jueves, 28 de agosto de 2014

"I have a dream": la frase que aconsejaron no decir a Martin Luther King.


"I have a dream" (Tengo un sueño), la frase más recordada del discurso más famoso de Martin Luther King que ahora cumple 51 años estuvo a punto de quedarse en el tintero por temor a ser un "cliché" demasiado "trillado" y sólo un "brote de inspiración" del icónico reverendo la convirtió en historia. "I have a dream" era una frase que el líder de los derechos civiles había utilizado decenas de veces antes de la famosa "Marcha en Washington", la última hacía apenas una semana en Chicago. Quizá por eso, la víspera de aquel 28 de agosto de 1963, su asesor Wyatt Walker le dio un único consejo: "No uses la parte de 'tengo un sueño'. Está trillado, es un cliché. Ya lo has usado demasiadas veces".
Walker, como el propio King, era consciente de que el discurso, suponía la presentación del reverendo a escala nacional. Y después de horas de tachar y modificar párrafos en un hotel de Washington, dejaron listo un borrador que no incluía ninguna referencia al sueño. "El discurso preparado pretendía ser una evaluación sobre la importancia histórica de la lucha por la libertad de los afroamericanos, y tenía como modelo el discurso de Gettysburg de (el presidente Abraham) Lincoln", explicó recientemente el director del Instituto de Investigación Martin Luther King, Clayborne Carson. ¿Por qué lo dijo? Al día siguiente, a espaldas del icónico monumento a Lincoln y ante decenas de miles de personas, King comenzó a leer su "meditado y enérgico" trabajo, pero pronto comprendió "que necesitaba algo más para una ocasión tan extraordinaria", según Carson, profesor de historia en la Universidad de Stanford. Para el experto, que ha editado una autobiografía de King, fueron "años de desarrollo intelectual" los que permitieron que el activista "tuviera este repentino y oportuno brote de inspiración". Steve Klein, responsable de comunicación en el Centro King de Atlanta (Georgia), apunta otro factor que quizá influyó en la decisión: la insistencia de la cantante de "gospel" Mahalia Jackson, que, sentada cerca del orador en el podio, le instaba constantemente a "hablar del sueño". "Quizá ella le sacudió la memoria y le hizo pensar: eso funcionaría bien aquí", dijo Klein. Pero, en último término, King "decidió usar esa parte porque realmente le llegó la inspiración y sintió que quería compartir una visión de un Estados Unidos mejor con la audiencia", afirmó.
La referencia al sueño no sólo cambió el discurso, sino también la forma de pronunciarlo de King, que dejó de lado el borrador preparado y no volvió a recurrir a él. "Cuando leía el texto, parecía un ponente", recuerda Clarence Jones, uno de los asesores de King, en el libro sobre el discurso The Speech, del periodista británico Gary Younge. "Pero en cuanto dejó el texto de lado, volvió a convertirse en un predicador bautista", agregó Jones. Las inmediatas ovaciones y aplausos demostraron que King había acertado al ir más allá de un llamamiento a la justicia, al comprender "que no era suficiente sostener una lucha masiva por la libertad a no ser que los participantes pudieran imaginar un futuro que hiciera que los sacrificios merecieran la pena", apuntó Carson. El resto del discurso de King era un meticuloso análisis de la situación de millones de afroamericanos, y contenía poderosas metáforas, como la que describía un Gobierno que había incurrido en "impago con sus ciudadanos de color", otorgándoles "un cheque rechazado por fondos insuficientes". Pero, según Klein, el discurso "probablemente" no habría tenido el mismo impacto sin la mención al sueño. "Era el momento correcto para usar (la mención), la audiencia correcta para usarla. Necesitaba una idea grande", subrayó. Fuera o no gracias a la mención del sueño, los 16 minutos de discurso de King sirvieron para dar un impulso definitivo al movimiento por los derechos civiles y conseguir que el FBI, que ya le investigaba por los supuestos lazos comunistas de dos de sus ayudantes, le definiera como "el líder negro más peligroso y efectivo del país".


http://www.20minutos.es/noticia/1900724/0/martin-luther-king/i-have-a-dream/historia/

miércoles, 27 de agosto de 2014

La militarización policial de EEUU tiene tentáculos en América Latina.


La muerte a balazos de un adolescente afrodescendiente desarmado por los disparos de un policía blanco en el sur de Estados Unidos desató la indignación pública en este país en torno a cuestiones de raza, clase y brutalidad policial.
Parte de la discusión se centra en la magnitud alarmante de la fuerza y las armas de tipo militar que utilizó la policía frente a las manifestaciones públicas tras la muerte el 9 de agosto de Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, en el sureño estado de Missouri.
Esta situación llevó tanto a legisladores progresistas como conservadores de este país a reclamar la modificación de una ley que, desde los años 90, proporciona pertrechos militares excedentes a las fuerzas policiales estadounidenses.
Pero ninguna discusión ha levantado el hecho de que esa militarización policial se exporte en forma creciente a países aliados, con el fin oficial de que luchen contra el terrorismo o el tráfico de drogas, en una política que en el caso de América Latina incluye a Colombia y México.
La ley, supervisada por el Departamento de Defensa y conocida como el "programa 1033, surgió originalmente como un respaldo a los agentes del orden en la lucha contra el narcotráfico.
"Tenemos que desmilitarizar esta situación", afirmó Claire McCaskill, una de los dos senadores de Missouri. "Este tipo de respuesta de la policía se convirtió en el problema en lugar de la solución", añadió
En un artículo titulado "Debemos desmilitarizar a la policía", el senador conservador Rand Paul señaló que en la aplicación de la ley "debe haber una diferencia entre la respuesta policial y la respuesta militar".
Para la represión de las protestas públicas tras la muerte del joven Brown, la policía de Ferguson utilizó armas de alto poder, gas lacrimógeno, chalecos antibalas e incluso vehículos blindados similares a los que emplean las fuerzas armadas en situaciones de guerra.
El Congreso legislativo adoptó el programa 1033 debido a "la real inquietud de que las autoridades locales del orden público se vieran literalmente superadas en potencia de fuego por los criminales de la droga", declaró Carl Levin, presidente del poderoso Comité de Servicios Armados del senado, el 15 de agosto.
"Nuestra intención con estos equipos era mantener a los agentes de policía y sus comunidades a salvo de los narcotraficantes fuertemente armados y de incidentes terroristas", precisó.
"Vamos a revisar este programa para determinar si el equipo proporcionado por el Departamento de Defensa se está utilizando como se debe", añadió.

Las drogas y el terrorismo
A pesar del extraordinario consenso que existe entre políticos conservadores y progresistas sobre los peligros que implica una policía militarizada, no parece que esa inquietud se extienda al creciente apoyo de Estados Unidos a la militarización de las fuerzas del orden en otros países.
Según los últimos datos disponibles, durante 2009 Washington brindó más de 3.500 millones de dólares en ayuda extranjera destinada a las actividades policiales, sobre todo en Afganistán, Colombia, Iraq, México, Pakistán y los territorios palestinos.
Un informe oficial de 2011 señala que "Estados Unidos incrementó el énfasis en la formación y el equipamiento de la policía extranjera como medio de apoyo a una amplia gama de objetivos de la política exterior estadounidense", en particular en el contexto de las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo.
África es la mayor receptora de esa ayuda contra el terrorismo. Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) resalta los peligros implícitos en este enfoque en su análisis de la Unidad Policial Antiterrorista (ATPU, en inglés) de Kenia, que tiene el apoyo de Estados Unidos.
El informe, publicado el lunes 18, se basa en denuncias previas contra la ATPU por detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, ni las autoridades keniatas ni los principales donantes de la unidad policial, Estados Unidos y Gran Bretaña, investigaron las acusaciones de larga data, según HRW.
En 2012, Washington ayudó a la ATPU por un valor de 19 millones de dólares. La legislación estadounidense impone la interrupción de la asistencia mientras se investigan denuncias creíbles, pero HRW asegura que Estados Unidos "no redujo la asistencia a la unidad" denunciada.
La ayuda de Washington se emplea "para socavar el imperio de la ley porque la ATPU está haciendo justicia por mano propia… solicitamos a los donantes que sean más inteligentes cuando presten este tipo de asistencia", recomendó Jehanne Henry, investigadora de la división africana de HRW, en diálogo con IPS.

Recuerdos de los años 80
En México y otros países de América Latina se incrementó la asistencia de Estados Unidos destinada a la represión del narcotráfico.
"Los gobiernos centroamericanos confían cada vez más en sus fuerzas armadas para lidiar con la reciente ola de violencia", señaló Adriana Beltrán, investigadora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización independiente con sede en la capital estadounidense.
"Estados Unidos dice que no proporciona asistencia alguna a estas fuerzas, pero existe una ayuda considerable que el Departamento de Defensa otorga a la lucha contra el narcotráfico, que se canaliza por las fuerzas armadas de esos países", explicó.
Un trabajo de Alexander Main, un académico del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR), un centro de investigación de este país, indica que la asistencia de seguridad de Estados Unidos a la región se fortaleció durante los últimos años del gobierno de George W. Bush (2001-2009).
"La financiación asignada a las fuerzas policiales y militares de la región subió de manera constante hasta niveles que no se veían desde las ‘guerras sucias’ de los años 80 respaldadas por Estados Unidos", escribió.
Colombia es un "modelo clave" de la asistencia bilateral, según Main. Desde 1999, un programa por 8.000 millones de dólares para ese país, permitió "el despliegue masivo de tropas militares y fuerzas policiales militarizadas para interceptar las drogas ilícitas y contrarrestar a los grupos guerrilleros de izquierda", añadió en referencia al llamado Plan Colombia.
Pero en 2013 unas 150 organizaciones no gubernamentales advirtieron que las políticas de Washington que "fomentan la militarización para lidiar con el crimen organizado" son ineficaces. Esta estrategia dio lugar al "aumento espectacular de los delitos violentos, a menudo perpetrados por las propias fuerzas de seguridad", señalaron.
México es un fuerte receptor de la ayuda de seguridad estadounidense contra el narcotráfico.
A partir de los años 90, "la tendencia ha sido la de alentar al gobierno mexicano para que incorpore a los militares a los operativos contra el narcotráfico y, en los últimos dos años, también a la seguridad pública", sostuvo Maureen Meyer, investigadora de WOLA.
En el proceso, la policía recibe cada vez más formación militar, lo que genera preocupación por las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, así como falta de formación para enfrentar las protestas locales, algo similar a lo que sucede ahora en Ferguson, Missouri.
"Vemos lo preocupante que es esta tendencia en Estados Unidos, y estamos preocupados por una tendencia similar hacia la policía militarizada en los países latinoamericanos", subrayó Meyer.
"Tenemos muchos pertrechos y vehículos militares que tienen que terminar en alguna parte, y suelen ir a parar a la policía local", concluyó.

Por Carey L. Biron
http://www.ipsnoticias.net/2014/08/la-militarizacion-policial-de-eeuu-tiene-tentaculos-en-america-latina/

martes, 26 de agosto de 2014

Migrantes deportados de EEUU, sin protección en frontera mexicana.


Los bajo puentes del canal del río Tijuana, en la esquina más al norte de México, están convertidos en enormes retretes. Bultos de personas duermen en habitáculos de cartón y telas, hoyos hechos en la tierra, alcantarillas, puentes y laderas del canal, a lo largo de los dos kilómetros entre el este de la ciudad y la valla fronteriza con Estados Unidos.El olor marea.
 A las 7:00 de la mañana, los consumidores de heroína, que aquí se consigue por dos dólares la dosis, agradecen el azúcar de unos chocolates.
 "Esta es la ciudad de El Bordo", dice uno de ellos a IPS, con las manos extendidas y una sonrisa torcida.Es la ciudad de los sin nadie. El hogar bajo el puente fronterizo de decenas de indigentes y migrantes deportados que han decidido esperar mejores tiempos para cruzar esta frontera sellada, y que sobreviven de limpiar automóviles, cargar bultos en el mercado, hacer trabajos de albañilería, reciclar basura o pedir dinero en las calles de la ciudad fronteriza de Tijuana.
"La población que habita en el Bordo es una muestra de las condiciones extremas que pueden enfrentar los deportados más vulnerables en México", dice el estudio "Estimación y caracterización de la población residente en El Bordo del canal del río Tijuana".Elaborado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), el reporte contabilizó entre 700 y mil personas viviendo en este lugar durante agosto y septiembre de 2013.Añade que los pobladores del El Bordo son mayoritariamente hombres, de unos 40 años, deportados en los últimos cuatro años, adictos (algunos comenzaron a consumir drogas en este lugar) y sin documento alguno de identidad.Detalla que más de la mitad habla inglés, e incluso tienen niveles de escolaridad similares a los residentes de Tijuana, y solo seis por ciento piensa regresar a su lugar de origen, pese a que la mayoría tiene hijos.
"Estos resultados reflejan que las deportaciones de Estados Unidos a México están provocando separaciones familiares y, específicamente, la separación de los padres del ámbito doméstico, lo cual provoca la ruptura de proyectos individuales y familiares, y termina con la posibilidad de integración al país de residencia de los demás miembros de la familia", dice el estudio, coordinado por Laura Velasco, investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colef.A 2.780 kilómetros de Ciudad de México, Tijuana es la última punta al norte del país. Pertenece a la península del estado de Baja California y hace frontera con San Diego, en Estados Unidos. En 2012, esta ciudad recibió a 59.845 de las 409.849 personas deportadas por el gobierno de Barak Obama.
Es decir, unos siete deportados por hora.Desde que comenzó en 2009, el gobierno de Obama superó ya los dos millones de deportaciones y se convirtió la administración que realizó más expulsiones de personas indocumentadas.Con 1,7 millones de habitantes, Tijuana ocupa el primer lugar en porcentaje de narcodependientes de todo el país. Es asiento de carteles del narcotráfico, ahora debilitados, y se considera una de las ciudades más violentas de México.Durante décadas fue la principal puerta de entrada de migrantes a Estados Unidos.
Pero los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York dieron un vuelco a la política migratoria y la frontera mexicana fue sellada, forzando a los migrantes indocumentados a buscar rutas cada vez más peligrosas, mientras que la seguridad pasó de contar con 3.500 agentes de la estadounidense Patrulla Fronteriza en 2005, a 21.000 en 2013.México comparte con Estados Unidos 3.500 kilómetros de frontera. Baja California, que colinda con San Diego y Arizona, recibe un tercio de los deportados y es el estado con mayor número de residentes extranjeros.
A 177 kilómetros al este de Tijuana, está la capital del estado, Mexicali,en la que el calor de agosto puede matar a cualquiera alcanza hasta 50 grados centígrados- y donde la gente que no tiene aire acondicionado duerme en las azoteasMexicali tiene su "mini Bordo": los edificios Montealbán, destruidos por un sismo en 2010, en el margen oriental del ahora inexistente río Nuevo, a unos metros del centro histórico de Mexicali.Aquí viven unas 80 personas, entre indigentes locales y migrantes deportados que tienen alguna adicción
.Entre las ruinas de los edificios se han encontrado cadáveres, el último el 15 de abril, y continuamente hay incendios y operativos policiales."Vivo aquí porque no hay otro lugar. En el albergue me ‘engento’ (agobio), hay mucha gente", dice a IPS un guatemalteco de 33 años llamado Josué, que fue deportado el 1 de agosto de 2013 y que solo tiene una cosa en mente: regresar a Estados Unidos.Ya lo intentó por Nogales, en el estado de Sonora, pero no pudo pasar. Le dijeron que por aquí es más fácil y solo espera a que "pase el calor" para volver a intentarlo.
 "Llegué a California a los 10 años, en Guatemala ya no tengo nada", insiste.Otro estudio del Colef sobre la caracterización de las personas deportadas, que solo hace referencia a las mexicanas, alerta sobre su estado de salud."Existe una alarmante diferencia de síntomas emocionales entre los deportados, casi 20 veces más que los que presentan los de retorno voluntario", dice el estudio, con base en investigaciones sobre la salud de los deportados que realiza Letza Bojórquez, investigadora del Departamento de Estudios sobre Población del Colef.Con datos de la Encuesta sobre Migración de la Frontera Norte, la investigación detectó que 40 por ciento de la población migrante que sobrevive en la calle reporta tener problemas emocionales y 12 por ciento contesta afirmativamente ante la pregunta de si pensó quitarse la vida alguna vez.Además, en los últimos cinco años se incrementó la separación familiar como consecuencia de las deportaciones.
 Un dato dimensiona el fenómeno: mientras en 2007, solo 20 por ciento de los repatriados fueron deportados sin sus familiares, en 2012 este porcentaje se elevó a 77 por ciento
."El problema aquí es que no hay ninguna política de atención a los deportados. Empezaron a llegar cientos de deportados y no había ninguna institución preparada para recibirlos", dijo a IPS el activista Sergio Tamai, director del Albergue Hotel Migrante, en Mexicali, y líder de la organización Ángeles sin Fronteras.Entre agosto y noviembre de 2013, Tamai encabezó una acampada de 800 personas en la Plaza Constitución de Tijuana, para exigir programas de atención a migrantes, deportados y en situación de calle.
El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos para presionar a las autoridades ha dado algunos frutos.El 7 de agosto, el Congreso legislativo de Baja California aprobó la Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado, que establece la obligación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de proporcionar asistencia social a menores y adolescentes migrantes no acompañados, así como la creación del Registro Estatal de Migrantes.Es el primer estado que lo hace, luego de que en 2011 el Congreso legislativo mexicano aprobó la creación de una nueva Ley de Migración, que reemplazó a la de 1947 y que ampara jurídicamente a las personas en tránsito por México.

Por Daniela Pastrana
http://www.ipsnoticias.net/2014/08/migrantes-deportados-de-eeuu-sin-proteccion-en-frontera-mexicana/