miércoles, 22 de febrero de 2017

Bangladesh debe dejar de perseguir a sindicatos y trabajadores textiles.



Decenas de trabajadores y líderes sindicales del sector de indumentaria están enfrentando causas penales injustas o presuntamente inventadas en Bangladesh, luego de que en diciembre de 2016 participaran en huelgas en reclamo de mejores salarios, señaló hoy Human Rights Watch. Cada día, la policía de Bangladesh realiza nuevas detenciones arbitrarias, y nueve sindicalistas más fueron arrestados el 10 de febrero, lo que eleva el número de detenciones conocidas a 34.

Las autoridades de Bangladesh deberían disponer inmediatamente la liberación de quienes todavía estén detenidos y desistir de todos los cargos que respondan a motivaciones políticas.

Las marcas globales y los donantes que el 25 de febrero de 2017 asistirán a la Feria de Indumentaria de Dacca (Dhaka Apparel Summit), organizada por la asociación de exportadores de indumentaria del país, deberían exhortar al gobierno a terminar con todo tipo de persecución de dirigentes sindicales y a proteger la libertad de asociación de los trabajadores.

“Perseguir a activistas sindicales e intimidar a trabajadores, en vez de atender sus reclamos salariales, empaña la reputación de Bangladesh y contradice las afirmaciones del gobierno y del sector de que están comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores”, expresó Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “Las marcas de indumentaria globales que compran productos a Bangladesh y los donantes deberían exigir al gobierno que deje de perseguir a los trabajadores y activistas de derechos laborales”.

Miles de trabajadores del sector de indumentaria fuera de Dacca, la capital de Bangladesh, llevaron a cabo huelgas en reclamo de mejoras salariales entre el 11 y el 19 de diciembre. Esas personas eran trabajadores de cerca de 20 fábricas que suministran mercadería a marcas globales y tienen sede en la zona industrial de Ashulia. Según datos aportados por organizaciones locales e información oficial, la gran mayoría trabajaba en fábricas sin sindicatos. Las federaciones sindicales nacionales niegan haber tenido alguna participación o conocimiento previo de estas huelgas. No obstante, las autoridades de Bangladesh usaron estas huelgas como excusa para detener a dirigentes de federaciones sindicales nacionales y activistas sindicales por haber “liderado” y “planificado” las huelgas.

Los trabajadores sostienen que las huelgas a menudo son la única forma de hacer sentir sus reclamos, en parte debido a que el gobierno y los empleadores locales toman represalias contra los dirigentes sindicales y los trabajadores que intentan sindicalizarse. Debido a esto, los trabajadores no pueden llevar a cabo negociaciones colectivas con los empleadores ni usar canales formales para que se atiendan sus reclamos.

Los trabajadores cerraron filas en reclamo de un aumento del salario mensual mínimo, de 5.300 takas (USD 67) a 15.000 (USD 187) o 16.000 (USD 200). En 2016, la Fair Labor Association determinó que el poder de compra del salario medio del trabajador de una fábrica de Bangladesh estaba por debajo de la línea de la pobreza establecida por el Banco Mundial. Tanto la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Indumentaria de Bangladesh (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, BGMEA) como el gobierno rechazaron la posibilidad de rever los salarios. La asociación de exportadores cerró cerca de 60 fábricas en Ashulia durante varios días y, mediante este cierre patronal, impidió que miles de trabajadores pudieran ingresar y puso fin a las huelgas.

A comienzos de enero de 2017, cerca de 20 marcas globales que se abastecen en Bangladesh, incluidas H&M, Inditex, Gap, C&A, Next y Primark, escribieron a la primera ministra Sheikh Hasina manifestando que estaban a favor de que se revisaran los salarios y expresando preocupación por la persecución de líderes sindicales y defensores de los trabajadores.

Las organizaciones de defensa de derechos tienen conocimiento de diez demandas penales que se presentaron en diciembre de 2016 contra cerca de 150 trabajadores identificados por nombre y más de 1.600 personas “desconocidas”, por distintos delitos cometidos durante las huelgas, incluida la destrucción de bienes en las fábricas. También se ha interrogado o detenido ahora a líderes y organizadores sindicales en relación con casos anteriores. Estas organizaciones tienen conocimiento de que se arrestó a 34 personas, mayormente sindicalistas. Además, un periodista del canal local de noticias ETV fue detenido por informar sobre las huelgas. Una nota periodística de principios de enero sugiere que las cifras son superiores, e indica que la policía detuvo al menos a 44 personas y estaba en el proceso de identificar a otros 159 presuntos implicados. La policía no ha proporcionado una lista completa de todas las personas arrestadas ni de dónde están siendo retenidas.

A partir de entrevistas con organizaciones de defensa de derechos, abogados y trabajadores, así como registros policiales, Human Rights Watch advirtió que las circunstancias de muchas de las detenciones efectuadas luego de las huelgas en Ashulia sugieren que no habría sospechas creíbles de delitos, sino que, con motivaciones políticas, se habría abusado del poder de policía para tomar represalias contra sindicalistas. Algunas de las tácticas de abuso policial tras las huelgas en Ashulia son idénticas a las aplicadas previamente por las autoridades en otros asuntos de derechos humanos, relacionados o no. Entre esas tácticas se incluyen:



Detenciones basadas en delitos que no están definidos con precisión o que fueron derogados, establecidos en las disposiciones draconianas de la Ley de Poderes Especiales de 1974;
El uso de acciones penales contra numerosas personas “desconocidas”, que permiten a la policía amenazar prácticamente a cualquier persona con la posibilidad de detención, arrestar reiteradamente a individuos aunque no sean los acusados identificados en las causas, e impedir la posibilidad de libertad bajo fianza;
El uso indebido de la potestad de “detención sin orden judicial”, que resulta violatorio de las directivas del Alto Tribunal de Bangladesh y que en la práctica convierte a la prisión preventiva en una forma de pena;
Violaciones de las garantías procesales establecidas para prevenir las confesiones forzadas mediante tortura, u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;
Amenazas policiales de asesinar a dos detenidos y luego afirmar que habían muerto por el “fuego cruzado” durante un enfrentamiento armado con la policía, y la amenaza de muerte a un funcionario de la Federación Sindical Independiente del Sector de Indumentaria de Bangladesh (Bangladesh Independent Garments Union Federation);
Hostigamiento e intimidación de activistas sindicales y trabajadores supuestamente en el marco de “investigaciones”;
La detención de un periodista invocando una norma imprecisa, el artículo 57 de la Ley de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de 2015.


Las autoridades de Bangladesh deberían desistir de estas causas penales y llevar ante la justicia a los policías responsables de desapariciones forzadas, torturas, amenazas de muerte u otras prácticas policiales abusivas luego de las huelgas en Ashulia, apuntó Human Rights Watch.

Según un informe de noticias, la Junta Nacional de Hacienda (National Revenue Board) también ha escrito a los bancos solicitando que proporcionen toda la información que tengan desde el 1 de julio de 2009 sobre las cuentas bancarias de seis sindicalistas y algunos de sus cónyuges.

“Las autoridades de Bangladesh parecen decididas a intimidar a líderes sindicales y trabajadores con la amenaza constante de detenciones arbitrarias para completar la cantidad ‘desconocida’ de supuestos agitadores”, destacó Robertson. “También se está manifestando un patrón similar de causas penales contra activistas de derechos luego de las huelgas de Ashulia”.

Según información aportada por trabajadores, organizaciones de derechos laborales locales y notas periodísticas, algunas fábricas en Ashulia también habrían tomado represalias contra cerca de 1.500 trabajadores, a quienes despidieron o suspendieron de manera indiscriminada.

Los donantes y las marcas que se abastecen en Bangladesh tienen la responsabilidad de respetar y proteger los derechos de los trabajadores, señaló Human Rights Watch. Deberían exigir el fin de todas las modalidades de hostigamiento contra líderes sindicales, trabajadores y periodistas, entre otras cosas, terminando con las causas penales inventadas.

Las marcas que compran productos a Bangladesh deberían celebrar acuerdos vinculantes con sindicatos locales e internacionales para proteger la libertad de asociación, basados en el modelo del Acuerdo de Bangladesh en Materia de Incendios y Seguridad Edilicia [Bangladesh Accord on Fire and Building Safety], un convenio ejecutable entre trabajadores y marcas que prevé un mecanismo de solución de controversias. Los compromisos voluntarios estipulados en los códigos de conducta de las marcas no son eficaces para contrarrestas las represalias contra sindicatos.

Mientras tanto, las marcas deberían asegurarse de que sus proveedores adopten planes de acción correctivos junto con representantes de los trabajadores, que contemplen la opción de reincorporar a trabajadores despedidos y suscribir acuerdos de negociación colectiva para resolver controversias salariales.
Las marcas tienen que asumir compromisos vinculantes para proteger la libertad de asociación

http://elsoldelaflorida.com/quien-es-la-nueva-novia-de-marc-anthony/

martes, 21 de febrero de 2017

21 de febrero: Día de La Lengua Materna.



El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Unesco el 21 de febrero de 2000, y se celebra en la misma fecha cada año en todo el mundo y en la sede de la organización para promover la diversidad lingüística y cultural y el plurilingüismo
Su creación se debe al reconocimiento del Movimiento por la Lengua Bengalí, que recuerda una sangrienta represión por parte de la policía y el Estado Pakistaní hacia un grupo de manifestantes que reclamaban por sus derechos para pronunciarse en la lengua bengalí. Este acto de intolerancia hacia una lengua diferente fue tomado como punto de partida para un homenaje que busca promover la diversidad lingüística y cultural.
En un contexto donde cada día se pierden más lenguas originarias, y varios países se encuentran en conflicto intentando luchar para preservar su tesoro lingüístico, que la Unesco cuente con un día especial para reconocer a la Lengua Materna resulta un verdadero alivio. Pero quizá lo más importante de todo es que la búsqueda de este reconocimiento no pretende abarcar únicamente el nivel social o cultural, sino todos los niveles. De acuerdo a la organización, para cumplir con sus objetivos de Desarrollo Sostenible, la difusión de las lenguas en todos los contextos resulta vital; por lo tanto, buscan que su inclusión se realice también en entornos digitales y el mundo de internet.
La preservación de la Lengua Materna es esencial para garantizar que todas las poblaciones logren un acceso real a una educación de calidad. Por eso, del mismo modo en que se trabaja para eliminar las diferencias de género, distintos organismos internacionales encabezados por la Unesco buscan con este día concientizar a la población sobre la eliminación de las diferencias lingüísticas que solo generan límites para las poblaciones minoritarias.

Hacia un futuro sostenible a través de la educación multilingüe

Con motivo de este Día, hago un llamamiento para que el potencial de la educación plurilingüe se reconozca en el mundo entero, en los sistemas educativos y administrativos, en las expresiones culturales y en los medios de comunicación, en el ciberespacio y en los intercambios comerciales, Irina Bokova, Directora General de la UNESCO
Para fomentar el desarrollo sostenible, los educandos deben tener acceso a la educación en su lengua materna y en otros idiomas. Es a través del dominio de la primera lengua o lengua materna que se adquieren las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética. Las lenguas locales, especialmente las minoritarias e indígenas, transmiten culturas, valores y conocimientos tradicionales, desempeñando así un papel importante en la promoción de los futuros sostenibles.

¿Qué es la educación multilingüe?

La educación multilingüe facilita el acceso a la educación y promueve la equidad para las poblaciones que hablan lenguas minoritarias y/o indígenas, especialmente las niñas y las mujeres:
Enfatiza la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, subrayando la comprensión y la creatividad;
Fortalece la dimensión cognitiva del aprendizaje al asegurar una aplicación directa de los resultados de aprendizaje en la vida del educando a través de la lengua materna;
Desarrolla el diálogo y la interacción entre el educando y el maestro al permitir una verdadera comunicación desde un inicio;
Facilita la participación y acción en la sociedad y permite acceder a nuevos conocimientos y expresiones culturales, y de tal modo garantiza una interacción armoniosa entre lo global y lo local.
México es plurilingüe
Actualmente, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reconoce 74 lenguas en México, de las cuales 67 están registradas y, de éstas, 21 ya se encuentran muertas.
La migración y la discriminación son los principales factores por los que se están dejando en el olvido muchas de ellas.

“Hay cosas que se están generando para el mantenimiento de las lenguas maternas, pero tienen un carácter invisible”, comenta Fabián Bonilla López, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Las personas hablantes de lenguas indígenas y quienes forman parte de las comunidades y pueblos originarios han sido y siguen siendo quienes en mayor medida viven los dañinos efectos de un modelo económico-cultural que los excluye del acceso al cumplimiento efectivo de sus derechos.
Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), actualmente únicamente tres de cada 100 personas hablantes de lenguas indígenas son consideradas simultáneamente como no pobres y no vulnerables, dato en el que se sintetiza el conjunto de contradicciones y de rezagos que debemos saldar como sociedad a fin de convertirnos en una nación pluriétnica y multicultural, equitativa e incluyente.
Hace más de 20 años el EZLN logró poner al centro del debate político y social del país la cuestión indígena y el olvido en que han vivido los pueblos originarios desde hace 500 años.
Posteriormente, en febrero de 1996, el Gobierno de la República firmó con el EZLN los llamados Acuerdos de San Andrés, los cuales contenían la que es considerada hasta ahora la agenda más amplia -aunque aún inacabadade discusión de los derechos de los pueblos indígenas; la que, a pesar de las reformas constitucionales y legales, no ha terminado de ser incluida en toda su amplitud y sentido en el Orden Jurídico nacional.
Los acuerdos de San Andrés son compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal pactó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado.
En esa lógica, a pesar de los avances y de las importantes sumas de recursos que se han invertido para avanzar en el abatimiento de los rezagos que les afectan, los datos indican que las condiciones estructurales que generan la desigualdad y el maltrato a los pueblos indígenas persisten.

Siguen sin reconocerse muchos de sus derechos colectivos; sigue sin asumirse a plenitud la noción de “naciones y pueblos indígenas”; sigue sin reconocerse la autonomía y pleno dominio sobre sus territorios; la educación bilingüe es todavía una realidad muy lejana; el acceso efectivo al cumplimiento del derecho a la salud es limitado y una larga lista de pendientes que es urgente atender con la seriedad que se requiere.

http://www.seresponsable.com/2017/02/21/lengua-materna/