viernes, 19 de diciembre de 2014

El futuro sostenible también depende de la cultura.


 Los expertos internacionales que trabajan en el sector de la cultura piden a los gobiernos que reconozcan el papel fundamental que esta desempeña en el desarrollo y que aseguren su integración a los objetivos de desarrollo post-2015 de la ONU, que se discutirán el próximo año. 
En el Tercer Foro Mundial de la Cultura e Industrias Culturales, que la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) organizó del 2 al 4 de este mes en esta ciudad italiana de Florencia, representantes de varios países discutieron los aportes de estas actividades con el “futuro sostenible”, a través del estímulo del empleo, el crecimiento económico y la innovación.
La Unesco señaló que el comercio mundial en productos y servicios culturales se duplicó en la última década y está valorado en más de 620.000 millones de dólares.
Aparte del aspecto financiero, la cultura también contribuye con la inclusión social y la justicia, según la directora general de la agencia, Irina Bokova, quien inauguró el foro.
“Creo que los países deben invertir en la cultura con la misma resolución que aportan a la inversión en los recursos energéticos, en las nuevas tecnologías”, declaró. “En un entorno económico difícil, tenemos que buscar actividades que refuercen la cohesión social, y la cultura ofrece soluciones en este sentido”, añadió.
Bokova dijo a IPS que el foro pretendía mostrar que la cultura contribuye con la “consecución” de varios de los objetivos de desarrollo, entre ellos acabar con la pobreza extrema, lograr la educación primaria universal y la igualdad de género, así como garantizar la sostenibilidad ambiental.
Muchos gobiernos, sin embargo, no invierten lo suficiente en los sectores culturales o creativos, aunque los mismos hayan demostrado su valía. Algunos países prefieren construir estadios deportivos que rara vez se utilizan, en lugar de apoyar a las artes, sostuvo Lloyd Stanbury, un abogado jamaiquino en el negocio de la música que participó en el foro de Florencia.
“En el caso de Jamaica, demostramos que podemos competir y ganar a nivel mundial en los más altos niveles de la cultura. El reggae y el movimiento rastafari ubicaron al país en el mapamundi, y ahora mismo hay un debate sobre qué más puede hacer el gobierno para invertir en la cultura”, manifestó.
Stanbury dijo que se debe tener la misma consideración con la educación artística que con los planes de estudio tradicionales.
“A los estudiantes se les dice, ‘¿No puedes con la matemática? Ve y dibuja algo’, pero a sus dibujos no se los consideran de valor”, afirmó.
Algunos países del Sur en desarrollo ven a las artes como algo periférico y no como un sector “real” de la economía, y eso debe cambiar, argumentó.
Además, en esos países, “los segmentos de la música y de la comunidad del entretenimiento no gozan de relaciones armoniosas con las instituciones gubernamentales, sobre todo cuando los artistas, en su obra, se manifiestan en contra de la… corrupción”, dijo Stanbury en su ponencia en el foro.
Para muchos gobiernos, la inversión en la cultura ocupa un lugar muy inferior frente a los servicios de salud, el saneamiento, la electricidad y la infraestructura del transporte. Sin embargo, la cultura puede ayudar en la mitigación de la pobreza, la creación de empleos y la consolidación de la paz, según los expertos presentes en Florencia.
Peter N. Ives, alcalde interino de la ciudad estadounidense de Santa Fe, en el sureño estado de Nuevo México, explicó la forma en que su gobierno invirtió en las artes, con la asignación de uno por ciento de los impuestos por cama de hotel, o tasa al huésped, a las actividades culturales, entre otras medidas.
“Ahora Santa Fe tiene más activos culturales por habitante que cualquier otra ciudad de Estados Unidos”, dijo. “La inclusión” de todos los grupos es un elemento clave de la política, en la que “todos aportan sus dones creativos a la mesa”, añadió.
La ciudad, denominada Ciudad Creativa por la Unesco, cuenta con una Comisión de las Artes, designada por el alcalde, que “recomienda programas y políticas para desarrollar y promover la excelencia artística en la comunidad”, explicó Ives.
El resultado es que Santa Fe recibe cada vez más escritores y artistas visuales, así como turistas, debido a su número cada vez mayor de museos, espectáculos y esculturas al aire libre. Estos ejemplos exitosos pueden parecer descabellados para muchos países pobres o de medianos ingresos que padecen diversas crisis, como los conflictos armados. Pero los expertos en la conferencia describieron planes populares donde, por ejemplo, la violencia dentro de las comunidades disminuyó cuando se animaba a los habitantes a producir arte sobre sus propias vidas.Otros representantes examinaron cómo los festivales de cine y literarios generaron una sensación de orgullo nacional y de cohesión. En algunos países del Caribe, de África y Asia, por ejemplo, el crecimiento de este tipo de acontecimientos y de premios culturales impulsó de manera general a las artes, lo que refleja algo que los países ricos saben desde hace algún tiempo.
El foro, organizado conjuntamente por la Unesco, el gobierno italiano, la región de Toscana y el municipio de Florencia, también examinó cómo se puede proteger la cultura en las zonas en guerra, con énfasis en la preservación de proyectos del patrimonio cultural en Afganistán, Malí y otros estados, financiados por Italia.
Dinamarca y Bélgica expusieron cómo la ayuda al desarrollo de las actividades culturales puede fomentar el empleo, la formación y la participación de los jóvenes en la sociedad, especialmente dentro de un contexto de derechos humanos.
“Vivimos en un ambiente muy hostil a la cooperación para el desarrollo y también para la cultura y el desarrollo, no obstante, hago un llamado para que haya más cooperación en esta área”, exhortó Frédéric Jacquemin, director de Africalia, una organización belga que ve a la cultura como “un motor para el desarrollo humano sostenible”.
Los participantes en el foro redactaron la Declaración de Florencia en la que abogan por la “plena integración de la cultura a las políticas y estrategias de desarrollo sostenible en los planos internacional, regional y local”.
Esto debería basarse en estándares que “reconozcan los principios fundamentales de los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad cultural, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la apertura y equilibrio con otras culturas y expresiones del mundo”, agrega la declaración.

Por A. D. McKenzie
http://www.ipsnoticias.net/2014/10/el-futuro-sostenible-tambien-depende-de-la-cultura/

jueves, 18 de diciembre de 2014

Día Internacional del Migrante.


Los movimientos migratorios a gran escala han crecido mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen. España, de donde no hace mucho tiempo salían migrantes hacia Europa del Norte y América, se ha convertido, hoy en día en un país receptor para un gran numero de personas migrantes.
Entre ellas encontramos trabajadores y trabajadoras migrantes, población refugiada, demandantes de asilo, e inmigrantes permanentes. Las razones que tienen para abandonar su país de origen son muy distintas y cambian de una persona a otra. Sin embargo, podemos identificar una serie de circunstancias que llevan a la gente a abandonar su hogar y buscar un mejor futuro en otro lugar.
La exclusión social y económica, la atracción que ejercen los países más desarrollados, la necesidad que tienen esos países de contar con la migración, los conflictos armados internos y los desastres naturales, todas ellas son causas que provocan migración.

Dificultades y retos


Nunca es fácil abandonar nuestro país de origen, nuestro hogar, nuestra gente; pero, aún lo es menos cuando encontramos dificultades en el país receptor a causa de nuestras diferencias de idioma, costumbres y cultura, así como dificultades económicas y sociales. Y por si esto fuera poco, a todo ello se añaden las cada vez más habituales manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de discriminación y trato inhumano y degradante hacia la población inmigrante.
La proclamación del día 18 de diciembre como Día Internacional de la población migrante se debe entre otros al creciente número de migrantes que existe en el mundo y a la preocupación internacional por asegurar su protección y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional. Con la celebración de este día, se pretende además reconocer y valorar la enorme contribución de todas estas personas en el avance económico, social y cultural de los países en todo el mundo.
 

martes, 9 de diciembre de 2014

La tala ilegal hace estragos en comunidades pobres del Pacífico sur.



La tala desenfrenada en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, donde la mayor parte del territorio está cubierto por una espesa selva tropical, agrava las penurias, la inseguridad y los conflictos en las zonas rurales.
Paul Pavol, propietario de un terreno en el distrito de Pomio, en provincia la insular de Nueva Bretaña del Este, al noreste de la isla principal de Papúa Nueva Guinea, dijo a IPS que la tala causó “un daño ambiental permanente en el suelo y en la selva, de la que dependen nuestras comunidades para obtener agua, materiales de construcción, medicinas y alimentos”.
Hace cuatro años, la compañía maderera multinacional de Malasia obtuvo dos contratos de arrendamiento agrícola especial en el distrito, pero los propietarios locales sostienen que ellos nunca dieron su consentimiento y, tras varias acciones legales, la Corte Nacional ordenó en noviembre al promotor cesar toda actividad en la zona.
Según Global Witness, la compañía taló 7.000 hectáreas de selva y exportó troncos por más de 50 millones de dólares.
“Nunca dimos nuestro consentimiento previo, libre e informado a los contratos sobre nuestras tierras y, por cierto, no accedimos a ceder nuestro territorio por 99 años a una compañía maderera”, indicó Pavol.
En 2012, un tercio de las exportaciones de madera de Papúa Nueva Guinea procedió de tierras sujetas a ese tipo de contrato de arrendamiento, según el Instituto de Asuntos Nacionales, pese a que el propósito declarado de esos contratos era facilitar proyectos agrícolas en beneficio de la población local.
Pavol también denunció violaciones de derechos humanos mediante “escuadrones antidisturbios de la policía para proteger a la compañía e intimidar y aterrorizar a nuestras comunidades”, apuntó.
Una misión de investigación realizada el año pasado por la organización Eco-Forestry Forum, junto con dependencias del gobierno y de la policía, concluyó que oficiales contratados por la compañía para frenar la oposición local llevaron a cabo redadas violentas y graves ataques contra los lugareños.
Papúa Nueva Guinea tiene la tercera mayor selva del mundo, que cubre unas 29 millones de hectáreas, pero también es el tercer exportador de madera tropical.
La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé que se perderá 83 por ciento de la selva comercialmente viable para 2021 debido a la tala comercial, la minería y el desmonte para dar paso a las plantaciones de palma aceitera.
Papúa Nueva Guinea se comprometió en la Cumbre de Bosques de Asia Pacífico, realizada en Sydney, a diseñar planes que pongan fin a la deforestación en una década, pero la población indígena no quedó convencida.
“Dentro de 10 años casi toda la selva accesible estará talada y la raíz del problema es la sistemática corrupción endémica”, se lamentó el portavoz de la organización Act Now.
“No tenemos penas duras para quienes violan la ley y las normas que hay no se cumplen”, añadió Pavol, una opinión que comparte la organización Chatham House (Instituto Real de Asuntos Internacionales), con sede en Londres.
La devastación ambiental y la violencia relacionada con la tala aumentan las dificultades en Pomio, uno de los distritos menos desarrollados de Nueva Bretaña del Este, donde no hay servicios de salud, caminos decentes ni agua ni saneamiento.
La esperanza de vida es de entre 45 y 50 años y la mortalidad infantil asciende a 61 fallecimientos cada 1.000 nacidos vivos, significativamente mayor que el promedio nacional de 47.
En la vecina Islas Salomón, donde 2,2 millones de hectáreas de bosques cubren más de 80 por ciento de su territorio, la extracción de madera fue casi cuatro veces mayor a la tasa sostenible de 250.000 metros cúbicos al año.
La madera representó 60 por ciento de los ingresos por exportaciones, pero es poco probable que continúe dado el pronóstico del Proyecto de Gestión de Bosques de Islas Salomón: que la selva accesible se agotará el año próximo.
La gran demanda de materia prima de las crecientes economías asiáticas es el gran motor de la tala legal e ilegal en ambos países. El sector está dominado por compañías malasias, y China es su principal destino.
Las prácticas inescrupulosas, como conseguir permisos para extraer madera mediante sobornos e incumplir las áreas de tala acordadas, están generalizadas. Más de 80 por ciento del comercio de madera de estos dos países es producto de la extracción ilícita, y la exportación ilegal ascendió a 800 millones de dólares en 2010, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Desde 2003, las compañías internacionales más involucradas con la extracción de madera tuvieron acceso a 5,5 millones de hectáreas de bosques en Papúa Nueva Guinea, además de las 8,5 millones ya destinadas a esta actividad mediante adquisiciones de contratos de tala fraudulentos, según la Comisión de Investigación y un estudio del Instituto Oakland, con sede en California, Estados Unidos. La UNODC remarca la connivencia entre las redes trasnacionales de crimen organizado, las compañías madereras, funcionarios públicos y dirigentes políticos.Funcionarios de las dependencias de bosques en los países en desarrollo carecen de recursos humanos y técnicos para supervisar de forma adecuada las operaciones de extracción de madera y están mal equipadas para lidiar con las redes criminales.
El lavado de dinero que está asociado a la actividad también es un problema, la policía federal australiana estimó que se lavan 170 millones de dólares al año procedentes de actividades delictivas en Papúa Nueva Guinea a través de bancos e inversiones inmobiliarias en Australia.
Australia aprobó la Ley de Prohibición de Tala Ilegal, pero no existe algo similar en el principal mercado: China.
La organización Transparencia Islas Salomón dijo que hay que fortalecer la capacidad del gobierno para rendir cuentas y educar a las comunidades locales sobre sus derechos, la legislación y medidas que se pueden tomar a escala local.
La desigualdad y el poco desarrollo humano entre las poblaciones rurales pobres se arraiga por la incapacidad de ambos países de canalizar fondos para construir infraestructura, servicios básicos y oportunidades económicas más equitativas.
En Papúa Nueva Guinea, uno de los países más desiguales con un índice Gini de 50,9 por ciento, la pobreza aumentó de 37,5 por ciento, en 1996, a 39.9 en 2009, según el Banco Mundial.
En Islas Salomón, la extracción de madera es una de las principales fuentes de ingresos desde hace 20 años, con un producto interno bruto que llegó a 10 por ciento en 2011.
Pero el Foro de Islas del Pacífico señaló que el “crecimiento que depende de los recursos no llega a los más desfavorecidos”, pues el país se ubica en el lugar 157, entre 187 países listados, por su desarrollo humano.

Análisis de Catherine Wilson
http://www.ipsnoticias.net/2014/12/la-tala-ilegal-hace-estragos-en-comunidades-pobres-del-pacifico-sur/

jueves, 23 de octubre de 2014

Estados Unidos cuenta con la mayor población carcelaria reportada en el mundo.







Estados Unidos tiene una sociedad civil dinámica y sus medios de comunicación disfrutan de fuertes protecciones constitucionales. Sin embargo, su historial de derechos humanos se ve ensombrecido por abusos relacionados a la justicia penal, la inmigración, la seguridad nacional y la política de drogas. Dentro de estas áreas, las víctimas son a menudo los miembros más vulnerables de la sociedad: las minorías raciales y étnicas, los inmigrantes, los niños, los ancianos, los pobres y los presos.
Las revelaciones en 2013 sobre el extenso programa de vigilancia por parte del gobierno y los agresivos procesamientos que afrontaron los informantes causaron preocupación por la violación de los derechos de privacidad y libertad de expresión, lo que generó una ola de protestas internacionales contra las prácticas de EE.UU.
Legisladores federales propusieron reformas a las perjudiciales y anticuadas leyes y políticas inmigratorias y de sentencia. En el momento de escribirse este informe, el resultado de estas iniciativas era incierto.
Un compromiso renovado por el presidente Barack Obama para cerrar el centro de detención de Guantánamo sigue sin cumplirse. La falta de transparencia hizo imposible evaluar la implementación de las reformas prometidas a la práctica de los "asesinatos selectivos" en el extranjero, incluso mediante el uso de aviones no tripulados (drones); nuevas informaciones sobre ataques individuales revelaron casos de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.


Sentencias muy severas


EE.UU. cuenta con la mayor población carcelaria reportada en el mundo, y de lejos, la mayor tasa de encarcelamiento. Hasta fines del año 2011, albergaba a 2,2 millones de personas en prisiones o cárceles para adultos.
El encarcelamiento masivo refleja el resultado de tres décadas de regímenes de sentencia muy duros, tanto a nivel estatal como federal, incluyendo un mayor uso de condenas a cadena perpetua y a cadena perpetua sin libertad condicional, prolongadas sentencias mínimas obligatorias y las leyes conocidas como "three strikes" (tres fallas). La organización The Sentencing Project informó que uno de cada nueve prisioneros de EE.UU. está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua.
El creciente número de presos de la tercera edad plantea un serio desafío a las autoridades correccionales: desde 2011, el último año del cual hay cifras completas disponibles, 26.136 personas mayores de 65 años permanecían encarceladas en prisiones estatales y federales, un alza de 62 por ciento en cinco años.
En un paso positivo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció en agosto revisiones a sus normas para evaluar las solicitudes de excarcelación por razones humanitarias ("compassionate release") delos presos de edad avanzada o con discapacidad, lo que haría que más presos federales pudieran calificar para este mecanismo, que casi nunca se usa.
También en agosto, el Fiscal General de EE.UU., Eric Holder, instruyó a los fiscales federales para que trataran de evitar los cargos que conllevan sentencias mínimas obligatorias para algunos delincuentes de tráfico de drogas de bajo nivel, no violentos. Si bien fue recibido con beneplácito, este cambio de política todavía deja a muchos presos por casos de drogas sujetos a penas obligatorias desproporcionadamente largas. Los esfuerzos legislativos para concederles a los jueces mayor discreción en estos casos son objeto de debate.
En 2013, Maryland se unió a otros 17 estados y al Distrito de Columbia en la abolición de la pena de muerte, pero 32 estados todavía la permiten. En el momento de escribirse este informe, 34 personas habían sido ejecutadas en EE.UU. en 2013. Carolina del Norte derogó su Ley de Justicia Racial de 2009, que permitía que los presos condenados a muerte pudieran apelar sus sentencias sobre la base de la discriminación racial.


Las disparidades sociales en la justicia penal


Los blancos, los afroamericanos y los latinos tienen niveles comparables de consumo de drogas, pero las tasas de detención, enjuiciamiento y encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas son enormemente diferentes. Por ejemplo, es casi cuatro veces más probable que los afroamericanos sean arrestados por posesión de marihuana que los blancos, a pesar de que sus tasas de consumo de marihuana son más o menos equivalentes. Si bien representan sólo 13 por ciento de la población de EE.UU., los afroamericanos conforman el 41 por ciento de los presos estatales, y el 44 por ciento de los presos federales cumpliendo una sentencia por delitos de drogas.
Por lo tanto, debido a tener más antecedentes penales, los miembros de minorías raciales y étnicas tienen más probabilidades que los blancos de ser estigmatizados y discriminados legalmente en el empleo, la vivienda, la educación, las prestaciones públicas, el servicio de jurado y el derecho a votar.
En agosto, un tribunal federal determinó que la política de "detención y registro" ("stop and frisk") del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) violaba los derechos de las minorías. Una cantidad desproporcionada de personas "detenidas y registradas" bajo la política son afroamericanos o latinos, y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York informa que 89 por ciento de las personas detenidas son inocentes de cualquier delito. La policía de Nueva York apeló el fallo.


Reformas en la política de drogas


En las últimas décadas, EE.UU. ha gastado cientos de miles de millones de dólares en arrestar y encarcelar a delincuentes por casos de drogas en el país. La fuerte dependencia de leyes penales para el control del tráfico de drogas ha tenido costos graves para los derechos humanos, incluyendo la violación a los derechos a la autonomía y a la privacidad de los que simplemente poseen o consumen drogas.
En un aplaudido giro estratégico, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció en agosto que no interferiría en la legalización de la marihuana de los estados mientras que éstos cumplan con ciertas prioridades federales, tales como la prohibición a la venta de drogas a los niños o el transporte de drogas a través de las fronteras estatales. También señaló que un sólido enfoque regulatorio estatal sobre la marihuana puede prevenir que la delincuencia organizada se beneficie del comercio ilícito de la marihuana.
Washington y Colorado continuaron con la implementación de iniciativas electorales estatales para legalizar el uso recreativo de la marihuana, así como para regular su producción, venta y distribución. Otros veinte estados de EE.UU. han legalizado la marihuana con fines médicos.


Condiciones penitenciarias


Septiembre de 2013 marcó el décimoaniversario de la aprobación de la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (PREA), que dio lugar a la elaboración de normas nacionales para detectar, prevenir y castigar la violación en las cárceles. La aplicación sigue siendo un desafío: aproximadamente 4 por ciento de presos estatales y federales y 3 por ciento de presos en cárceles reportan haber experimentado uno o varios incidentes de abuso sexual en el período de 2011-2012, y muchos siguen sin denunciarse. Los presos transgénero siguen sufriendo altos niveles de violencia durante su encarcelamiento.
En prisiones y cárceles, muchos reclusos –incluso jóvenes menores de 18 años— permanecen en régimen de confinamiento solitario, a menudo durante semanas o meses. En julio, se estima que 30.000 presos en el sistema penitenciario de California participaron en una huelga de hambre para protestar por las condiciones, incluido el uso del régimen de aislamiento. El confinamiento solitario prolongado es considerado como malos tratos en virtud del derecho internacional y puede constituir tortura.


Pobreza y justicia penal


En todo el país, acusados con escasos recursos económicos languidecen en prisiones preventivas, ya que son demasiado pobres para pagar la fianza. Los datos más recientes indican que un 60 por ciento de personas encarceladas están confinados a la espera de que se celebre su juicio –a un costo de US$9.000 millones al año—, a menudo porque carecen de los recursos financieros para pagar la fianza y asegurar su liberación. En 2013, el jefe de la Corte Suprema de Nueva York apoyó reformas legislativas que comenzarían a reducir la encarcelación preventiva de los acusados ​​indigentes.
También son cada vez más comunes las tasas legales y recargos extremadamente altos, a medida que condados y municipios con problemas de liquidez esperan que sus tribunales se financien por sí mismos o incluso recurren a ellos como fuente de ingresos públicos. El impacto sobre los acusados ​pobres es particularmente grave.
Las prácticas que agravan e incluso castigan los apuros económicos son cada vez más comunes. En Arkansas, los inquilinos que se atrasan en el pago del alquiler afrontan acciones penales. En estados tras todo el país, los tribunales colocan a cientos de miles de delincuentes de delitos menores en libertad condicional con empresas privadas y con fines de lucro que no les cobran nada a las autoridades locales por sus servicios, pero cada año recaudan decenas de millones de dólares en honorarios de los delincuentes a los que supervisan.
En agosto, una década después de que un grupo de familias de presos presentó una petición desafiando los precios exorbitantes que se cobran por las llamadas telefónicas interestatales desde prisiones y cárceles, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) votó a favor de limitar el coste de las llamadas.
En diferentes ciudades de EE.UU., las personas sin hogar se vuelven blanco de arresto y son detenidas bajo las leyes que prohíben que deambulen, se sienten u ocupen espacios públicos.


La juventud en el sistema de justicia penal


En casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos, un número considerable de jóvenes delincuentes son juzgados en los tribunales para adultos y sentenciados a cumplir condenas en cárceles y prisiones para adultos.
La práctica generalizada de condenar a delincuentes jóvenes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional está cambiando conforme los estados lidian con cumplir las decisiones recientes de la Corte Suprema de EE.UU. Decisiones independientes han sostenido que la pena no puede ser jamás obligatoria para los delincuentes juveniles, ni puede ser impuesta a los delincuentes menores de edad condenados por delitos comunes que no sean de homicidio. Sin embargo, el Tribunal Supremo aún no anula la aplicación de la pena a los menores, y los delincuentes juveniles continúan recibiendo sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional por delitos de homicidio. En 2012, Human Rights Watch informó que de 500 delincuentes menores de edad condenados a cadena perpetua sin libertad condicional, casi todos reportaron haber sido víctimas de violencia física o abuso sexual por parte de otros reclusos o funcionarios de las prisiones.
Los jóvenes también son condenados a otras penas severas que son el equivalente funcional a la cadena perpetua sin libertad condicional debido a que la sentencia excede la duración promedio de una vida. En septiembre de 2013, California aprobó una ley que crea un proceso de revisión para los casos de jóvenes condenados a penas de prisión para adultos, que requiere que la junta de libertad condicional brinde una oportunidad significativa para su liberación, basada en la culpabilidad disminuida por la juventud, en comparación con los adultos. En muchos casos, esto significa una puesta en libertad más temprana.
La ley federal requiere generalmente que los estados y otras jurisdicciones registren a los menores condenados por ciertos delitos sexuales en un registro nacional y público que se puede acceder en línea. El registro impacta el acceso a la educación, la vivienda y el empleo de estos delincuentes juveniles.


Los derechos de los inmigrantes


Hay aproximadamente 25 millones de inmigrantes en Estados Unidos y casi 12 millones están en el país sin autorización.
La amplia red de centros de detención de inmigrantes en EE.UU. cuenta actualmente con alrededor de 400.000 no ciudadanos cada año. En cualquier momento dado, hay cientos de detenidos en régimen de confinamiento solitario. En septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estado Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)anunció que limitaría pero no prohibiría el uso del régimen de aislamiento.
El procesamiento penal de los delitos de inmigración, con los que históricamente se había lidiado ampliamente mediante la deportación y otras sanciones no penales, sigue aumentando. En 2012, los casos de inmigración constituyeron el 41 por ciento de todos los casos penales federales; el reingreso ilegal es ahora el delito federal más perseguido. Muchos de los procesados no tienen antecedentes penales y muchos otros tienen lazos profundos en EE.UU., como familiares que son ciudadanos estadounidenses con los que estaban buscando reunirse en el momento en que fueron detenidos.
En 2013, después de años de inacción, el Congreso de EE.UU. comenzó a debatir una rigurosa reforma al sistema de inmigración de EE.UU. En junio, el Senado aprobó un proyecto de ley que crearía un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes no autorizados y permitiría una mayor consideración al derecho a la unidad familiar en algunas decisiones de deportación. De entrar en vigor, el proyecto de ley alinearía mejor las prácticas de control y de detención inmigratoria con los requisitos de derechos humanos, incluida la eliminación de una fecha límite de un año para los solicitantes de asilo, si bien seguiría exigiendo la deportación automática de los no ciudadanos con antecedentes penales, incluso por delitos menores. El proyecto de ley pide que se dediquen unos US$47.000 millones adicionales a los esfuerzos de supervisión a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, incluyendo un aumento importante en los procesos federales de delitos de inmigración y un aumento sustancial en las penas por la entrada ilegal y el reingreso ilegal al país.
En el momento de escribirse este informe, la Cámara de Representantes no había hecho ningún progreso serio sobre esta reforma inmigratoria integral.
"Comunidades Seguras" ("Secure Communities") y otros programas federales relacionados con las agencias policiales locales siguieron desempeñando un papel importante en las deportaciones. El gobierno federal ha retratado estos programas como medidas centradas en la detención de delincuentes peligrosos, pero la mayoría de los inmigrantes deportados a través de Comunidades Seguras no son criminales o son delincuentes de nivel inferior. Estos programas también exacerban la desconfianza en la policía en las comunidades de inmigrantes.
Connecticut y California, junto con las ciudades de Newark y Nueva Orleans, se han sumado a un creciente número de estados y localidades que han puesto límites a la participación de la policía local en programas como Comunidades Seguras, en gran parte negándose a mantener detenidas a personas sin cargos para las autoridades federales de inmigración, si no tienen antecedentes penales o estos son menores.


Derechos de los trabajadores


Cientos de miles de niños trabajan en labores agrícolas de Estados Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 (FLSA, por sus siglas en inglés) exime a los niños trabajadores agrícolas de los requisitos de edad mínima y jornada laboral máxima aplicables a todos los demás niños trabajadores. Como consecuencia, los trabajadores agrícolas menores de edad suelen trabajar diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por pesticidas, envenenamiento por nicotina, enfermedades producidas por el calor, lesiones, discapacidades permanentes y muerte. De los niños menores de 16 años que sufrieron lesiones mortales en el trabajo en 2012, 75 por ciento trabajaba en la producción agrícola. Las protecciones federales existentes no se aplican a menudo.
El Congreso aún no ha cerrado un vacío legal que permite a los niños desempeñar trabajos peligrosos en la agricultura a partir de los 16 años; el trabajo peligroso está prohibido en todos los demás sectores laborales hasta los 18 años.
Millones de trabajadores estadounidenses, entre ellos padres y madres de bebés, son perjudicados por leyes débiles o inexistentes sobre los permisos pagados, condiciones para la lactancia y discriminación contra trabajadores con responsabilidades familiares. Los permisos inadecuados contribuyen al retraso de la inmunización de los bebés, la depresión posparto y otros problemas de salud, y hacen que las mujeres paren la lactancia prematuramente. En 2013, varios proyectos de ley federales fueron introducidos para mejorar las políticas nacionales de conciliación entre la vida profesional y familiar. Rhode Island se unió a California y Nueva Jersey en el establecimiento de un seguro pagado por el estado para los permisos de ausencia por razones familiares; varias ciudades adoptaron leyes para introducir los días de enfermedad pagados.
En septiembre, el gobierno de Obama emitió una regulación poniendo fin a la exclusión de determinados trabajadores domésticos de las protecciones de salarios mínimos y límites a las horas laborales. Estos trabajadores, la mayoría de los cuales son mujeres e incluyen a muchos inmigrantes y minorías, proporcionan servicios esenciales a las personas con discapacidades y a ancianos.


Política de salud


Dieciséis estados se han negado a ampliar los servicios de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, impidiendo el derecho a la salud para los pobres, los afroamericanos y otros grupos con acceso limitado a la atención médica.
Las infecciones del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) en Estados Unidos continúan afectando de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las mujeres transgénero. Muchos estados siguen menoscabando los derechos humanos y la salud pública con la limitación de la educación sexual, las protecciones legales inadecuadas para las personas con VIH, la resistencia a los programas de reducción del daño como los de intercambio de jeringas y la falta de financiamiento de la prevención y la atención para el VIH. Las políticas de justicia penal negativas incluyen leyes que aplican penas más severas a las personas que viven con el VIH y permiten el uso de condones como prueba de la prostitución.


Los derechos de las mujeres y las niñas


En febrero, el Congreso renovó la Ley sobre Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), la principal ley federal que ofrece protección legal y servicios a las víctimas de la violencia doméstica y sexual y el acoso. La nueva ley incluye protecciones mejoradas para las víctimas inmigrantes, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT); y las víctimas en los territorios tribales.
En enero, un informe de Human Rights Watch describió detalladamente la pobre respuesta policial a las agresiones sexuales en el Distrito de Columbia, lo que llevó a la implementación de reformas en el enfoque de ese departamento policial hacia estos casos.
En 2013, la anticoncepción de emergencia se hizo disponible sin receta médica para los clientes de todas las edades. Según el Instituto Guttmacher, los estados adoptaron 43 restricciones al acceso al aborto en el primer semestre de 2013. Estas restricciones adoptaron una variedad de formas, incluyendo las que exigen que los proveedores de aborto cuenten con privilegios de admisión en los hospitales locales, que las pacientes se hagan una ecografía antes del aborto y las que prohíben el aborto después de un número determinado de semanas desde la última menstruación de la mujer.
En enero de 2013, el Departamento de Defensa levantó una antigua prohibición que impedía que las mujeres sirvieran en funciones directas de combate.
Hombres y mujeres militares siguen afrontando altos niveles de violencia sexual. El gobierno estima que en 2012 tuvieron lugar 26.000 agresiones sexuales en el ejército, y los datos del Departamento de Defensa sugieren que el 62 por ciento de las personas que denuncian dichos asaltos sufren represalias.


Orientación sexual e identidad de género


En junio, la Corte Suprema de EE.UU. invalidó dos de las iniciativas anti-LGBT más atroces en el país. En Estados Unidos vs. Windsor, el tribunal revocó la sección 3 de Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), que prohíbe el reconocimiento federal de los matrimonios del mismo sexo aprobados por el estado. En Hollingsworth vs. Perry, el tribunal desestimó un recurso presentado por los defensores de la Proposición 8, un referéndum estatal de California en 2008 que habría revocado el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las leyes estatales que prohíben el matrimonio entre personas homosexuales.


Contraterrorismo y vigilancia


La detención indefinida sin cargos ni juicio de los detenidos en la Bahía de Guantánamo continuó por duodécimo año, con todavía 162 detenidos en la prisión. Desde 2009, 82 de ellos han sido declarados aptos para ser transferidos a sus países de origen u otros por un grupo de trabajo interinstitucional. Aunque el presidente Barack Obama renovó su promesa de cerrar la prisión de Guantánamo en mayo, en el momento de escribirse este informe, su gobierno sólo había trasladado a ocho detenidos de la instalación desde el año 2011. Dos de ellos fueron repatriados a Argelia en agosto y dos más en diciembre.
A principios de 2013, varios detenidos en Guantánamo iniciaron una huelga de hambre; en su apogeo, supuestamente hubo 106 de ellos que participaron de alguna manera y 45 fueron alimentados a la fuerza vía un tubo dos veces al día. Grupos médicos y de derechos humanos escribieron cartas de protesta señalando que la alimentación forzada de presos competentes era una violación de la ética médica y las normas de derechos humanos.
El gobierno continuó utilizando comisiones militares con deficiencias fundamentales en Guantánamo para procesar a los detenidos. Las audiencias previas al juicio se movieron con lentitud en los dos únicos casos activos de la comisión: uno contra cinco hombres acusados ​​de planear los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otro contra un hombre acusado de planear el atentado contra el USS Cole en Yemen en octubre de 2000. La incapacidad de la comisión para establecer normas que protegieran la relación de acceso y comunicación entre abogado y cliente, entre otras cosas, socavó la progresión de los casos. La fiscalía ha anunciado que tiene la intención de presentar cargos sólo contra otros siete presos de Guantánamo.
Con mucho retraso, el gobierno comenzó a revisar los casos de los detenidos de Guantánamo cuya puesta en libertad no estaba prevista o que afrontaban cargos activos, un paso importante hacia el cierre de la prisión. Pero las directrices de dichas revisiones no garantizan los derechos básicos de los detenidos, como el acceso a información clasificada cuando dicha información es la base de su detención, el derecho a estar presentes durante todo el proceso y el acceso a un abogado.
A finales de 2012, el Comité de Inteligencia del Senado completó un estudio exhaustivo del programa de detenciones e interrogatorios secretos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 de la CIA, que terminó en 2009. En el momento de redactarse este informe, el reporte permanecía clasificado.
En mayo, el presidente Obama anunció una política para los asesinatos selectivos en el extranjero que requería que el objetivo fuera una amenaza continua e inminente contra los estadounidenses y que debía haber prácticamente una certeza de que no habría heridos civiles durante el ataque. El presidente Obama insistió en que la preferencia del gobierno de EE.UU. es detener en lugar de matar. La política completa permanece clasificada y no se ha divulgado ninguna información sobre su cumplimiento. El gobierno tampoco ha proporcionado la plena base jurídica para sus asesinatos selectivos bajo el derecho internacional y de EE.UU.
En agosto, el secretario de Estado, John Kerry, afirmó que los ataques con aviones no tripulados (drones) en Pakistán terminarían "muy pronto", aunque no especificó una fecha exacta.
Documentos clasificados filtrados a los periodistas por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden, revelaron que EE.UU. ha utilizado secretamente poderes de vigilancia, otorgados por el Congreso para prevenir ataques terroristas, para capturar sistemáticamente enormes flujos de datos, incluyendo correos electrónicos, búsquedas en Internet, información sobre llamadas telefónicas y otros registros, de empresas y nodos de comunicaciones ubicados tanto en EE.UU. como en el extranjero, a veces con la ayuda de gobiernos extranjeros. La mayoría de lo que intercepta proviene de personas que no son sospechosas de ningún delito, y el gobierno retiene grandes cantidades de datos durante diferentes períodos de tiempo. La supervisión judicial y del Congreso de estas prácticas de vigilancia es mínima y poco transparente.
Las personas en EE.UU. cuentan con algún tipo de protección legal de la privacidad del contenido de sus comunicaciones, pero no de los "metadatos" o detalles de las comunicaciones generalmente compartidos con empresas u otras terceras partes (como la fecha, la hora, el lugar, el emisor y el receptor). Los funcionarios estadounidenses afirman que la recopilación de las comunicaciones no constituye una invasión a la privacidad hasta que los datos son examinados, o "investigados". La ley de EE.UU. de vigilancia ofrece poca o ninguna protección de la privacidad para los no estadounidenses fuera de Estados Unidos.
Revelaciones en 2013 pusieron en evidencia que funcionarios estadounidenses también podrían estar socavando sistemáticamente los estándares internacionales de encriptación y de seguridad adoptados por las empresas de Internet, lo que debilita la seguridad en línea de todos los usuarios de Internet.
Los fiscales presentaron cargos contra Snowden bajo la Ley de Espionaje. El derecho de EE.UU. no brinda protecciones o defensas legales adecuadas a los informantes que divulgan información de seguridad nacional o de inteligencia al público, incluso en asuntos de importancia pública apremiante. El gobierno de Obama trató de bloquear los intentos de Snowden de obtener asilo en varios países. Snowden finalmente obtuvo asilo temporal en Rusia.
En agosto, una corte militar de EE.UU. condenó a la soldado Chelsea (anteriormente Bradley) Manning a 35 años de prisión bajo la Ley de Espionaje y otros cargos por filtrar cientos de miles de documentos gubernamentales secretos a Wikileaks para su publicación, incluyendo algunos que ponían en evidencia delitos o potenciales crímenes de guerra. Antes del juicio, Manning ya se había declarado culpable de cargos que ascendían a 20 años de prisión.


Política exterior de EE.UU.


En enero, los legisladores estadounidenses evaluaron la posibilidad de enviar ayuda militar a las fuerzas de la oposición siria en la guerra civil de ese país. En febrero, el gobierno dijo que comenzaría el envío de ayuda no letal a la oposición, incluyendo alimentos y medicamentos. En septiembre, EE.UU. parecía dispuesto a llevar a cabo ataques contra Siria en respuesta al uso por el gobierno sirio de armas químicas cerca de Damasco, que acabaron con la vida de más de 300 personas. Obama había indicado previamente que el uso de armas químicas en Siria constituía una "línea roja" que empujaría a EE.UU. a la acción en el conflicto.
Obama solicitó la autorización del Congreso para la iniciativa militar de EE.UU. en Siria, pero un acuerdo respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para colocar las armas químicas de Siria bajo control internacional, retrasó indefinidamente una votación en el Congreso.
Birmania se convirtió en una parte importante del "giro" de Obama hacia Asia, cuando Birmania buscaba reducir su dependencia de China. EE.UU. promovió una mayor reforma política en el país y alentó la inversión de EE.UU. en Birmania, sujeto a los requisitos de derechos humanos que entraron en vigor en mayo. En septiembre, EE.UU. restringió la ayuda militar a Birmania en vista de preocupaciones de que hubiera niños soldados.
Tras el derrocamiento en julio del presidente Mohammed Morsi en Egipto, EE.UU. condenó al gobierno militar provisional por declarar un estado de emergencia y por sus violaciones contra la población civil, incluidos los partidarios de la Hermandad Musulmana. En octubre de 2013, EE.UU. suspendió algunas clases de asistencia militar y económica, pero lo hizo porque el gobierno interino estaba incumpliendo su propósito de encaminar el país hacia la democracia, no a causa de los continuos abusos o falta de rendición de cuentas.
EE.UU. ha seguido desempeñando un papel fundamental en la movilización del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para responder a violaciones graves de los derechos humanos, entre ellos, en Sri Lanka, Irán y Corea del Norte.


http://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/121937

miércoles, 8 de octubre de 2014

Doce millones y medio de niños trabajan en América Latina y el Caribe.

Doce millones y medio de niños trabajan en América Latina y el CaribeAlrededor de 12,5 millones de niños en América Latina y el Caribe debieron trabajar durante 2013, lo que equivale al 8 % de los menores de la región, según un informe publicado hoy por el Gobierno de EE.UU.
El informe anual sobre las “Peores formas de trabajo infantil” en el mundo, publicado por el Departamento de Trabajo de EE.UU., señala que esos 12,5 millones de niños latinoamericanos y caribeños trabajaron tanto en actividades formales como informales.
Las poblaciones indígenas y afrodescendientes tienen “tasas desproporcionadas de trabajo infantil”, mientras que los niños migrantes también corren un “riesgo particular” de acabar en actividades “de explotación, como los servicios domésticos”.
Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Costa Rica y El Salvador hicieron “avances notables” a lo largo de 2013 para reducir el impacto del trabajo infantil en sus sociedades, y muchos Gobiernos de la región “aumentaron sus esfuerzos de protección social” para prevenir que los padres envíen a trabajar a sus hijos por necesidad.
Pero “trece países de la región”, que el informe no identifica, carecen de programas suficientes ante “la ocupación más común para los niños de la región: el trabajo peligroso en agricultura”, especialmente común entre varones afrodescendientes o indígenas.
Otro de los trabajos comunes es “el servicio doméstico, en el que predominan las niñas”, sumado al uso de niños “para actividades ilícitas”, tanto para el cultivo y tráfico de drogas como en las “pandillas” criminales, “especialmente en áreas fronterizas”.
Estados Unidos menciona además nueve países que no han definido cuáles son los trabajos peligrosos que deben prohibirse a los niños, entre ellos Argentina, Venezuela y Haití.
Venezuela “no hizo avances en 2013 para eliminar las peores formas de trabajo infantil”, que son en ese país la explotación sexual, la mendicidad o el servicio doméstico, según el informe.
Uruguay, por su parte, “carece de una política nacional integral contra el trabajo infantil, y los programas para prevenirlo y eliminarlo son limitados”, por lo que muchos menores trabajan en “la búsqueda en basureros o la explotación sexual comercial”.
Los progresos también fueron “mínimos” en República Dominicana, que tiene “limitaciones notables a sus oportunidades educativas para ciertos niños, particularmente los de descendencia haitiana”.
Entre los países con avances está Chile, debido a la “aprobación de la educación gratuita hasta los 18 años” y la casi “triplicación de las inspecciones laborales”, aunque, según datos del Gobierno chileno, el trabajo infantil afecta a 229.000 niños.
En Brasil, donde según datos oficiales trabajan unos 3,1 millones de niños, EE.UU. destaca el “aumento de presupuesto” para la protección social y la mejora del programa contra el trabajo infantil, pero indica que persiste el empleo de menores en “la agricultura y el servicio doméstico”.
Estados Unidos también ve avances en Colombia, que “amplió su programa de protección social” y estableció una unidad de inspección contra el trabajo infantil, pero sigue habiendo niños “reclutados forzosamente por grupos armados” y forzados a trabajar.
Según el Gobierno colombiano, más de un millón de niños trabajan en el país.
Respecto a Ecuador, el informe destaca medidas del Gobierno como la organización de una encuesta sobre el trabajo infantil, pero indica que hay una “limitación de recursos” que impide poner fin al trabajo de los menores en agricultura o narcotráfico.
El Salvador aprobó en 2013 una política nacional para proteger a los niños y una “hoja de ruta” para erradicar el trabajo infantil, pero el informe recuerda que muchos niños -144.168 en 2013, según el Gobierno salvadoreño- siguen en trabajos domésticos o agrícolas.
Costa Rica, según el informe de EE.UU., “fortaleció sus leyes contra la explotación sexual de niños” e invirtió en programas sociales, pero éstos “no llegan a todos los niños que trabajan”, muchos de ellos en la agricultura o la industria del sexo.
Perú multiplicó por diez las multas a quienes dan trabajo a niños y firmó un acuerdo para implementar dos programas piloto contra el trabajo infantil, pero muchos menores siguen dedicados a la agricultura y el narcotráfico o mendigan en las calles, según EE.UU.
Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay, por su parte, han hecho “avances moderados” en el combate al trabajo infantil.
El Departamento de Trabajo no examinó todo el mundo, sino solo 143 países que se benefician de los programas de preferencias comerciales de EE.UU., con el fin de informar al Congreso y que los legisladores tengan en cuenta la prevalencia del trabajo infantil en cada país a la hora de renovar o no esos beneficios.


Por Lucía Leal |
http://elsoldelaflorida.com/?p=498574

viernes, 3 de octubre de 2014

El movimiento eugenésico en Estados Unidos.


El tema de la eugenesia en los EE.UU. de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, comenzó quizás con el libro del inglés sir Francis Galton titulado ‘Hereditary Genius’, donde intentaba demostrar científicamente algo que, en la Inglaterra victoriana ya era de dominio público: que los victorianos eminentes solían ser progenie de eminantes padres victorianos. Galton aducía que el talento intelectual es principalmente hereditario.
El estudio que Galton hizo del "genio hereditario" le llevó a considerar "al incompetente, al enfermizo, al desesperado" como una amenaza para el bienestar de la sociedad a causa de su tendencia a engendrar gran número de hijos, niños éstos depauperados, enfermos y miserables.
Debería animarse a las clases altas para que tuvieran más hijos, mientras que a las bajas tendría que ser posible persuadirlas, o en caso necesario obligarlas, de la necesidad de tener menos.
Galton aspiraba a que la gente de su propia clase cerrara filas alrededor de esta idea central de mejora racial (de aumentar el número relativo de "los más sanos, más ricos y más sabios"). Galton, en 1883, bautizó a esta idea y a este empeño con el nombre de eugenesia: era algo destinado a convertirse en el punto de confluencia de muchas formas de control de la conducta en el transcurso del siglo XX.
Bajo el pabellón de la eugenesia, muchos científicos y reformadores sociales abogaron por la promulkgación de leyes que impidieran tener descendencia a los "degenerados". De este modo, en fecha tan temprana como 1898, la legislatura de Michigan incorporaba un decreto de esterilización eugenésica en el que se disponía la castración de la totalidad de los internados en el Asilo para Débiles Mentales y Epilépticos de Michigan, así como para todos aquellos que por tercera vez hubieran recibido condena por felonía.
La "desviación", esto es, una conducta reputada como socialmente molesta, dañina o peligrosa, y la "incapacidad", condición considerada como una minusvalía para el individuo afectado, suelen ir casi siempre unidas en las propuestas eugenésicas; las medidas destinadas a controlar la conducta que pudieran significar una amenaza para los intereses de grupos poderosos quedan así revestidas con los ropajes de las mejoras humanitarias.
En el mismo año de la promulgación del decreto de Michigan apareció un informe que describía un intento lisa y llan amen te orientado a controlar la conducta desviada tratándola como una enfermedad. Detallaba la "castración terapeútica" de veintiséis niños varones en Massachusetts; de éstos, veinticuatro habían sido operados a causa de "epilepsia y masturbación persistentes", uno por "epilepsia con imbecilidad" y uno por "masturbación con debilidad mental".
El movimiento eugenésico fue alimentado en gran medida con fondos provenientes de fundaciones corporativas. En 1904, la Carnegie Institution de Washington (fundada y patrocinada por Andrew Carnegie, el fabricante de acero) financiaba la puesta a punto de un centro de experimentación biológica en Cold Spring Harbor, Nueva York. Lo dirigía Charles Benedict Davenport, zoólogo cuyo temprano interés científico por la crianza de animales había comenzado a desvanecerse y que, al estudiar a Galton, se convirtió en interés por la eugenesia. Animó a otros científicos a que desarrollaran métodos para identificar a los individuos que portaran "plasma germinal defectuoso" y procuró que otras fundaciones finan ciaran el trabajo. Davenport estaba particularmente interesado en que se diera paso a leyes de control eugenésico, y dedicó muchos esfuerzos a propagar información sobre el tema.
Un año más tarde, en 1905, la legislatura del estado de Pensilvania aprobó un Acta para la Prevención de la Idiotez en los que se incluía una cláusula de esterilización. Fue vetada por el gobernador Pennypacker, que dijo: "Estos niños, casos de imbecilidad y de debilidad mental, han sido confiados a las instituciones por sus padres o tutores con el fin de que se les enseñe e instruya. Se propone [en el Acta] experimentar con ellos; no para su instrucción, sino para ayudar a la sociedad en el futuro… sin su consentimiento, que no pueden dar… Esta Acta asume que no se les puede enseñar ni instruir… [sin embargo, su] condición mental se debe a causas… completamente fuera del alcance de nuestros conocimientos".
Pero, al poco, las barreras que se oponían al control eugenésico cederían casi de golpe. Dos años más tarde, el estado de Indiana aprobó y refrendó como ley un decreto sobre esterilización eugenésica. El preámbulo establecía sucintamente: "Por cuanto la herencia juega un papel de decisiva importancia en la transmisión del crimen, la idiotez y la imbecilidad…". Tal lenguaje, con variaciones menores, se repetía en leyes similares, aprobadas en rápida sucesión en quince estados.
El apremio de los eugenésicos hizo que la lista de características en las que la herencia supuestamente jugaba "un papel de decisiva importancia" se enriqueciera con nuevas adiciones. Una ley de Nueva Jersey añadía, en 1911, "debilidad m ental, epilepsia, tendencias criminales y otros defectos". La ley de Iowa, promulgada el mismo año, abogaba por el "asexuamiento de criminales, idiotas, etc.". El artículo de asexuamiento fue modificado dos años más tarde, convirtiéndose en "prevención de la procreación" y el etc. fue desmenuzado en "criminales, violadores, idiotas, débiles mentales, imbéciles, lunáticos, borrachos, toxicómanos, epilépticos, sifilíticos, pervertidos sexuales y morales, y personas enfermizas y degeneradas".
Para abreviar: entre 1909 y 1928, veintiún estados promulgaron leyes de esterilización eugenésica destinadas a controlar el comportamiento reproductor de desviados sociales. Algunas de estas leyes nunca fueron aplicadas, pero otras muchas sí, y la mayoría de ellas están aún en los códigos de una forma u otra. El número de esterilizaciones realizadas bajo el auspicio de estas leyes con anterioridad a 1929 ha sido estimado en unas 8.500.
Hacia 1910, el movimiento eugenésico comenzó a consagrarse de forma organizada a racionalizar y documentar las medidas que había ayudado a promover. Davenport, por ejemplo, creó (con fondos donados por la señora E. H. Harriman, viuda del magnate ferroviario) la Oficina de Informes Eugenésicos, reuniendo científicos de diversos campos para estudiar, informar y recomendar medidas de carácter público en asuntos concernientes a su común objetivo. La oficina era auxiliada por "comités asesores expertos" en asuntos tales como "la herencia de las características mentales", "la herencia del débil mental" y "la esterilización".
Se formó, bajo los auspicios de uno de los comités asesores, un subcomité "que estudiará y detallará el mejor medio práctico para eliminar el plasma germinal defectuoso de la población americana". El presidente Harry H. Laughlin y otros miembros del comité "investigaron y descubrieron" que aproximadamente el diez por ciento de la población era portadora de "mala semilla". Precisando más, afirmaron la existencia de una conjunción inherente entre la inmoralidad y la inteligencia escasa. Esta conjunción, argüían, era característica de "débiles mentales, locos, gentes con tendencias criminales (lo que incluye a delincuentes y revoltosos), epilépticos, borrachos, seres enfermizos, ciegos, sordos, deformes y personas dependientes (incluyendo a huérfanos, inútiles, mendigos, pobres y sin hogar)".
Al formular el aserto (ya oficialmente establecido en los preámbulos de las leyes de muchos estados) de que la causa primigenia de la desviación social era una mala herencia y de que "la sociedad debe contemplar el plasma germinal como algo que a la sociedad pertenece, y no únicamente al individuo que lo lleva", el comité de Laughlin concluía que la esterilización eugenésica era el "mejor medio práctico de proscribir el plasma germinal defectuoso de la población americana".
No existía, en la época, ni genética cuantitativa, ni una teoría defendible sobre una hipotética transmisión hereditaria de los rasgos caracterológicos, ni datos sobre cifras de Coeficiente Intelectual entre la población general del país. Pero, en América, la noción de que la dependencia, la enfermedad, la pobreza, la degeneración, la deformidad, la desviación y otros problemas sociales estaban determinados biológicamente por mala sangre y mala herencia era una idea cuyo tiempo había llegado.
Así pues, los Estados Unidos se convirtieron en la primera nación de la época moderna donde se promulgaron y aplicaron leyes en las que se articulaba la esterilización eugenésica en nombre de la "pureza de la raza", y no la Alemania nazi de Hitler como casi todo el mundo cree erróneamente porque así nos lo han hecho creer interesadamente.

http://zarramonza.wordpress.com/2011/08/02/el-movimiento-eugenesico-americano/?blogsub=confirming#blog_subscription-4

viernes, 26 de septiembre de 2014

De la esclavitud a la segregación .



Entre 1870 y 1970, el sur de EEUU vivió uno de los períodos más vergonzosos de la historia de este país. Abolida la esclavitud e influidos por las ideologías racistas antinegro se crea un sistema de segregación racial en el que los blancos nórdicos establecieron su supremacía sobre negros e hispanos.
Después de la Guerra Civil (1861-1865) los estados del sur resentidos por su derrota redactaron una serie de leyes para disciminar a los hombres de color. Este fenómeno se llamó eufemísticamente de "reconstrucción". El proceso fue tan intenso y extenso que hacia 1877, con la elección de Rutherford Hayes como 19th presidente de los EE.UU., la discriminación y el racismo era habitual en ciudades como Nueva York, Bostón, Detroit y Chicago.
Como los estados no podían eliminar los derechos de los negros al estar garantizados por la constitución, se usó el término de "segregación" con el concepto de "Separated but Equal" (Separados pero iguales). La idea era que mientras las oportunidades ofrecidas a ambas razas fueran iguales, la segregación era legal.
La segregación surge a raíz de las Leyes de Jim Crow (1876). En ellas se negaba el derecho al voto de los negros imponiendo una serie de requisitos como saber leer y escribir, tener posesiones y pagar un impuesto electoral. Pronto se instauró un régimen de apartheid en el que más de 13 millones de negros eran obligados a vivir apartados del resto de la sociedad. Las viviendas, escuelas, transporte, hoteles, restaurantes, incluso los lavabos estaban divididos para evitar que el hombre blanco se "contaminara" por la influencia del negro. En algunas ciudades se llegó a aplicar una ley marcial que prohibía a los negros salir a la calle a partir de las diez de la noche. Todas las fraternidades, clubs y sociedades (Francmasones, Rotarios, Odd Felows, Moose…) tenían prohibido admitir a individuos de la raza segregada.
En el sur se prohibía a los negros asociarse y participar en los sindicatos. En 1890 el partido popular (populist party) creó un movimiento agrícola con el apoyo de la población negra, para presionar sobre los bancos y ferrocarriles y conseguir poner un precio justo a los productos agrícolas, pero el partido se encontró de frente con la élite blanca del partido demócrata del sur. Esta élite evitó el voto afroamericano mediante impuestos al voto (poll taxes) y con linchamientos organizados por todo el sur.
La suerte no era mejor para los negros del norte que vivían en guetos superpoblados como Harlem en Nueva York o el South Side de Chicago. Familias enteras se hacinaban en apartamentos de escasos metros cuadrados denominados "kitchenettes".
Varios presidentes de los Estados Unidos se mostraron contrarios a la integración de los negros, así como a la inmigración de razas más débiles:

"Estoy convencido de que la actual invasión de mano de obra china […] es perniciosa y debería ser atajada. Nuestra experiencia con las razas más débiles negros e indios, por ejemplo es una buena muestra de ello" Rutherford Hayes. 19º Presidente de EEUU, (1877-1881).
"[…] las tribus salvajes esparcidas, cuya existencia era solamente unos pocos escalones menos insignificantes, escuálida y feroz que la de otras bestias. [Dicha guerra sería] beneficiosa para la civilización y en interés de la humanidad". Theodore Roosevelt.26º Presidente de los EEUU. (1901-1909)

"América debe conservarse americana. Las leyes biológicas demuestran que los nórdicos se deterioran al mezclarse con otras razas". 30º Calvin Coolidge. Presidente de EEUU (1923-1929)

La Primera Guerra Mundial obligó a los empresarios a incluir a los negros como fuerza laboral en la industria, pero al finalizar la guerra, los negros fueron usados para romper las huelgas de los trabajadores blancos del norte lo que avivó el racismo y la división entre la clase obrera.
Las oportunidades en la práctica no eran iguales para negros y blancos. Por ejemplo las escuelas púbicas de blancos recibían más dinero, mientras que la escuelas de negros recibían el mínimo dinero posible. Un caso dramático fue el que sufrió la cantante negra Bessie Smith, víctima de un accidente de tráfico. La ambulancia que la llevaba recorrió todos los hospitales del Missisipi en busca de una transfusión de sangre, pero en ninguno de ellos la dejaron entrar ya que eran "hospitales para blancos". Bessie Smith se desangró en la camilla, falleciendo por culpa de esta segregación "legal". Este hecho, y otros muchos, dieron origen al Movimiento de igualdad de derechos de los negros, liderado por Martin Luther King (1929-1968).
En 1954 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos promulgó la educación como un derecho civil esencial. En el fallo "Brown vs. Borrad of Education" los jueces decidieron que la educación pública segregada no era igual y por lo tanto la segregación en las escuelas públicas era ilegal.
En 1963 tuvo lugar la importante Marcha sobre Washington liderada por M. Luther King. Justo un año después se vieron los resultados: las leyes de Jim Crow fueron abolidas mediante la ley "Civil Rights Act" (ley sobre derechos civiles).

http://05racismo.blogspot.com/2009/04/126-la-segregacion-racial-de-los-negros.html

viernes, 12 de septiembre de 2014

Los efectos de los videojuegos en el cerebro.



Ya sea empleando una consola, el ordenador o nuestro teléfono móvil, aunque sea al menos una vez ¿quién no ha jugado algún videojuego? Si bien nacieron en la centuria pasada, el siglo XXI es y promete ser el verdadero "siglo de los videojuegos".
Cada año se lanzan al mercado, cientos de nuevos diseños, dispositivos y retos más difíciles de superar. Asimismo, el número de adictos a estas tecnologías no dejan de crecer e incluso ya hay quienes las consideran un arte.
Pero… ¿te has preguntado qué efectos tienen los videojuegos en el cerebro o qué pueden provocar el funcionamiento cerebral? ¿Será tan malo como señalan tus padres? ¿Tendrá en realidad algún beneficio? Veamos que dicen los científicos.

Los videojuegos mejoran la atención visual
Según una serie de estudios desarrollados por un grupo de investigadores de la University of Rochester, determinados videojuegos sobre todo aquellos que incluyen mucha acción pueden ayudar a mejorar la atención visual.
La atención visual se basa en la capacidad del cerebro de procesar la información visual que es realmente relevante y suprimir la que no lo es. Lo que se ha comprobado en estos estudios es que en experimentos relacionados con la atención visual, jugadores asiduos a videojuegos de esta clase, como por ejemplo Halo, superan constantemente a quienes no son jugadores.
Por esta razón, actualmente se están desarrollando varios estudios, ensayos y ejercicios para determinar qué utilidad puede tener la práctica de estos videojuegos, por ejemplo, en los entrenamientos militares.
En busca de un fin más práctico e inteligente, también se están realizando procedimientos para determinar si resultan útiles aplicados a tratamientos terapéuticos, por ejemplo, para mejorar ciertos impedimentos visuales.
¿Sabías que un juego tan conocido como Super Mario puede aumentar la materia gris del cerebro que compone la corteza cerebral? Esto si que no lo esperabas, ¿eh?
Según un estudio reciente, del prestigioso Instituto Max Plank, se encontraron aumentos significativos del contenido de materia gris en el hipocampo derecho, la corteza prefrontal y el cerebelo en aquellas personas que juegan videojuegos de estrategia.
Teniendo en cuenta que el hipocampo es responsable de formar, organizar y almacenar recuerdos; que la corteza prefrontal interviene en la toma de decisiones, la planificación, el control de los impulsos y la resolución de problemas; y que el cerebelo controla la coordinación de los movimientos y el equilibrio, no es de extrañar que el incremento de la materia gris mejore considerablemente la función cognitiva en estas regiones específicas.

Los videojuegos y el comportamiento agresivo
Mucho se ha debatido sobre la relación entre la violencia de algunos niños y adolescentes con las características de algunos videojuegos. Si bien este es un tema bastante escabroso y que aún genera polémicas, hay estudios que demuestran que los juegos violentos como World of Warcraft son inofensivos para la gran mayoría de los niños y solo influyen en la agresividad en una minoría, más precisamente, en minorías con trastornos de la personalidad pre-existentes.
Aquellos que se molestan con facilidad, se preocupan poco por los demás, se deprimen con frecuencia, tienden a ser neuróticos, rompen usualmente las reglas o suelen actuar sin pensar, son los más propensos a verse afectados negativamente por los videojuegos violentos.
De hecho, un estudio publicado en un artículo de la prestigiosa Journal of Personality and Social Psychology, demostró que en estos adolescentes, juegos tan inocentes como el Tetris o el Candy Crush provocaron en ellos tanta agresividad como la que provocaban juegos extremadamente violentos, como Grand Theft Auto.

Contrarrestan los efectos del envejecimiento
Entre otras tantas cosas, se ha demostrado que jugar ciertos videojuegos diseñados específicamente para mejorar el rendimiento cognitivo, han estimulado muy positivamente algunas capacidades de gran relevancia, como la memoria y la atención en personas de entre los 60 y los 85 años de edad.
Ello indica que los videojuegos usados adecuadamente también pueden ser muy útiles al revertir con su uso parte del deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento.

http://curiosidades.batanga.com/6820/los-efectos-de-los-videojuegos-en-el-cerebro-segun-los-cientificos

jueves, 11 de septiembre de 2014

Acuicultura como alternativa para alimentar a los egipcios.


Menos del cuatro por ciento del territorio de Egipto son tierras cultivables, concentradas alrededor del delta y el valle del río Nilo. Las autoridades se esfuerzan por garantizar la seguridad alimentaria y mejorar los estándares de nutrición frente a los pronósticos de que la población de 85 millones de habitantes se duplique para 2050.
“Con la iniciativa de aumentar la eficiencia y la producción de alimentos, Egipto tendrá que usar el agua y la tierra con inteligencia para producir alimentos”, opinó el acuicultor Malcolm Beveridge.
“Tendría sentido juntar la acuicultura con la agricultura para aumentar la producción de alimentos por unidad de tierra y agua”, explicó.
Actualmente, se estudia la posibilidad de adoptar una acuicultura integrada, que es un enfoque holístico de producción de alimentos en que los desperdicios del cultivo comercial de una especie se reciclan como nutrientes y fertilizantes para otra.
Los proyectos suelen consistir en el cultivo de varias especies acuáticas, pero el modelo sinérgico apunta a una mayor integración con la producción de peces, ganado y variedades agrícolas.
“Un enfoque integrado sería el próximo paso lógico para la acuicultura de Egipto, pues podría disminuir significativamente los requerimientos de agua al tiempo y aumentar los ingresos de los piscicultores”, explicó Beveridge.
La acuicultura experimentó un crecimiento explosivo en Egipto en las últimas décadas. La producción anual de peces se disparó de 50.000 toneladas, a fines de los años 90, a más de un millón en 2013, superando la producción conjunta de los demás países de África y Medio Oriente.
La piscicultura como se practica mayoritariamente en Egipto, simplemente cavando un pozo y llenándolo de agua y peces, tiene grandes desventajas. Un viejo decreto establece que el agua potable y la que se usa para irrigar tengan preferencia en el Nilo, lo que obliga a los proyectos de acuicultura a ubicarse en las sucias aguas río abajo. Eso contamina a los peces y limita la productividad.
“Alrededor de 90 por ciento de la acuicultura de Egipto usa aguas del drenaje agrícola, llenas de pesticidas, líquidos cloacales y efluentes industriales”, remarcó Sherif Sadek, gerente de Aquaculture Consultant Office, con sede en El Cairo.
“¿Por qué usamos primero el agua para la agricultura y luego la del drenaje para la acuicultura?”, inquirió. “Debería ser al revés, usar primero el agua para la acuicultura y luego para irrigar los campos”, remarcó.
La acuicultura integrada revierte el paradigma del uso del agua, con beneficios tangibles tanto para las piscifactorías como para los cultivos. La práctica todavía está en pañales en Egipto, pero varios proyectos ya demostraron su viabilidad comercial.
En la granja El Keram, en el desierto al noroeste de El Cairo, los agricultores bombean agua para cultivar tilapias, luego la reciclan para los estanques donde crían peces gato.
El líquido que drenan desde ahí, rico en nutrientes orgánicos, se usa para irrigar y fertilizar campos de tréboles. Luego, las cabras y las ovejas que pastan allí producen estiércol con el que se genera biogás para la calefacción de los tanques del criadero o los estanques en invierno.
“El proyecto demostró cómo los agricultores que optaron por la acuicultura cuando la salinidad dejó estériles sus tierras pueden aumentar la productividad y sus ingresos, usando el mismo volumen de agua”, explicó Sadek.
Otros proyectos integrados en tierras desérticas consisten en cultivar especies acuáticas, como la corvina y las doradas, y dirigir las aguas residuales hacia estanques donde tienen tilapias rojas, que son tolerantes a la gran concentración de sales.
Según Sadek, la salmuera de esos estanques también sirve para cultivar salicornias, plantas hálofitas (con gran tolerancia a las sales), muy buscadas para la producción de biocombustible, forraje y como ingrediente gourmet de ensaladas
“La salicornia puede regarse con agua extremadamente salada y produce semillas y aceite, así como forraje para camellos y ovejas”, puntualizó
Especialistas aseguran que la acuicultura integrada ofrece una mayor eficiencia y requiere hasta 70 por ciento menos de agua que los sistemas de producción no integrados. También es un método rentable de eliminar desechos, además de que permite a los agricultores más pobres ahorrarse la compra de fertilizantes.
Beveridge dijo que las iniciativas de acuicultura de pequeña escala que no puedan adquirir los sistemas cerrados empleados en El Keram aún pueden beneficiarse de este modelo integrado gracias al que podrán cosechar productos comerciales todo el año.
“La acuicultura en Egipto tiene el problema de que el periodo vegetativo es relativamente corto”, puntualizó. Entre diciembre y febrero, las temperaturas son demasiado bajas para sostener el crecimiento de los peces. Los agricultores que tratan de que estos hibernen suelen perder una gran cantidad de animales debido al estrés y las enfermedades, apuntó.
Estudios piloto han demostrado que los piscicultores pueden capitalizar los nutrientes que se acumulan en el barro que cubre el fondo de los estanques donde crían los peces.
“La idea es que usted vacíe los estanques en noviembre, recoja sus peces y luego cultive trigo en su fondo, que se cosechará en marzo, antes de volver a llenar el área de rastrojos con agua y poner los peces juveniles en ella”, explicó Beveridge.

Por Cam McGrath
http://www.ipsnoticias.net/2014/08/acuicultura-como-alternativa-para-alimentar-a-los-egipcios/

jueves, 4 de septiembre de 2014

ONU critica penalización de personas sin techo en EEUU.



Una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investiga el historial de discriminación racial de Estados Unido manifestó una fuerte inquietud ante la nueva serie de leyes que penalizan a las personas sin techo en este país.
El número de estas personas se disparó desde que estalló la crisis financiera en 2008 y afectó sobremanera a las minorías raciales. En muchos lugares las autoridades adoptaron medidas enérgicas contra actividades como el dormir o incluso comer en público, a la vez que desfinanciaban los servicios sociales.
La crítica es producto de una comisión de expertos que analizan el avance en la aplicación de Estados Unidos de las obligaciones que asumió en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, en inglés).
"El Comité está preocupado por el elevado número de personas sin hogar, que proceden de manera desproporcionada de las minorías raciales y étnicas", y por su penalización "mediante leyes que prohíben actividades como la vagancia, el camping, la mendicidad y el estar acostado en espacios públicos", señaló en uninforme difundido el 29 de agosto.
En la historia de Estados Unidos, esta es apenas la segunda vez que los antecedentes de discriminación racial del país, y en particular las acciones del gobierno federal, se examinan formalmente frente al derecho internacional.
La comisión le pidió al gobierno que "suprima" las leyes y políticas que facilitan la penalización de las personas sin vivienda y, a la vez, que genere incentivos para que las autoridades apliquen estrategias políticas alternativas.
En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había advertido que la penalización de las personas sin techo equivale a un tratamiento "cruel, inhumano y degradante".
"Estos son expertos en derechos humanos que vieron abusos… en todo el mundo, pero aun así cuando escuchan hablar de estos temas en Estados Unidos quedan anonadados", según dijo a IPS el abogado Eric S. Tars, del Centro Nacional de Derecho sobre la Pobreza y las Personas sin Hogar .
El comité de la CERD solicitó información adicional del gobierno de Estados Unidos antes del próximo examen del país, en 2017. Otros asuntos destacados por la delegación de la ONU son los llamados perfiles raciales, práctica por la cual la policía interroga a las personas según su origen étnico, y la violencia armada, dos temas que suelen recibir mucha más atención de los responsables políticos y los medios de comunicación.

Progreso cuestionable
El examen del progreso de Estados Unidos en la aplicación de la CERD se realizó durante dos días a mediados de agosto, con la asistencia de unos 30 funcionarios y decenas de grupos de la sociedad civil.
Para algunos observadores, el mero hecho de que el gobierno de Barack Obama comparezca ante un órgano internacional para discutir estas cuestiones ya es importante, lo cual quedó de manifiesto por el tamaño considerable de la delegación y la extensa respuesta oficial a los cuestionamientos de la ONU.
"En muchos aspectos, socava la idea de la excepcionalidad de Estados Unidos, que no tenemos violaciones de los derechos humanos aquí", afirmó a IPS directora ejecutiva de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos, Ejim Dike.
"De hecho, tenemos muchas violaciones de derechos humanos, y nuestro pasado racial y lamentable presente racial son indicios de estas preocupaciones. A veces los titulares recuerdan tanto a lo que sucedió en los años 50 y 60 que se plantea la pregunta de cuánto hemos progresado", destacó.
Según algunos indicadores, la discriminación racial es peor ahora que décadas atrás.
El resumen oficial de la discusión entre los expertos de la ONU y los representantes de la sociedad civil registró el asombro de un miembro del comité "al darse cuenta de que, a pesar de varias décadas de acción afirmativa en Estados Unidos para mejorar" la diversidad "de colores y razas en las escuelas… la segregación es hoy en día mucho peor de lo que era en los años 70".
Del mismo modo, en los últimos años la disparidad étnica siguió caracterizando a las personas sin hogar en este país, algo que se reforzó a raíz de la crisis financiera de 2007 y 2008.
En 2010, por ejemplo, los afroestadounidenses tenían siete veces más probabilidades que la población blanca de necesitar una vivienda de emergencia, según estadísticas del Instituto de la Infancia, la Pobreza y la Falta de Vivienda, una organización de investigación. Discrepancias similares se pueden ver en el caso de los hispanos y otros grupos minoritarios.
Esto es importante porque, a diferencia de la legislación interna, la CERD prohíbe las políticas discriminatorias, independientemente de si su intención era discriminar o no.

dormir y comer
También es importante la forma en que las autoridades responden a la falta de vivienda. Aunque la crisis financiera en los últimos años redujo los presupuestos estatales y provocó pérdida de empleos y hogares, la respuesta oficial fue la de fortalecer la represión para que esa situación sea más difícil aún.
En los últimos tres años, por ejemplo, el número de ciudades que prohibieron dormir en vehículos creció 119 por ciento, según datos publicados en julio. La prohibición de dormir o acampar en público también creció 60 por ciento en ese lapso.
"Estos números, en general, están subiendo y, en algunos casos, de manera importante", sostuvo el abogado Tars.
"Los únicos casos en los que esos números bajan es en algunas ciudades que eliminaron las ordenanzas que prohíben la mendicidad y el dormir en ciertas áreas, y en su lugar las reemplazaron con prohibiciones que abarcan a toda la ciudad", añadió.
Mientras tanto, la recesión económica agravó la pobreza en lugares donde antes no se veían estos problemas, en las comunidades suburbanas y rurales. Los servicios sociales ya eran limitados en esas zonas, y los problemas de la economía nacional hicieron que las autoridades redujeran aun más los presupuestos públicos.
"Primero las comunidades y los gobiernos recortan los recursos para los refugios y las organizaciones afines y dicen que eso no es responsabilidad del Estado. Y algunos hasta dificultan la labor de las organizaciones benéficas que se ocupan de la cuestión, por ejemplo, al castigar a aquellos que comen alimentos donados en público ", explicó Tars.
"De hecho, hay evidencia significativa de que la penalización es más cara y menos eficaz que el proporcionar viviendas de bajo costo", añadió.

Por Carey L. Biron
http://www.ipsnoticias.net/2014/09/onu-critica-penalizacion-de-personas-sin-techo-en-eeuu/

jueves, 28 de agosto de 2014

"I have a dream": la frase que aconsejaron no decir a Martin Luther King.


"I have a dream" (Tengo un sueño), la frase más recordada del discurso más famoso de Martin Luther King que ahora cumple 51 años estuvo a punto de quedarse en el tintero por temor a ser un "cliché" demasiado "trillado" y sólo un "brote de inspiración" del icónico reverendo la convirtió en historia. "I have a dream" era una frase que el líder de los derechos civiles había utilizado decenas de veces antes de la famosa "Marcha en Washington", la última hacía apenas una semana en Chicago. Quizá por eso, la víspera de aquel 28 de agosto de 1963, su asesor Wyatt Walker le dio un único consejo: "No uses la parte de 'tengo un sueño'. Está trillado, es un cliché. Ya lo has usado demasiadas veces".
Walker, como el propio King, era consciente de que el discurso, suponía la presentación del reverendo a escala nacional. Y después de horas de tachar y modificar párrafos en un hotel de Washington, dejaron listo un borrador que no incluía ninguna referencia al sueño. "El discurso preparado pretendía ser una evaluación sobre la importancia histórica de la lucha por la libertad de los afroamericanos, y tenía como modelo el discurso de Gettysburg de (el presidente Abraham) Lincoln", explicó recientemente el director del Instituto de Investigación Martin Luther King, Clayborne Carson. ¿Por qué lo dijo? Al día siguiente, a espaldas del icónico monumento a Lincoln y ante decenas de miles de personas, King comenzó a leer su "meditado y enérgico" trabajo, pero pronto comprendió "que necesitaba algo más para una ocasión tan extraordinaria", según Carson, profesor de historia en la Universidad de Stanford. Para el experto, que ha editado una autobiografía de King, fueron "años de desarrollo intelectual" los que permitieron que el activista "tuviera este repentino y oportuno brote de inspiración". Steve Klein, responsable de comunicación en el Centro King de Atlanta (Georgia), apunta otro factor que quizá influyó en la decisión: la insistencia de la cantante de "gospel" Mahalia Jackson, que, sentada cerca del orador en el podio, le instaba constantemente a "hablar del sueño". "Quizá ella le sacudió la memoria y le hizo pensar: eso funcionaría bien aquí", dijo Klein. Pero, en último término, King "decidió usar esa parte porque realmente le llegó la inspiración y sintió que quería compartir una visión de un Estados Unidos mejor con la audiencia", afirmó.
La referencia al sueño no sólo cambió el discurso, sino también la forma de pronunciarlo de King, que dejó de lado el borrador preparado y no volvió a recurrir a él. "Cuando leía el texto, parecía un ponente", recuerda Clarence Jones, uno de los asesores de King, en el libro sobre el discurso The Speech, del periodista británico Gary Younge. "Pero en cuanto dejó el texto de lado, volvió a convertirse en un predicador bautista", agregó Jones. Las inmediatas ovaciones y aplausos demostraron que King había acertado al ir más allá de un llamamiento a la justicia, al comprender "que no era suficiente sostener una lucha masiva por la libertad a no ser que los participantes pudieran imaginar un futuro que hiciera que los sacrificios merecieran la pena", apuntó Carson. El resto del discurso de King era un meticuloso análisis de la situación de millones de afroamericanos, y contenía poderosas metáforas, como la que describía un Gobierno que había incurrido en "impago con sus ciudadanos de color", otorgándoles "un cheque rechazado por fondos insuficientes". Pero, según Klein, el discurso "probablemente" no habría tenido el mismo impacto sin la mención al sueño. "Era el momento correcto para usar (la mención), la audiencia correcta para usarla. Necesitaba una idea grande", subrayó. Fuera o no gracias a la mención del sueño, los 16 minutos de discurso de King sirvieron para dar un impulso definitivo al movimiento por los derechos civiles y conseguir que el FBI, que ya le investigaba por los supuestos lazos comunistas de dos de sus ayudantes, le definiera como "el líder negro más peligroso y efectivo del país".


http://www.20minutos.es/noticia/1900724/0/martin-luther-king/i-have-a-dream/historia/

miércoles, 27 de agosto de 2014

La militarización policial de EEUU tiene tentáculos en América Latina.


La muerte a balazos de un adolescente afrodescendiente desarmado por los disparos de un policía blanco en el sur de Estados Unidos desató la indignación pública en este país en torno a cuestiones de raza, clase y brutalidad policial.
Parte de la discusión se centra en la magnitud alarmante de la fuerza y las armas de tipo militar que utilizó la policía frente a las manifestaciones públicas tras la muerte el 9 de agosto de Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, en el sureño estado de Missouri.
Esta situación llevó tanto a legisladores progresistas como conservadores de este país a reclamar la modificación de una ley que, desde los años 90, proporciona pertrechos militares excedentes a las fuerzas policiales estadounidenses.
Pero ninguna discusión ha levantado el hecho de que esa militarización policial se exporte en forma creciente a países aliados, con el fin oficial de que luchen contra el terrorismo o el tráfico de drogas, en una política que en el caso de América Latina incluye a Colombia y México.
La ley, supervisada por el Departamento de Defensa y conocida como el "programa 1033, surgió originalmente como un respaldo a los agentes del orden en la lucha contra el narcotráfico.
"Tenemos que desmilitarizar esta situación", afirmó Claire McCaskill, una de los dos senadores de Missouri. "Este tipo de respuesta de la policía se convirtió en el problema en lugar de la solución", añadió
En un artículo titulado "Debemos desmilitarizar a la policía", el senador conservador Rand Paul señaló que en la aplicación de la ley "debe haber una diferencia entre la respuesta policial y la respuesta militar".
Para la represión de las protestas públicas tras la muerte del joven Brown, la policía de Ferguson utilizó armas de alto poder, gas lacrimógeno, chalecos antibalas e incluso vehículos blindados similares a los que emplean las fuerzas armadas en situaciones de guerra.
El Congreso legislativo adoptó el programa 1033 debido a "la real inquietud de que las autoridades locales del orden público se vieran literalmente superadas en potencia de fuego por los criminales de la droga", declaró Carl Levin, presidente del poderoso Comité de Servicios Armados del senado, el 15 de agosto.
"Nuestra intención con estos equipos era mantener a los agentes de policía y sus comunidades a salvo de los narcotraficantes fuertemente armados y de incidentes terroristas", precisó.
"Vamos a revisar este programa para determinar si el equipo proporcionado por el Departamento de Defensa se está utilizando como se debe", añadió.

Las drogas y el terrorismo
A pesar del extraordinario consenso que existe entre políticos conservadores y progresistas sobre los peligros que implica una policía militarizada, no parece que esa inquietud se extienda al creciente apoyo de Estados Unidos a la militarización de las fuerzas del orden en otros países.
Según los últimos datos disponibles, durante 2009 Washington brindó más de 3.500 millones de dólares en ayuda extranjera destinada a las actividades policiales, sobre todo en Afganistán, Colombia, Iraq, México, Pakistán y los territorios palestinos.
Un informe oficial de 2011 señala que "Estados Unidos incrementó el énfasis en la formación y el equipamiento de la policía extranjera como medio de apoyo a una amplia gama de objetivos de la política exterior estadounidense", en particular en el contexto de las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo.
África es la mayor receptora de esa ayuda contra el terrorismo. Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) resalta los peligros implícitos en este enfoque en su análisis de la Unidad Policial Antiterrorista (ATPU, en inglés) de Kenia, que tiene el apoyo de Estados Unidos.
El informe, publicado el lunes 18, se basa en denuncias previas contra la ATPU por detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, ni las autoridades keniatas ni los principales donantes de la unidad policial, Estados Unidos y Gran Bretaña, investigaron las acusaciones de larga data, según HRW.
En 2012, Washington ayudó a la ATPU por un valor de 19 millones de dólares. La legislación estadounidense impone la interrupción de la asistencia mientras se investigan denuncias creíbles, pero HRW asegura que Estados Unidos "no redujo la asistencia a la unidad" denunciada.
La ayuda de Washington se emplea "para socavar el imperio de la ley porque la ATPU está haciendo justicia por mano propia… solicitamos a los donantes que sean más inteligentes cuando presten este tipo de asistencia", recomendó Jehanne Henry, investigadora de la división africana de HRW, en diálogo con IPS.

Recuerdos de los años 80
En México y otros países de América Latina se incrementó la asistencia de Estados Unidos destinada a la represión del narcotráfico.
"Los gobiernos centroamericanos confían cada vez más en sus fuerzas armadas para lidiar con la reciente ola de violencia", señaló Adriana Beltrán, investigadora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización independiente con sede en la capital estadounidense.
"Estados Unidos dice que no proporciona asistencia alguna a estas fuerzas, pero existe una ayuda considerable que el Departamento de Defensa otorga a la lucha contra el narcotráfico, que se canaliza por las fuerzas armadas de esos países", explicó.
Un trabajo de Alexander Main, un académico del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR), un centro de investigación de este país, indica que la asistencia de seguridad de Estados Unidos a la región se fortaleció durante los últimos años del gobierno de George W. Bush (2001-2009).
"La financiación asignada a las fuerzas policiales y militares de la región subió de manera constante hasta niveles que no se veían desde las ‘guerras sucias’ de los años 80 respaldadas por Estados Unidos", escribió.
Colombia es un "modelo clave" de la asistencia bilateral, según Main. Desde 1999, un programa por 8.000 millones de dólares para ese país, permitió "el despliegue masivo de tropas militares y fuerzas policiales militarizadas para interceptar las drogas ilícitas y contrarrestar a los grupos guerrilleros de izquierda", añadió en referencia al llamado Plan Colombia.
Pero en 2013 unas 150 organizaciones no gubernamentales advirtieron que las políticas de Washington que "fomentan la militarización para lidiar con el crimen organizado" son ineficaces. Esta estrategia dio lugar al "aumento espectacular de los delitos violentos, a menudo perpetrados por las propias fuerzas de seguridad", señalaron.
México es un fuerte receptor de la ayuda de seguridad estadounidense contra el narcotráfico.
A partir de los años 90, "la tendencia ha sido la de alentar al gobierno mexicano para que incorpore a los militares a los operativos contra el narcotráfico y, en los últimos dos años, también a la seguridad pública", sostuvo Maureen Meyer, investigadora de WOLA.
En el proceso, la policía recibe cada vez más formación militar, lo que genera preocupación por las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, así como falta de formación para enfrentar las protestas locales, algo similar a lo que sucede ahora en Ferguson, Missouri.
"Vemos lo preocupante que es esta tendencia en Estados Unidos, y estamos preocupados por una tendencia similar hacia la policía militarizada en los países latinoamericanos", subrayó Meyer.
"Tenemos muchos pertrechos y vehículos militares que tienen que terminar en alguna parte, y suelen ir a parar a la policía local", concluyó.

Por Carey L. Biron
http://www.ipsnoticias.net/2014/08/la-militarizacion-policial-de-eeuu-tiene-tentaculos-en-america-latina/