Los días de verano son largos y calurosos en el Valle del Río Grande, la fértil llanura fluvial que se extiende unos 160 km a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en Texas, entre las ciudades de McAllen y Brownsville. Este es el epicentro de la crisis de separación familiar generada por el presidente Donald Trump, en la que al menos 2.047 niños fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres y permanecen encarcelados. El principal centro de detención de Brownsville se erige en un antiguo local de Walmart. Su espacioso interior ya no está lleno de productos elaborados por trabajadores de sueldos bajos en fábricas de países remotos, sino de 1.400 niños encerrados en jaulas de malla metálica y confortados solamente por mantas de emergencia de poliéster. La agencia sin fines de lucro Southwest Key, que administra este centro de detención, lo llama “Casa Padre”; un doloroso recordatorio para los numerosos niños separados de sus progenitores.
La detención de familias inmigrantes ha estado sucediendo durante años; incluso se aceleró durante la presidencia de Barack Obama. El 7 de mayo de este año, sin embargo, el cruel triunvirato integrado por Trump, su famoso asesor antiinmigrantes Stephen Miller y el fiscal general Jeff Sessions promulgó por decreto la política de “tolerancia cero”. Sessions prometió: “Quien ingrese ilegalmente con un niño será enjuiciado y separado del niño, tal como lo establece la ley”. El fiscal general debería comprender que no es ilegal proteger a un hijo de la violencia mediante el ingreso a Estados Unidos para solicitar asilo político. Sessions citó las Sagradas Escrituras en defensa del secuestro y el encarcelamiento de niños por parte del Estado: “Citaría a Pablo el apóstol, con su clara y sabia orden, en Romanos 13, de obedecer las leyes del gobierno, porque Dios ha dispuesto el gobierno para sus propósitos”.
El jueves pasado, más de mil personas se congregaron frente al tribunal federal de Brownsville bajo el lema “Las familias merecen estar unidas”. Entre ellas se encontraba Juanita Valdez-Cox, directora ejecutiva de La Unión del Pueblo Entero (LUPE). En una entrevista para Democracy Now!, relató una escalofriante historia de cómo se implementa la política de separación familiar de Trump en el Valle del Río Grande: “Un padre viajaba con sus hijos, de 8 y 10 años de edad. Cuando cruzaron la frontera fueron detenidos por Inmigración. El padre está aquí en un centro de detención y los niños fueron ubicados por separado”.
La activista continuó: “Entonces el padre llama a la familia, ansioso y preocupado porque no sabía adónde iban los niños. Estuvimos intentando encontrar y reunir a los niños durante tres días. … Finalmente los encontramos. Un niño de 8 y otro de 10 años. Fueron deportados por su cuenta. Ni la madre ni el padre sabían dónde estaban”. Valdez-Cox contó que los funcionarios del gobierno estadounidense se llevaron a estos dos niños, los condujeron a un puente sobre el Río Grande, les señalaron el sur y les dijeron que caminaran de regreso a México, solos.
“La familia es la base de nuestra nación” es el lema moralista que plasma el Partido Republicano en su sitio web, en el capítulo “Valores familiares”. Hay que comparar este mensaje con las dificultades que enfrentaron estos niños, arrancados de sus padres y obligados a caminar hacia Reynosa, México, una ciudad fronteriza conocida por su violencia.
Juanita Valdez-Cox nos habló de otro caso que involucra a dos pequeños: un niño de un año y un bebé de nueve meses. LUPE ayudó a sus angustiados familiares a localizarlos: “Es desgarrador ver llorar a los niños. Sí, [los empleados del centro de detención] los alimentan y les cambian el pañal, pero no se les permite alzarlos ni abrazarlos. Aparentemente, el gobierno quiere ser cuidadoso en torno al abuso infantil. ¿No es irónico? Ya les están haciendo lo peor que les puede pasar a los niños”.
El 26 de junio, el juez federal de San Diego Dana Sabraw emitió una orden que establece que la política de “tolerancia cero” “viola el derecho constitucional de los demandantes a la integridad familiar”, e instruyó al gobierno a reunir a todos los niños detenidos menores de 5 años con sus padres en un plazo de 14 días –o sea, para el 10 de julio– y a los niños de 5 años en adelante en un plazo de 30 días.
Aunque el gobierno se ha negado sistemáticamente a informar qué ha pasado con los niños y niñas detenidos, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, inexplicablemente le dijo al Senado hace una semana: “No hay ninguna razón por la cual los padres no puedan saber dónde se encuentran sus hijos. Yo podría… con solo presionar un par de teclas, en cuestión de segundos, podría encontrar a cualquier niño a nuestro cuidado para cualquier madre o padre”.
El 28 de junio, el equipo de Democracy Now! se cruzó con dos diferentes grupos de niños inmigrantes. Un par de muchachos en su adolescencia, recién liberados después de pasar tres meses de detención en Casa Padre, partían del aeropuerto de Brownsville. Otro grupo de seis, mucho más pequeños, estaba en tránsito en el aeropuerto de Dallas. Sus supervisores adultos no nos permitieron hablar con ellos mientras abordaban el mismo vuelo que nosotros a Newark.
Este fin de semana del Día de la Independencia, en el que las familias de todo el país se reúnen para celebrar con un picnic, recordemos que muchas familias han sido separadas y encarceladas. Recordemos también que gran parte de los abundantes alimentos disfrutados en esos picnics habrán sido cosechados por manos de inmigrantes. No permitamos que Trump haga caer en el odio a Estados Unidos otra vez.
Amy Goodman y Denis Moynihan
https://www.democracynow.org/es/2018/7/6/separacion_de_ninos_inmigrantes_no_permitamos
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