las semillas las ha normalizado, cruzado o manipulado, pero sigue siendo incapaz de crear nuevas variedades sin utilizar como base las semillas campesinas. Esto explica la estrategia de este sector, muy concentrado3, que busca reunir el máximo de tipos de semillas y conservarlas en grandes bancos de semillas. Los países ricos del norte y el Banco Mundial, que gobiernan con las fundaciones privadas los centros internacionales de investigación agrícola del GCIAI4, han creado bancos de semillas. Para asegurar su acceso gratuito a los campos de los campesinos, en el sur y en el norte, de los que se obtienen todas estas semillas, han debido garantizar el carácter público de estos bancos. En paralelo, la industria de las semillas ha estado extrayendo material de esta reserva "pública" para crear sus propios bancos de semillas totalmente privados.

Alternativas y resistencia a políticas que generan hambre

La evolución reciente de la ingeniería genética permite ahora al sector de las semillas interesarse más por los genes que por las plantas. Habida cuenta de su utilidad ahora reducida, en comparación con las bases de datos de las secuencias genéticas, los bancos de semillas públicos desaparecen en los países del sur (por falta de finan- ciación y voluntad política, cuando no son saqueados por guerras) mientras que los bancos de los países ricos del norte se privatizan cada vez más. Los genes, una vez modificados o simplemente descritos, se surten de patentes que privatizan y obs- taculizan su difusión. De hecho, el sistema industrial de las semillas se basa en la prohibición de los derechos colectivos de los agricultores de utilizar, intercambiar y vender sus semillas, así como en la confiscación y posterior erradicación de las semillas campesinas en beneficio de las nuevas variedades industriales controladas por Certificados de Obtención Vegetal (COV)5, a los que se añaden en la actualidad una o varias patentes. Este sistema no destruye solamente sus propios recursos, sino también la única alternativa para salir de los atolladeros en los que se encuentra atrapado: la dependencia de insumos químicos y de energías fósiles y la mayor vulne- rabilidad frente a la amplificación de las crisis económicas, ambientales y climáticas. Además, una semilla patentada puede provocar en cualquier momento una contaminación en las fincas de los campesinos (véase el caso del maíz autóctono en México6). ¡Se acusa a los campesinos de violar los derechos de propiedad intelectual de la industria cada vez que reproducen sus propias variedades locales contaminadas! Otra estrategia del sector privado para suprimir la competencia de las semillas campesinas es la aplicación de los nuevos reglamentos europeos. Dichos reglamentos tienen como objetivo reemplazar la barrera del acceso al mercado que supone hoy el Catalogo de Variedades7 por barreras medioambientales y sanitarias, mediante el establecimiento de normas de bioseguridad y la privatización de los controles. Será ex- tremadamente difícil para las pequeñas empresas de semillas o para los agricultores a pequeña escala lograr que sus actividades estén en conformidad con estas nuevas normas y se verán de hecho excluidos de toda posibilidad de producir, intercambiar y comercializar sus semillas.

EL RENACIMIENTO DE LAS SEMILLAS CAMPESINAS

Las semillas campesinas son seleccionadas y conservadas in situ en las condiciones de cultivo de los agricultores. Son indispensables para renovar constantemente la adaptación local, la diversidad y la variabilidad. Son las únicas que favorecen la resi- liencia de los cultivos en condiciones cada vez más caóticas debidas en parte a los cambios en el clima. Los campesinos no pueden seleccionar las nuevas variedades que necesitan utilizando las semillas modernas, normalizadas y genéticamente manipuladas por la industria. Solo sus variedades locales tradicionales constituyen una buena base de selección. Sin embargo, en los numerosos países en que han desaparecido de los campos, los campesinos tienen cada vez más dificultades para tener acceso a los bancos de genes en los que están encerradas. Antes de que este acceso se privatice y prohíba definitivamente, es indispensable apoyar y hacer renacer una multitud de sistemas de semillas territorializados y gestionados localmente por los campesinos y las comu- nidades. Aún si la industria y el sector financiero aparecen cada vez más como actores importantes a tener en cuenta, podemos constatar que el sector privado no tiene todavía suficiente fuerza para imponer sus leyes únicamente a través del mercado;

Desde los acuerdos de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, el COV prohíbe o grava las semillas producidas por los campesinos en sus campos. El catálogo oficial de especies y variedades vegetales cataloga las especies y variedades agrícolas importantes económicamente (incluidas las variedades hortícolas, frutales y ciertas plantas con vocaciones ambientales u ornamentales como el césped) que pueden ser comercializadas como "semillas" por la industria de las semillas o los comerciantes.

OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIóN y A LA NUTRICIóN 2013

Requiere políticas públicas que protejan sus intereses mediante legislaciones que le sean favorables, como las que se basan en los derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre las semillas. Por tanto, toda estrategia sobre la gobernanza global de las organizaciones campesinas debe tener en cuenta el seguimiento de las negociaciones de políticas públicas sobre la diversidad biológica agrícola y crear un cabildeo eficaz para mantener un control sobre las acciones de la industria.

EL NUEVO MARCO LEGAL IMPUESTO POR LA INDUSTRIA

Las respuestas exclusivamente genéticas a las cuestiones ambientales y sanitarias (tolerancia a los herbicidas, resistencia a los patógenos y a los climas adversos, etc.) son malas respuestas a problemas que son agronómicos antes que genéticos. Sin embargo, son estas las respuestas que contempla la nueva reglamentación del comercio de semillas. Se observa esta tendencia especialmente en la renovación del marco reglamenta- rio de la Unión Europea (UE) sobre semillas. La UE desempeña un papel fundamental en la gobernanza global de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Por ejemplo, utiliza los acuerdos de "cooperación" para influir en las legislaciones sobre semillas de los países en desarrollo (ver las legislaciones sobre semillas de varios países en África y Asia) y desempeña un papel importante en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI9). Las nuevas leyes en discusión no dejan espacio alguno para la existencia de variedades campesinas, que solo se toleran en un marco de investigación o de redes de agricultores controladas por bancos de genes. Estas normas ya inscritas en los acuerdos de libre comercio (por ejemplo, el acuerdo entre Europa y Canadá10), serán pronto impuestas a todo el planeta, negando para siempre la posibilidad de construir una legislación apropiada para la salvaguardia de los derechos de las campesinas y campesinos sobre las semillas.
http://www.viacampesina.org/es/index.php/publicaciones-mainmenu-30

El desafio global del cambio climático. ¿Qué políticas se deben adoptar? .

El derretimiento de las masas polares es más veloz de lo previsto. Ha cruzado un umbral crítico, desatando eventos como una hilera de fichas de dominó, que caen garantizando la próxima caída y la exacerbación del calentamiento global. Así concluye la NASA en un estudio con 40 años de mediciones, datos y observaciones satelitales. “ El sistema”, dice, “ está en una suerte de reacción en cadena imparable”. Un estudio paralelo del Centro de Análisis Naval advierte que el cambio climático enfrentará naciones y ejércitos. El proceso se evidencia en tornados fuera de época y lugar; en el huracán que sopló sobre el mar frío de un octubre en Nueva Jersey, y en la Meca, donde cayó lluvia de 109° Fahrenheit, 43° Celsius. Es el inicio de un cambio de gran magnitud cuya realidad ya se ve pero se niega en ámbitos que unen el poder al dinero. Esa negación es más que errada. Es inmoral. Estamos en la etapa inicial de un deshielo relámpago. Una enorme área cerca del Polo Norte, casi 1,000,000 de kms2, quedó sin hielo el año pasado. En la Antártida el deshielo es más dramático pero difícil de ver porque ocurre en la superficie continental, con flujos de agua que ahuecan el hielo encima. El calentamiento está cambiando la circulación de vientos y corrientes marinas. Los estudios advierten que hacia el 2030 empezarán a perderse cosechas, con dislocación de grupos poblacionales, migraciones masivas, violencia civil y guerras por recursos. La temperatura a fin de siglo puede llegar a 70°C, 158°F, y el Ártico y gran parte de la Antártida podrían quedar sin nieve y hielo en verano. En el 2050 estaremos ante una extinción de especies. Es un fenómeno de extraordinaria rapidez en el tiempo geológico. Una fractura del hielo en el Everest causó la reciente muerte de 16 sherpas, cerrando la montaña hasta nuevo aviso. La desaparición de glaciares ecuatoriales y tropicales seguirá su marcha, y significará el fin de la selva amazónica como se conoce hoy. Algo similar secó lo que fue sábana fértil en el Sahara, y desertizó el área al fin de la última glaciación. La historia nos lleva al siglo cuatro antes de Cristo, cuando Piteas, aventurero y geógrafo helénico, viajó al Ártico, donde vio osos nadando. Lo llamó Lugar de Osos. Oso en griego clásico es artkos. Es el nombre con que lo conocemos hoy, Ártico. El Ártico de Piteas se mantuvo en relativa estabilidad hasta el siglo XXI. Ahora peligra la especie íntegra de osos que le dieron su nombre. Otro griego debe haber comprobado que en la Antártida no hay osos porque lo llamaron Lugar contra Osos, Ant Artkos. El deshielo antártico puede elevar el nivel del mar unos 10 metros. Para fin de siglo Miami Beach no será la playa que es hoy. Piri Reis, cartógrafo otomano, trazó en 1513 un mapa del que quedan porciones con el contorno de la Antártida, que recién quinientos años después estamos terminando de cartografiar. ¿Cómo hizo su mapa? Copió cartas de navegación salidas de la oscura noche de los tiempos. Gustav Deissmann encontró el mapa en 1929, catalogando los libros del palacio de Topkapi, en Estambul. Hay misterios que perduran porque no queremos creer la evidencia ante nosotros. Uno es la ubicación de la legendaria Atlántida. Gaio Plinio Secundus, Plinio el Viejo, dejó en su Naturalis Historia un relato de los habitantes de las Columnas de Hércules, como llamaban a los lados del ahora estrecho de Gibraltar, que no existía de 12 a 13 mil años atrás. Cuenta como el mar irrumpió entre Calpe y Abyla, las Columnas en España y África, y empezó a caer una catarata de mar por el hoy Gibraltar hasta un valle poblado debajo del hoy Mediterráneo, por donde el resto del Nilo fluía al Atlántico. El último deshielo produjo el evento conocido como el Diluvio Universal. Los mares subieron 120 metros. Ahora se reanuda el deshielo y amenaza nuestra civilización heredera de la Atlántida. El Diluvio también se dio en las Américas. Un esqueleto de 12 a 13 mil años de antigüedad, confirmada con carbono 14 y uranio/torio, se encontró en una caverna ahora bajo agua al noreste de Tulum, Yucatán. Es de una mujer joven en el Pleistoceno Tardío. La caverna se inundó cuando el mar subió al fin de la última glaciación. El fenómeno fue mundial. Hay gente decente alineándose por interés electoral con el sector económico-político empeñado en negar el calentamiento. Necesitan el valor de su verdad, y actuar en base a ella. No hacerlo pasa de ceguera e interés a inmoralidad, y pasará a crimen cuando mañana muera gente por su negación de hoy. Niegan lo obvio, y seguimos edificando mega torres de mega lujo en playas alrededor del mundo. Así somos. ¿Qué políticas se pueden adoptar? Se debe reducir el consumo de combustibles fósiles (hidrocarburos, carbón), y otras fuentes energéticas que emiten gases de efecto invernadero. Ello se puede lograr aumentando la eficiencia energética; promoviendo el ahorro; y promoviendo fuentes de energía limpia, tales como la hidroeléctrica, solar, eólica, maremotriz, etc. Es imprescindible tomar medidas de adaptación y mitigación: no permitir la construcción en zonas costeras propensas a inundaciones; adoptar fuertes regulaciones con respecto a la construcción en los planes de ordenamiento territorial; y crear barreras, diques, y paredes de contención para disminuir los riesgos.

http://diarioecologia.com/el-desafio-global-del-cambio-climatico-que-politicas-se-pueden-adoptar/

Mozambique: Innovación brasileña para un agro desfinanciado.

Una porción de la excelencia tecnológica que Brasil empleó para revolucionar su agricultura tropical está llegando a pequeños productores de Mozambique. Pero no alcanza para calmar el hambre de financiamiento que tiene el sector.
El agricultor Erasmo Laldás, que labora hace 15 años en Namaacha, un poblado a 75 kilómetros de la capital mozambiqueña, recibió el año pasado 15.000 plántulas de Festival, una nueva variedad de fresas de origen estadounidense.
Laldás produjo siete toneladas, empleando a ocho trabajadores. Vendió toda su cosecha en Maputo y en enero encabezó las ventas en ese mercado, porque en Sudáfrica, su principal competidor, ya escaseaba la fruta.
“El fruto es de calidad muy buena, no exige muchos productos químicos como la fresa sudafricana y su período de cosecha se prolonga más que el de la variedad nativa que yo venía sembrando”, explicó a Tierramérica.
Laldás, de 37 años, es el primer productor nacional beneficiado por la cooperación brasileña y estadounidense mediante apoyo técnico al Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Mozambique (PSAL).
Iniciado en 2012, el proyecto asocia al Instituto de Investigación Agraria de Mozambique (IIAM) con la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), para ampliar la capacidad de producción y distribución de hortalizas en este país africano.
Se comenzó por estudiar la adaptación de semillas al clima local.
El IIAM recibió más de 90 variedades de tomate, repollo, lechuga, zanahoria y pimiento, que se están probando en la Estación Agraria de Umbeluzi, a 25 kilómetros de Maputo.
“Los resultados de las pruebas son alentadores porque identificamos 17 variedades que están listas para distribuirse a los productores, porque tienen las calidades fitosanitarias deseadas.
Estamos esperando que sean registradas y aprobadas con el sello de Mozambique”, dijo a Tierramérica el investigador Carvalho Ecole, lamentando que su país no registre nuevas variedades hortícolas desde hace 50 años.
La horticultura es un sector clave para generar empleos e ingresos entre los pequeños agricultores, pues esta producción representa 20 por ciento de los gastos familiares, estima este integrante del IIAM.
“Por mucho tiempo la horticultura fue descuidada. Al hablar de seguridad alimentaria el gobierno solo pensaba en maíz, mapira (una especie de sorgo) y mandioca”, señaló Ecole. Además, “nuestros productores siguen sin tener créditos ni financiación”, criticó.
Sudáfrica es el mayor proveedor de hortalizas y frutas para el sur de Mozambique. Datos del IIAM indican que hasta 2010, casi toda la cebolla, 65 por ciento del tomate y 57 del repollo consumidos en las ciudades de Maputo y Matola, eran sudafricanos. Y esas proporciones se han mantenido.
En consecuencia, los precios son altos. Un kilogramo de tomates cuesta entre 50 y 60 meticales (entre 1,6 y 2 dólares) y la cebolla vale algo menos. Cuando las nuevas especies probadas estén disponibles para los campesinos nacionales, los precios bajarán, confía Ecole.
Mozambique importa además mangos, bananos, naranjas, aguacates, fresas y otras frutas de Sudáfrica.
“Tenemos que capacitar a los campesinos nacionales para que en los próximos años produzcan cantidades suficientes para abastecer el mercado interno”, dijo a Tierramérica el coordinador de Embrapa en Mozambique, José Bellini.
La cooperación agrícola es el camino elegido por Brasil, desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), para consolidar su política de ayuda al desarrollo, especialmente en África.
Embrapa, un conglomerado estatal de 47 centros de investigación dispersos por Brasil y con varias representaciones en el exterior, se movilizó para transferir a otros países del Sur una parte de los conocimientos de agricultura tropical que acumuló en sus 41 años de vida. Su oficina para África se instaló en Ghana.
Pero la presencia de Brasil en Mozambique tiene una dimensión difícil de igualar con el ProSavana, nombre con que se conoce el Programa de Cooperación Tripartita para el Desarrollo Agrícola de la Sabana Tropical de este país, apoyado por las agencias de cooperación brasileña (ABC) y japonesa (JICA) e inspirado en la experiencia que hizo de la potencia sudamericana un granero mundial y el mayor exportador de soja.La meta es, en un horizonte de dos décadas, beneficiar en forma directa a 400.000 pequeños y medianos agricultores e indirectamente a otros 3,6 millones, con un fuerte incremento de la producción y la productividad en el norteño Corredor de Nacala.
Brasil construirá un laboratorio para estudios de suelos y plantas en la ciudad de Lichinga. Embrapa entrena a investigadores del IAAM en el Corredor, además de modernizar dos centros locales de pesquisas.
Pero ProSavana es un programa polémico.
Campesinos y activistas temen que replique problemas brasileños, como el predominio del agronegocio, los monocultivos, la gran concentración de la tierra y la producción en pocas empresas transnacionales, en un país como Mozambique, donde 80 por ciento de la población practica la agricultura familiar.
El apoyo al PSAL tiene otro sentido. Volcado a la horticultura, se destina claramente al pequeño productor y a mejorar la alimentación local. Pero sufre limitaciones de escala y de recursos.
“No podemos mejorar nuestro sistema de producción sin inversiones. Hemos dado un paso gigantesco, hay más investigación y transferencia de tecnología, pero eso tiene que acompañarse de inversiones abultadas”, sostuvo Ecole.
El Estado mozambiqueño invierte muy poco en el sector agrario, aunque viene aumentando ese rubro. En 2013 destinó a la agricultura 7,6 por ciento de su presupuesto, que equivale a unos 6.000 millones de dólares.
Treinta por ciento de la población nacional sufre hambre, según datos de 2012 del Secretariado Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y cerca de 80.000 niños menores de cinco años mueren cada año por desnutrición, indica la organización no gubernamental Save the Children.
Esas cifras no se justifican en Mozambique, que tiene condiciones climáticas favorables y mano de obra abundante para una producción agrícola a gran escala, arguyó Ecole.
Namaacha ilustra esta contradicción. Es el único distrito del país que produce fresas. Alcanzó a abastecer todo el mercado de Maputo, pero muchos productores quebraron por no tener crédito, destacó Cecília Ruth Bila, responsable del área de frutas del IIAM.
“Los campesinos enfrentan dificultades para acceder a financiamiento, nuestros bancos tampoco ayudan mucho, por eso los productores desisten”, lamentó.
Cerca de 150 agricultores de fresas de Namaacha abandonaron la actividad en los últimos cinco años por falta de crédito, según informaciones del sector.
Erasmo Laldás es uno de los pocos sobrevivientes. Quizás por eso alimenta grandes sueños. Solicitó para este año 150.000 plántulas para ampliar su cultivo a tres hectáreas, mientras busca financiar la instalación de electricidad, tres invernaderos, un sistema de riego y una pequeña industria de beneficiamiento.
“Todo eso me costará cerca de seis millones de meticales”, casi 200.000 dólares, dice esperanzado.

Por Amos Zacarias
http://www.ipsnoticias.net/2014/03/mozambique-innovacion-brasilena-para-un-agro-desfinanciado/