Odio para justificar negocios.

En las últimas semanas, nos hemos escandalizado con las imágenes llegadas desde Libia mostrando la subasta de seres humanos que habían atravesado parte de África con la intención de llegar a Europa donde esperan encontrar las oportunidades para vivir la vida digna que se les niega en sus países. También nos ofendíamos con las palabras del delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, que calificaba la llegada de pateras a las costas de Cartagena como “un ataque coordinado contra nuestras fronteras y, por tanto, contra las fronteras de la Unión Europea”. Igualmente nos indignábamos con la reclusión de casi 500 personas llegadas en los últimos días a distintos lugares de Andalucía en la cárcel de Archidona, una medida de dudosa legalidad, además de indigna.
De similar manera nos revuelve el corazón y las tripas las más de 3.000 personas que desde el comienzo del presente año han muerto en el mar Mediterráneo intentando poner pie en Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La cifra se eleva a 15.000 si empezamos a contar en 2014. No son las únicas muertes. Hay otras que ocurren un poco más lejos y, quizás por eso, nos llegan menos noticias de ellas. Son las que se producen en el desierto durante el intento de alcanzar las costas del norte de África y de las que se desconocen las cifras. “Todavía no tenemos una estimación del número de muertes en el desierto”, declaraba el pasado mes de octubre Richard Danziger, director de la OIM para África Occidental y Central, en una conferencia de prensa en Ginebra. “Suponemos que tiene que ser al menos el doble de los que mueren en el Mediterráneo. Pero realmente no tenemos evidencia de eso, es solo una suposición. Simplemente no lo sabemos “.
Detrás de estas muertes y violaciones de derechos humanos se esconde un gran negocio: el del control de las fronteras que genera mucho dinero para las industrias que participan en él y que ha creado un discurso que quiere justificar sus servicios y que no es otro que el de equiparar inmigración con amenaza. Es dentro de esta retórica donde se entienden afirmaciones como las de Bernabé, por ejemplo, o que se haya normalizado el tratamiento inhumano, las devoluciones en caliente, el abandono social… de las personas migrantes que llegan a España.

El informe Tras la frontera elaborado por el colectivo Caminando Fronteras, presentado el pasado mes de junio en Madrid, es muy claro en su denuncia de que España está inmersa en una guerra de fronteras de la que no somos conscientes aunque esté financiada con los impuestos de todos los españoles. Gracias a ella el Estado español excluye toda garantía democrática, social y de derechos. Se lucha en el sur: en Ceuta, Melilla, Mar de Alborán o Canarias. “Esta situación de conflicto hace que las víctimas de las fronteras no puedan acceder a derechos y que no tengan mecanismos de protección institucional ante la violencia estructural de las fronteras”.
La ONG lleva tiempo intentado visibilizar este discurso de guerra de fronteras que ha construido el Gobierno español desde 2003 y que se ha instalado en los medios de comunicación y en la ciudadanía, según ella. “Salgamos del discurso de criminalización de la migración para construir otro en el que hablemos de personas y ciudadanía en movimiento”, pide Helena Maleno, activista del colectivo.

Sin embargo, todo parece indicar que la visión que gana terreno no es esta, sino la anterior; la que tilda a la migración de amenaza ante la que hay que defender a esta Europa que cada vez se parece más a una fortaleza y menos a un santuario de los derechos humanos. Esa que hace que el Gobierno, la mayoría de los medios de comunicación y muchos ciudadanos hablen de crisis, desbordamiento, avalanchas, ataques…
Todo ello justifica el control de fronteras, una actividad a la que la Unión Europea dedica muchos recursos y a la que España y grandes empresas españolas no son ajenas. Así lo demuestra el informe de porCausa: La industria del control migratorio ¿Quién gana en España con las políticas fronterizas de la Unión Europea? Un trabajo que por primera vez demuestra la existencia en España de toda una industria que se lucra a base de vender bienes y servicios con un solo objetivo: detener a las personas que intentan cruzar la frontera. No se trata solamente de una identificación de empresas, sino que también se constata cómo una ideología se ha transformado en una industria de la que algunos están sacando mucho beneficio.

Esta industria de control de fronteras puede ser definida como una actividad económica que incluye concertinas, paredes virtuales, torres de vigilancia y de francotirador, cámaras fijas, móviles, de visión nocturna, de infrarrojos, radares terrestres y vigilancia infrarroja, de telecomunicaciones inalámbricas, sondas de dióxido de carbono, tecnología de la información, sistemas de identificación y bases de datos de inmigración, así como un número creciente de propuestas para el uso de drones de vigilancia fronterizo.
Todo esto, unido a la militarización de las rutas migratorias, a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o el recorte de derechos migratorios, no busca evitar que lleguen migrantes a las costas españolas, ”sino que lleguen los que necesita el sistema productivo europeo, pero previamente quebrados, asustados, despojados de derechos, sabedores de la fragilidad de su estancia y de los riesgos de no asumir su papel en los nichos secundarios del capitalismo europeo”.

O dicho mucho mejor: “si la Europa de Schengen, con sus navíos de guerra, sus radares y sus cazas había permitido que aquellas hordas de hambrientos que llegaban en patera hollaran su suelo, es porque saca de ellos partidos: cuanto más numerosos son, más fácil es esclavizarlos”, como escribe Fatou Diome en Las que aguardan.
A lo largo de un año porCausa ha estudiado todos los contratos públicos referentes a la Industria de Control Migratorio firmados en España y ha descubierto que solo el 3 por ciento de ellos están destinados a la acogida e integración o a la externalización a terceros países. Este grupo se adjudica el 17 por ciento de todo el dinero destinado a esta industria. En esta cantidad también entran los vuelos de deportaciones. Así que, el 97 por ciento de estos contratos están dirigidos a la vigilancia, el control, la detención, la expulsión y el mantenimiento de los sistemas fronterizos.
Un total de 943 de estos contratos firmados entre 2002 y 2017 por un montante de 610 millones de euros se reparten entre 350 empresas. De ellas, 10 acaparan más de la mitad de los recursos otorgados: Indra, Amper, Eurocopter, Albie, Telecomunicación-Electrónica y Conmutación, Atos, Dragados, Ferrovial, Siemens, Telefónica y GMV.

No  hay duda de que la máxima beneficiaria fue INDRA, empresa encargada del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). Está participada por el SEPI (Sociedad Española de Participación Industrial); es decir, se trata de una sociedad pública. El informe identifica más de 60 contratos en los que ha participado en los últimos 15 años, o bien sola, o bien a través de una unión temporal de empresas. Esto les ha supuesto un total de 110 millones de euros de beneficio. Tras ella, las máximas beneficiarias han sido Dragados y Ferrovial.
En el sector de los vuelos organizados para deportar a las personas migrantes a sus países de origen Air Europa y Air Nostrum han sido las grandes beneficiadas.

Otro dato interesante del informe es el que señala que España destinó 896,3 millones de euros de recursos públicos a la Industria de Control Migratorio entre 2007 y 2017. Este dinero proviene en su mayoría de fondos europeos y subvenciones conseguidas por Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas). El Gobierno español solo ha invertido casi 260 millones de recursos propios. Es decir, el resto hasta llegar a los 896 millones viene de instituciones europeas. Lo que convierte a la Unión Europea en el principal financiador y el principal legitimador de estas políticas.

Con estos datos y más que se sacan de la lectura del documento, podemos afirmar que nos encontramos ante una ingeniería antipersonas, desarrollada por estas empresas. Que, además, han creado un discurso ideológico que justifica su negocio a base de inculcar miedo y odio contra las personas que busca solo una oportunidad para mejorar sus vidas en Europa.

Por: Chema Caballero

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