En los últimos años, los centros de detención de migrantes han proliferado en Europa y en el mundo, de forma paralela a la proliferación de fronteras, internas y externas, y de dispositivos para gestionar la movilidad humana, filtrarla y seleccionar quién va a ser excluido o excluida, en ocasiones de forma temporal, en otras de forma permanente, de nuestras sociedades. Sin embargo, el que es incluido o incluida, frecuentemente es expuesto a la violencia y la explotación, sin garantía de derecho.
En Portugal, la práctica de confinar a las personas debido a su estatus de migración es relativamente reciente. La inauguración del primer centro de detención —denominado Unidade Habitacional de Santo António (UHSA – Unidad Habitacional de San Antonio)—, en la ciudad de Porto, se remonta a 2006. Desde entonces, fueron inaugurados otros cinco centros de instalação temporária (CIT – centros de instalación temporal) dentro de los principales aeropuertos nacionales, como Porto, Lisboa, Faro, Funchal y Ponta Delgada.
En estos centros, se encuentran personas con historias y recorridos diversos: solicitantes de asilo —incluyendo aquellos que piden asilo en los aeropuertos, que pueden ser retenidos mientras se resuelve el proceso por un periodo máximo de 60 días—, mujeres huyendo de situaciones de violencia doméstica —pueden requerir el permiso de residencia siempre que el Ministerio Público interponga una demanda de acusación contra el agresor—, personas que vienen de una prisión —condenados con la pena de ser expulsados, aunque, con las últimas alteraciones de la Ley de Inmigración realizadas en septiembre de 2017, fueron reestablecidos los límites a la expulsión administrativa— y otras que estuvieron viviendo y trabajando en Portugal durante muchos años.
Muchas de las personas detenidas vienen de excolonias portuguesas como Brasil y Cabo Verde, lo que demuestra como estas instituciones incorporan y reproducen un poder colonial —además de ser racista y heteropatriarcal—. Al contrario de otros países europeos, en Portugal los niños y niñas pueden quedarse retenidos con sus progenitores durante los 60 días que prevé la ley en vigor.
La mayoría de los presos se quedan mentalmente perturbados, algunos de ellos se intentaron suicidar y otros intentaron huir de aquel infierno, pero no había cómo escapar
Hussaini, refugiado de Pakistán que huyó de la guerra de los talibanes, nos cuenta su historia. A través de ella se perciben las condiciones a las que son sometidas las personas de los centros de detención y la forma violenta y represiva con la que son tratadas por las autoridades: “La policía nos golpeó en Porto. Pedimos asilo y un policía nos dijo que ‘no había asilo en Portugal’. Yo dije: ‘Déjenme ir a cualquier otro sitio, porque necesito protección internacional’. Me llevaron esposado a la prisión, como si fuese un criminal. Me pusieron en una celda pequeña y allí pasé una noche, sin ningún tipo de comodidad o comida. A la mañana siguiente me llevaron al tribunal, pero el juez decidió ponerme en el centro de detención de Porto durante dos meses, sin haber cometido ningún crimen, solo porque no tenía los documentos en regla. Nunca hice nada malo, era solo un refugiado. Me trataron muy mal en el centro de detención”.
“No había condiciones, ni comida decente, no conseguíamos dormir bien, no había cómo lavar nuestra ropa, ninguna actividad en la que participar para pasar el tiempo y sobrevivir de alguna manera —continúa Hussaini—. No había forma de salir, no podíamos contactar con abogados, amigos o familiares que nos apoyasen, para que pudiéramos salir de aquel infierno. Me quedé completamente desorientado, perdí mis esperanzas y deseos. No había futuro frente a mí, parecía que estaba ciego. No podía oír nada, no conseguía decir apenas nada, no tenía cómo luchar por nuestros derechos. La mayoría de los presos se quedan mentalmente perturbados, algunos de ellos se intentaron suicidar y otros intentaron huir de aquel infierno, pero no había cómo escapar. Estaban afligidos mentalmente, la mayoría de los detenidos estaban completamente perdidos. Nunca había visto refugiados tratados de esta manera. Asilo quiere decir protección, no ser puesto en un infierno. No hay ley que legitime retener a los refugiados en un ambiente de prisión como aquel. Pues, toda la gente quiere vivir con sus propias aspiraciones, deseos y esperanzas. Nadie tiene el derecho de arrebatarle los objetivos y las esperanzas a quien quiera que sea”.
Las estadísticas nacionales a cerca de las personas detenidas en Portugal son poco claras. El último Informe de Inmigración, Fronteras y Asilo dice que, en el año 2016, aumentaron significativamente las actividades de identificación de ciudadanos extranjeros en situación irregular —a través de un incremento en las acciones de inspección y de fiscalización—, lo que llevó a establecer 835 procesos de alejamiento coercitivo del país.
En 2016 fueron deportadas 375 personas de Portugal, según el Informe de Inmigración, Fronteras y Asilo
Trescientas setenta y cinco personas fueron efectivamente alejadas, es decir, deportadas —un 3,3 % más que en 2015—, teniendo a la mayoría de ellas detenidas (solo en la UHSA fueron detenidas 187 personas a lo largo del 2016). Es significativo señalar que, en muchos casos, estas personas habían sido previamente encarceladas en instituciones penitenciarias o, como dice el mismo informe, “asociadas a criminalidad grave y/o violenta en todo el territorio nacional”, confirmando el fuerte vínculo entre los dos sistemas, penitenciario y la detención administrativa.
Las políticas de inmigración promueven la criminalización de quien denuncia, mediante su subordinación, las desigualdades sociales promovidas por los Estados. Queriendo dirigir la atención para las cuestiones de género, las estadísticas europeas, así como varios estudios, demuestran una mayor criminalización y encarcelamiento de ciudadanas extranjeras por los sistemas judiciales.
Además, como se verifica en Portugal, las penas aplicadas a los ciudadanos y ciudadanas extranjeros son mayores de las aplicadas a quienes tienen la nacionalidad portuguesa, a pesar de que varios estudios comprobaron la matriz racista de este fenómeno verificando que las personas con nacionalidad extranjera cometen menos crímenes.
Es importante destacar cómo los nacionalismos se alzan en una base patriarcal, otorgando especificidades en la construcción social de la mujer inmigrante. La interseccionalidad sobre esta cuestión se interpone para que sea posible percibir cómo las diferentes formas de opresión con base en el género, clase, raza, etnia, lugar de origen, sexualidad, entre otras categorías de identidad, definen las experiencias de las mujeres de nacionalidad extranjera.
Portugal sea uno de los países de Europa con mayor número de mujeres de nacionalidad extranjera en las prisiones
En Portugal, y especificando las mujeres de terceros países en las prisiones, la tasa de encarcelamiento, desde 2000, ha crecido considerablemente, situándose en los últimos años entre el 24 y el 25%. De ahí que Portugal sea uno de los países de Europa con mayor número de mujeres de nacionalidad extranjera en las prisiones. Según las estadísticas más recientes de la Dirección General de los Servicios Penitenciarios, correspondientes al tercer trimestre de 2016, el 24,74% de las mujeres presas son de nacionalidad extranjera, siendo, de esta cifra, un 53,8% de países africanos, principalmente de Cabo Verde, que es el país con mayor representación, con un 29,9%. Alrededor de un 20% provienen de países de América Latina, de entre las cuales un 15,4% son brasileñas. La tasa de mujeres extranjeras en prisión preventiva es altísima, situándose en un 41,5% y constituyendo más del doble, comparándola con la tasa de mujeres portuguesas en prisión preventiva, que es de un 18,1%.
Varios estudios demuestran, además, que la tendencia es aplicar penas mayores a las mujeres en comparación con las penas aplicadas a hombres de nacionalidad extranjera, ante el mismo tipo de crimen
Dentro de las prisiones femeninas, los dispositivos de control y castigo son sesgados por las nociones de género, sexualidad, etnia, lugar de origen, entre otras marcas de identidad, particularizando la experiencia de las mujeres de nacionalidad extranjera encarceladas. El sistema judicial, de la misma manera, reproduce nociones hegemónicas de femenino y feminidad en la forma de castigar a las mujeres. La tendencia es hacia una mayor exclusión y discriminación, reproduciendo así el racismo institucional. Por ejemplo, la aplicación de la prisión preventiva, la dificultad o casi imposibilidad de obtener salidas precarias, para algunas mujeres aumenta por la dificultad de la lengua, el desconocer las leyes y la desconfianza del sistema judicial que normalmente las persigue, la falta de visitas y el extremo aislamiento. Varios estudios demuestran, además, que la tendencia es aplicar penas mayores a las mujeres en comparación con las penas aplicadas a hombres de nacionalidad extranjera, ante el mismo tipo de crimen.
Las políticas de control de fronteras y de inmigración nos lleva a cuestionarnos los discursos y prácticas anclados en nociones de nación, identidad nacional, territorio nacional, frontera, ciudadanía. La idea de nación, esa comunidad imaginada, se construye y se (re)produce a través de narrativas que intentan llevar la idea de pertenecer a un determinado territorio por determinado grupo de población regulado por un aparato de estado.
Estas lecturas se basan en una noción de cultura monolítica y de ficción, que subyace a los procesos de construcción de identidad nacional y sirven a los propósitos de legitimar el poder del estado, especialmente en lo que le concierne a la libre entrada, circulación y permanencia de personas en lo que es definido como territorio nacional. De esta manera, el control de las fronteras y de la población que hay dentro de ellas es una necesidad intrínseca a la existencia de esta formación político-ideológica de estado-nación.
La construcción de identidad nacional se establece a través de procesos de alteridad excluyente que derivan en racismo y xenofobia muy necesarios para mantener el orden político económico, pues naturalizan las desigualdades sociales eximiendo a las autoridades políticas y legitimando la represión y violencia del estado. La diversidad cultural intrínseca a cualquier sociedad es ignorada.
La producción de la diferencia como negativa y la construcción del otro hostil se refleja en las políticas de inmigración y de control de las fronteras, en los media y en las instituciones. Producir de forma simbólica personas de segunda, deshumanizar a determinados grupos y personas, sirve para sustentar la jerarquía necesaria y mantener el orden político y económico capitalista, colonialista y heteropatriarcal.
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